CASTELLÓ. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una Declaración Institucional para la sesión plenaria del mes de abril, donde exige al Gobierno de Sánchez que deje de utilizar el decreto ómnibus como fórmula para meter en un mismo paquete medidas de naturaleza muy distinta y, entre ellas, seguir prorrogando disposiciones excepcionales nacidas durante la pandemia que hoy están perjudicando gravemente al mercado de la vivienda.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha denunciado que “el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a recurrir al decreto ómnibus para meter todo en el mismo saco, mezclar medidas distintas y colar una vez más la prórroga de normas que debieron ser temporales y excepcionales”. En su opinión, “ese modo de actuar no solo degrada la calidad democrática, sino que además impide abordar con seriedad un problema tan grave como el de la vivienda”.
Desde el Partido Popular subrayan que el verdadero problema de fondo no está únicamente en la forma elegida por el Ejecutivo, sino en el contenido de una de esas medidas que el Gobierno de Sánchez pretende seguir arrastrando dentro de ese decreto ómnibus: la suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos para personas o familias vulnerables sin alternativa habitacional, aprobada en 2020 en plena crisis de la covid-19 y prorrogada ya en numerosas ocasiones.
Las medidas excepcionales de la pandemia
Para Toledo, “lo que pudo entenderse en un contexto de pandemia no puede convertirse en una situación indefinida que se mantiene a costa de los propietarios”. Y ha añadido: “El Gobierno habla de escudo social, pero la realidad es que está trasladando a los particulares una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. No se puede hacer política de vivienda cargando siempre la factura sobre quienes tienen una vivienda en alquiler”.
Los populares recuerdan que muchos de esos propietarios son familias de clase media que han ahorrado durante años y que encuentran en esa vivienda un complemento para su jubilación o una garantía de futuro. “Sanchéz se equivoca cuando demoniza al propietario por sistema. Tener una vivienda en alquiler no convierte a nadie en rico. En muchísimos casos hablamos de personas que han trabajado toda una vida y que ahora ven cómo el Gobierno les obliga a asumir el coste de su fracaso en vivienda”, ha señalado Toledo.
Desde el Grupo Municipal Popular reclaman al Gobierno de España que deje de prorrogar el Real Decreto-Ley 11/2020 por responder a una situación excepcional ya superada y que abandone una política de vivienda basada en parches, intervencionismo y propaganda. “Si de verdad quieren ayudar a las personas vulnerables, que lo hagan con más vivienda pública, más ayudas eficaces y más gestión, pero no a costa de erosionar el derecho de propiedad ni de expulsar vivienda del mercado”, ha concluido Toledo.
