CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista ha acusado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, de “pasar de nuevo el rodillo” para sacar adelante las ordenanzas fiscales de PP y Vox de 2026, “unas ordenanzas que vuelven a suponer un duro golpe para los bolsillos de las familias castellonenses y que confirman el impacto económico del Basurazo de Carrasco”. Patricia Puerta, portavoz socialista, señala que “los informes jurídicos han avalado la legalidad de todas nuestras alegaciones, pero ya hemos podido comprobar la nula disposición del gobierno municipal a llegar a acuerdos con la oposición, lo que supone, no un ataque al Partido Socialista, sino un desprecio absoluto a los vecinos y vecinas, que sufren la incapacidad absoluta de PP y Vox para gestionar la tasa de basuras y el resto de tasas e impuestos municipales”.

Para Puerta, “que la única justificación que nos dan es que, aceptar nuestras iniciativas supondría tener que cambiar las ordenanzas fiscales, volver a exponerlas al público y aprobarlas definitivamente en otro pleno, revela el absoluto caos en el que se encuentran, porque PP y Vox son los únicos culpables de gestionar tarde y mal el calendario”. Los informes jurídicos, como explica la portavoz socialista, “avalan la legalidad de nuestras propuestas, pero parece ser que tenemos una alcaldesa a la que le molesta que desde la oposición le enmendemos la plana y la dejemos en evidencia”.

El Grupo Municipal Socialista de Castelló presentó la semana pasada sus alegaciones a las Ordenanzas Fiscales de 2026, un documento que pretendía ampliar las bonificaciones económicas a las familias castellonenses y paliar de forma efectiva “el golpe que va a suponer el Basurazo de Carrasco durante el año que viene tras el varapalo sufrido ya este 2025”. Y entre las medidas del PSPV estaba vincular el pago de la tasa de basuras del PP y Vox al consumo de agua y al número de personas que reside en la vivienda, “ya que la alcaldesa no ha cumplido, ni cumple, el requisito de la Ley de que tiene que pagar más quien más contamina y tiene que bonificarse más quien más recicla”.

La implementación de la norma

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que es la transposición de una normativa europea impulsada en Bruselas por el Partido Popular Europeo, obliga a los municipios a implantar sistemas de pago por generación real de residuos (PxG). “Sin embargo, su implementación en la ciudad de Castelló no es progresiva y ha sido generalizada para la totalidad de los inmuebles, lo que ha provocado la mayor subida de una tasa en la ciudad de Castelló y una de las más altas de todo el Estado español”. La propuesta principal del Grupo Municipal Socialista para 2026 pretendía aplicar criterios diferenciadores a la hora de calcular la tarifa de la tasa de basura, que pasaría así a estar vinculada al consumo de agua de cada inmueble y al número de personas que habitan en esa vivienda.

En el apartado de exenciones y bonificaciones, el PSPV de Castelló proponía reforzar las reducciones a las personas arrendatarias de una vivienda, como incluir a las familias numerosas que viven de alquiler en la bonificación del 60% y, en el apartado de bonificación a los alquilados que depositen residuos en los ecoparques, incluir a familias monoparentales, monomarentales, en situación de vulnerabilidad o con grado de dependencia o discapacidad.

Rebaja del IBI y del ICIO

Las alegaciones socialistas también se centraban en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Respecto al IBI de naturaleza urbana, desde el PSPV se planteaba reducir el tipo aplicable “en un porcentaje equivalente al incremento de la recaudación motivada por el ‘Basurazo de Carrasco’, actuando sobre el tipo efectivo para viviendas y locales comerciales”. En relación al IBI de naturaleza rústica, la idea era reducir el tipo aplicable en un 2 %, pasando del 0,60 actual al 0, 58%.

Finalmente, para el ICIO, el Partido Socialista apostaba por una bajada del tipo de gravamen en un 13,33%: del 3,00% al 2,60%. Y ello a consecuencia de tener plenamente salvaguardada la legalidad del Plan General de Castelló, porque esta estabilidad respaldaba sin duda la bajada del ICIO y ayudar así al fomento y dinamización de la economía local.