CASTELLÓ. El Partido Socialista de Castelló ha recordado este martes a las familias y a los negocios de Castelló que no tienen domiciliados los pagos de la tasa de residuos que “tienen apenas dos semanas para acabar de pagar el basurazo de Carrasco”. La portavoz del PSPV, Patricia Puerta, recuerda que, si no lo hacen, “lo siguiente que recibirán por parte del gobierno de PP y Vox será el recibo impagado más un recargo inicial del 5 por ciento, que puede llegar hasta el 20%”.
Patricia Puerta denuncia en este sentido la “nula información a la ciudadanía por parte de la alcaldesa, a la que parece preocuparle poco el caos que han generado este año con su pésima gestión respecto a la tasa de basuras”. Desde el grupo Municipal Socialista “volvemos a aconsejar a las familias que paguen, por supuesto, pero también que presenten un recurso, al que pueden acceder a través de la página web -elbasurazodecarrasco.com- porque son muchos los expertos jurídicos que consideran que la tasa de basuras de Castelló incumple la Ley de Residuos”.
La realidad es que “son centenares de personas las que pensaban que ir a reciclar este año hasta en siete ocasiones a los ecoparques les iba a suponer pagar este 2025 un 50% menos de la tasa, pero estamos ante una desinformación continuada del gobierno de PP y Vox, que ha sido incapaz de bonificar este año absolutamente nada cuando otros ayuntamientos sí que lo han hecho”. La ausencia de transparencia “también la encontramos respecto al destino de los más de 7 millones de euros de más que ha ingresado el ayuntamiento por el Basurazo de Carrasco pues, por mucho que le hemos preguntado, la alcaldesa guarda silencio”, añade la portavoz socialista.
El coste del buzoneo
Junto a ello, Carrasco “sigue sin aclarar” cuánto ha costado a las arcas públicas el buzoneo que realizó en la ciudad “para manipular la realidad sobre el ‘basurazo de Carrasco’. Hace ya un mes que desde el PSPV se registró de manera oficial una batería de preguntas “para facilitar toda la documentación sobre el número de cartas remitidas, aportando también los medios que se han utilizado para tal fin. Además, se reclaman los datos sobre la empresa que llevó a cabo la campaña, así como su coste, incorporando, si es el caso, el contrato suscrito con cualquier empresa para llevar a cabo esta acción.
Junto a ello, el Partido Socialista exige cualquier otra documentación que obre en este procedimiento, como pueden ser informes jurídicos, providencia de inicio de expediente, retenciones de crédito o informe de fiscalización, a lo que hay que sumar la partida presupuestaria a la que se ha imputado este gasto. Finalmente, se reclama un informe sobre el ajuste de esta campaña a lo establecido en la Ley 29/2005 de 9 de diciembre de Publicidad y Comunicación Audiovisual. “A fecha de hoy, seguimos sin respuestas”, señala la portavoz socialista.
