CASTELLÓ. El gobierno local de Castelló —compuesto por el PP y Vox— encontró en el pleno ordinario de junio celebrado este jueves una de las situaciones políticas singulares de la legislatura. De esta manera, ambos partidos exhibieron sus diferencias en torno a la denominada "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas municipales. Los populares se desmarcaron de la principal bandera impulsada por su socio y defendieron que cualquier criterio de preferencia solamente puede sustentarse en el "arraigo", al considerar que ir más allá sería "ilegal". Asimismo, la distancia afloró alrededor de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, este 28 de junio. En este caso, el PP sacó adelante una moción propia con el respaldo de la oposición —el PSPV y Compromís— y el rechazo de Vox. Además, la sesión prorrogó por segunda vez el actual Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y aprobó por unanimidad una iniciativa conjunta —propuesta por los valencianistas— para crear una pasarela ciclopeatonal entre la ciudad y las urbanizaciones de montaña.

Con ello, la principal porfía política giró en torno a dos pares de mociones enfrentadas. Por una parte, Compromís planteó blindar las ayudas municipales frente a cualquier criterio "discriminatorio", mientras Vox reclamó aplicar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a las prestaciones locales. El debate tomó como fondo las ayudas al alquiler joven puestas en marcha por el Ayuntamiento. Así, el portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, acusó al partido de extrema derecha de haber retirado una propuesta similar del pasado pleno de mayo para evitar tensiones en el gobierno y defendió que las bases actuales sustentan uno de sus criterios prioritarios, la renta de las personas. Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, replicó que la prioridad nacional debe traducirse en valorar el "arraigo" y la vinculación con la ciudad, mientras el edil socialista Jorge Ribes calificó la propuesta de "racismo encubierto" y sostuvo que discrimina a jóvenes españoles llegados de otros territorios nacionales.

Sales defiende la visión propia del "arraigo" y el diálogo entre el bipartito

En este sentido, la respuesta del PP también marcó cierta distancia con su socio en el gobierno municipal. El concejal popular Vicent Sales cargó tanto contra Compromís como contra Vox y afirmó que la moción de la formación de extrema derecha "sobraba" porque desvía la atención de la actualidad política nacional, con la reciente condena al exministro José Luis Ábalos o la investigación en marcha sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como telón de fondo. Sales reconoció que España afronta un reto migratorio y defendió el diálogo en la elaboración de las ayudas al alquiler para zanjar la cuestión con la afirmación de que "la prioridad nacional no será otra cosa que el arraigo, porque ir más allá es ilegal". Seguidamente, Ortolá reivindicó que Vox defenderá esa preferencia y recordó acuerdos similares alcanzados con el PP en Extremadura o Castilla y León. Finalmente, ambas iniciativas decayeron al encontrarse con el rechazo del gobierno —la de Compromís— o del resto de los grupos —la de Vox.

La segunda discrepancia dentro del bipartito apareció durante el debate acerca de la celebración del Orgullo LGTBI. A tal efecto, Compromís defendió una moción para reforzar las políticas de diversidad y reprochó al ejecutivo municipal una "falta de avances" en la materia. Como alternativa, el PP presentó un texto propio que reivindica la igualdad, el respeto y la lucha contra cualquier discriminación, además de proponer campañas educativas, protocolos de atención a víctimas y formación específica para el personal municipal. Asimismo, la exposición de motivos reafirma el compromiso municipal con los derechos de las personas LGTBI y con la promoción de espacios seguros y respetuosos. La concejala de Bienestar Social, la popular Clara Adsuara, defendió que la diversidad debe entenderse como una "fortaleza" y aseguró que el consistorio trabaja en el segundo Plan Municipal LGTBI+.

De esta manera, la iniciativa del PP salió adelante mediante los votos del PSPV y Compromís, mientras Vox quedó solo en su contra. En defensa de esta postura, el concejal Alberto Vidal sostuvo que los derechos del colectivo ya están reconocidos y rechazó lo que definió como una "visión ideológica vinculada a la teoría queer". Desde el PSPV, el portavoz adjunto, José Luis López, puso el acento en el carácter reivindicativo del Orgullo y alertó de que los derechos conquistados no están garantizados para siempre. Por su parte, la edil Vera Bou anunció el apoyo de Compromís a la propuesta del PP pese a mantener sus críticas al gobierno. Finalmente, la alcaldesa, Begoña Carrasco, cerró el debate y defendió que el Ayuntamiento gobierna "para todos" y rechazó que los actos organizados este pasado fin de semana puedan interpretarse como partidistas.

La segunda prórroga del PMUS y la pasarela a las urbanizaciones de montaña

Más allá de la confrontación ideológica, el pleno aprobó con la abstención del PSPV y Compromís la segunda prórroga del PMUS 2016-2024 hasta junio de 2028. La oposición reprochó al ejecutivo haber agotado tres años de mandato sin disponer todavía del nuevo documento, mientras el concejal de Movilidad, el popular Gonzalo Romero, atribuyó los retrasos a incidencias en la contratación de la asistencia técnica y defendió que el nuevo plan se encuentra en fase de elaboración tras la formalización del acuerdo el pasado noviembre. Por otro lado, la modificación puntual para incorporar formalmente la Zona de Bajas Emisiones al actual PMUS obtuvo el respaldo unánime de los grupos.

Asimismo, el consenso se reprodujo en la moción conjunta para impulsar una pasarela destinada a peatones y ciclistas que conecte la ciudad con las urbanizaciones de Penyeta Roja, Racó de la Torreta y Tossal Gros. El consistorio, según explicó el concejal de Urbanismo, el popular Sergio Toledo, dispone del estudio técnico y del proyecto redactado, por lo que el siguiente paso estriba en buscar financiación para ejecutar una infraestructura pensada tanto para los residentes como para los trabajadores del Hospital La Magdalena o usuarios deportivos. La sesión también rechazó una propuesta del PSPV para suspender temporalmente las licencias de viviendas de menos de 45 metros cuadrados y adaptar el Plan General a la realidad emergente, en un debate que evidenció las diferencias entre las bancadas sobre el modelo residencial de la ciudad. Por último, antes del inicio del pleno, Carrasco trasladó la solidaridad de la ciudad con Venezuela tras el terremoto registrado durante la madrugada del jueves.

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