CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una declaración institucional para su debate en el pleno del próximo 18 de diciembre con la que reclama al Ayuntamiento que inste a la Conselleria de Educación a abonar “de forma inmediata” las nóminas pendientes al profesorado de la capital de la Plana, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre.

La iniciativa también solicita a la Dirección Territorial de Educación de Castelló una planificación adecuada que garantice que, una vez regularizada la situación, estos retrasos no vuelvan a producirse.

La portavoz del grupo socialista, Patricia Puerta, ha calificado los impagos de “intolerables” y ha advertido de su impacto en la economía de numerosas familias. Según ha explicado, se trata de una situación que se prolonga desde hace más de tres meses y que afecta a docentes que desempeñan su labor en centros educativos de la ciudad.

Según han apuntado desde el PSPV, la declaración institucional deberá ser abordada este lunes en la Junta de Portavoces, "órgano que decidirá si la propuesta se eleva finalmente al pleno del jueves o queda vetada por los grupos que integran el equipo de gobierno municipal, presidido por Begoña Carrasco".

En el texto registrado, el PSPV defiende que la educación pública debe ser una prioridad para las administraciones y subraya la necesidad de garantizar tanto su calidad como el reconocimiento de la labor del profesorado. En este sentido, el grupo socialista vincula los retrasos en el pago de las nóminas a una gestión deficiente por parte de la Conselleria de Educación.

El PSPV-PSOE denuncia, además, que los problemas de impagos y la falta de cobertura de vacantes se han repetido desde el inicio de la actual legislatura autonómica, afectando a distintos niveles educativos y generando movilizaciones del colectivo docente.

Para el grupo municipal, resulta especialmente grave que, a punto de cumplirse cuatro meses desde el inicio del curso, parte del profesorado no haya percibido retribución alguna, una situación que atribuyen a la gestión del departamento autonómico de Educación, en manos del Partido Popular desde 2023.