CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "ha vuelto a demostrar que su respeto por la ciudadanía es puro artificio al sacar a exposición pública, en pleno mes de agosto, la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible y el proyecto de Zona de Bajas Emisiones Centro", tal y como señala Jorge Ribes, concejal del Grupo Municipal Socialista.

La publicación hoy del texto en el Boletín Oficial de la Provincia "nos muestra dos cosas: que al PP le molesta que los vecinos y vecinas opinen y que la alcaldesa y su concejal campeón de las multas, Cristian Ramírez, han incumplido su promesa de estudiar la apertura del periodo de alegaciones en septiembre", lamenta Ribes.

El concejal socialista recuerda que en el pleno del pasado 31 de julio se dio luz verde de manera inicial a la ordenanza de movilidad. "El señor Ramírez se comprometió en comisión a estudiar la posibilidad de que el plazo de alegaciones fuese en septiembre y no agosto debido a que este es un periodo inhábil y fecha habitual de vacaciones estivales para muchas y muchos castellonenses".

Pese a ello, "no hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver que la participación ciudadana de la que saca pecho el Partido Popular es un fraude, porque lo único que les interesa es aprobar documentos por la puerta de atrás para que los colectivos no tengan tiempo de analizar el texto y presentar alegaciones", recalca el concejal socialista.

El Partido Popular, tal y como subraya Jorge Ribes, "hace de la mentira su discurso político, ya que todos sabemos que para el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, no hay problema en engañar a la ciudadanía porque mentir no es delito". La primera mentira fue "justificar que han tardado más de dos años en aprobar la ordenanza porque estaban empezándola de cero, cuando la realidad es que la que hemos aprobado ahora coincide en un 80% con la que redacó el gobierno de progreso anterior liderado por el PSPV".

La segunda mentira "es comprometerse a estudiar la apertura de la fase de exposición pública del documento en septiembre, pero decidir al final abrir el periodo de 30 días para alegar en pleno agosto, quizás porque les molesta lo que los castellonenses quieran aportar a la ordenanza". A ello se une que "no han convocado el Foro de Movilidad para debatir la nueva normativa con los colectivos, un ejemplo más del rodillo que caracteriza el gobierno municipal de la señora Carrasco", subraya Jorge Ribes.