CASTELLÓ. La Audiencia Provincial de Castelló ha firmado un auto en el que considera “sorprendente” que desde el Ayuntamiento de Castelló fuesen incapaces de notificar al concejal de Movilidad de Begoña Carrasco, Cristian Ramírez, 134 multas por aparcar presuntamente de forma irregular en zona azul. El auto judicial de la Audiencia, que admite así el recurso presentado por el grupo municipal socialista de Castelló, “discrepa” de forma clara de la decisión del juzgado de no investigar que prescribieran más de un centenar de denuncias que pudo recibir Ramírez y que no fueron pagadas por el presunto infractor. Y difiere de esa postura del juzgado “dado el elevado número de denuncias prescritas y la condición de la persona beneficiada con dicha prescripción”.
En relación con las denuncias archivadas por prescripción, se señalaba en su día que esta se produjo por ‘no haber podido notificar al infractor en el plazo legal’. Para los magistrados de la Audiencia Provincial, esto “resulta poco menos que sorprendente, a falta de mayores explicaciones”, dado que la persona titular del vehículo y arrendadora del mismo es una conocida entidad bancaria de la ciudad “y que el usuario arrendatario”, esto es, Cristian Ramírez, “es una persona perfectamente localizable”.
Nuevas diligencias de investigación
Por tal motivo, desde la Audiencia Provincial consideran imprescindible practicar nuevas diligencias de comprobación. En primer lugar, subraya que “procede determinar, por el responsable de la unidad administrativa de recaudación ejecutiva del ayuntamiento, exactamente el número de denuncias de la zona ORA” del vehículo conducido por Cristian Ramírez “en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 30 de enero de 2024”.
Asimismo, el auto establece que deberá concretarse, por parte del responsable del departamento de sanciones de la zona azul, cuántas de esas denuncias fueron remitidas a la oficina de recaudación por no haber sido abonadas en el periodo reglamentario. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, ha señalado que el contenido del auto “pone de manifiesto la necesidad de esclarecer unos hechos que no podían haberse archivado sin investigación previa” y ha subrayado que “cuando la Audiencia Provincial ordena practicar diligencias, y cuestiona las explicaciones dadas, no es una cuestión política, como quiere hacer ver la señora alcaldesa”.
