CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado la solicitud de comparecencia en el pleno ordinario de abril de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, para que "dé explicaciones públicas por su gestión al frente del Patronato Municipal de Turismo durante el año 2024 y ante la continuidad de un modelo de contratación que genera serias dudas también en 2025 y 2026".
La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que la comparecencia es "imprescindible ante la gravedad de los hechos conocidos y la acumulación de indicios que apuntan a una forma de gestionar los recursos públicos basada en el abuso del contrato menor". Puerta ha señalado que "estamos ante una situación muy preocupante enmarcada en un informe demoledor de la Intervención Municipal sobre el año 2024. A ello se une que, lejos de corregirlo, Miralles, con el visto bueno siempre de la alcaldesa, Begoña Carrasco, está manteniendo el mismo modelo de exceso de contratos menores durante 2025 y lleva el mismo camino en estos primeros meses de 2026", ha afirmado Puerta.
Según recoge el propio informe de control financiero, "más del 70% del gasto del Patronato de Turismo en 2024 se tramitó mediante contratos menores, muchos de ellos vinculados a servicios recurrentes, lo que podría suponer un fraccionamiento de contratos prohibido por la legislación vigente", dice el PSPV.
La portavoz socialista ha advertido de que "los indicios detectados no son hechos aislados, sino que responden a un modus operandi que se ha ido repitiendo en el tiempo". "En cada consejo rector del Patronato hemos denunciado cómo se perpetúa este sistema, sin planificación, sin concurrencia y sin garantías de transparencia", ha señalado.
Además, Puerta ha puesto el foco en las primeras actuaciones de 2026, donde "ya se han detectado dudas en torno a la contratación vinculada a la nueva marca turística de Castelló, con posibles fraccionamientos similares a los que están siendo investigados". "Desde el PSPV se presentó en febrero una denuncia ante la Fiscalía para que indague sobre estos hechos. Tras abrir una investigación inicial, ha dado a conocer esta semana que archiva el procedimiento, no porque descarte cualquier hecho ilícito", señala Puerta, sino porque "considera que el camino para investigar posibles irregularidades es acudir a la vía administrativa y presentar un recurso contencioso-administrativo ya que no es suficiente la mera ilegalidad para investigar desde la vía penal".
Responsabilidad política de la alcaldesa
Desde el Grupo Municipal Socialista han recordado que "la responsabilidad política en la mala gestión de los recursos públicos en el área turística no se limita a Arantxa Miralles, sino que alcanza directamente a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, como máxima responsable del gobierno municipal".
"La señora Carrasco siempre mira hacia otro lado cuando saltan los escándalos: lo hizo con el caso de las multas sin pagar en zona azul de su edil de Movilidad, al que fue incapaz de destituir pese a que hay una investigación abierta en los juzgados, y lo hace ahora cuando está en duda el modelo de gestión en Turismo, cuestionado por los propios técnicos municipales", concluye la portavoz socialista.
Compromís reclama "respuestas"
Compromís per Castelló, igual que el PSPV, ha reclamado la comparecencia Miralles en el próximo pleno por "la falta de respuestas que todavía persisten sobre las irregularidades detectadas en la contratación del Patronato de Turismo por parte del gobierno de Begoña Carrasco". El portavoz, Ignasi Garcia, ha señalado que "desde el pasado mes de enero hemos formulado diversas preguntas a partir del informe de la Intervención municipal sin obtener ninguna explicación por parte del gobierno municipal".
"Un informe que pone negro sobre blanco un uso generalizado de los contratos menores -más del 70% del gasto en 2024, con un importe superior a los 680.000 euros-, incluyendo servicios recurrentes que deberían haberse licitado, así como posibles fraccionamientos de contratos y carencias en la tramitación administrativa". "Además, el documento señala que en algunos casos no se justifica adecuadamente la adjudicación directa sin concurrencia, una práctica que puede afectar a los principios de eficiencia en el gasto público y limitar el acceso de otras empresas", insisten.
"Ante los indicios detectados, lo mínimo es dar explicaciones. Llevamos meses haciendo preguntas que el gobierno se niega a contestar, y eso es lo que no puede continuar", ha afirmado Garcia, quien ha añadido que "no estamos ante un debate técnico, sino ante una cuestión de responsabilidad política. Es necesario aclarar por qué se han producido estas irregularidades y descartar que se haya podido favorecer intencionadamente a unas empresas sobre otras".
Sin aclarar el fraccionamiento ni la concurrencia
En este sentido, la coalición reclama "respuestas claras a cuestiones que siguen sin aclararse: si se ha producido fraccionamiento de contratos, por qué no se garantizó la concurrencia en determinadas adjudicaciones, si se han repetido contrataciones con los mismos proveedores o por qué servicios recurrentes han seguido adjudicándose como contratos menores en lugar de licitarse".
Además, Compromís señala que la Fiscalía ha indicado esta semana que "la investigación de posibles irregularidades debe canalizarse por la vía administrativa, al considerar que no corresponde una investigación penal en esta fase". En este contexto, la formación insiste en que ello "refuerza la necesidad de que el gobierno municipal dé explicaciones y responda a las preguntas que se niega a contestar desde hace meses".
Garcia recuerda que la formación "ya propuso la creación de una comisión de investigación para aclarar estos hechos, una iniciativa rechazada por el Partido Popular y Vox", y advierte de que "la falta de explicaciones y la negativa a responder solo contribuyen a aumentar la opacidad en torno a este asunto".
Por todo ello, Compromís ha exigido a la concejala Arantxa Miralles y al gobierno de Carrasco que "dejen de mirar hacia otro lado, aborden todas las cuestiones que deben aclararse y den explicaciones públicas para esclarecer una situación grave que afecta directamente a la transparencia y a la confianza en la gestión pública".
