CASTELLÓ. En plena campaña electoral por las elecciones generales del 29 de noviembre, Jaime Miguel de los Santos González (Madrid, 1978) visita Castellón. El político y escritor, actualmente Vicesecretario de Educación e Igualdad en el Partido Popular dirigido por Alberto Núñez Feijóo, tranquiliza a la ciudadanía de cara a los comicios que se van a celebrar, marca las líneas rojas que impondrá su partido en caso de aliarse con Vox y ensalza el potencial de la provincia a la vez que reivindica inversiones "urgentes que hagan realidad todas sus fortalezas".
-Visita de nuevo Castellón, ahora en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. ¿Qué diagnóstico hace de la provincia y cuáles deberían ser las prioridades del próximo Gobierno central para reforzarla?
-La provincia de Castellón tiene un potencial innegable que el PP ha puesto en valor a través de su presidenta provincial, Marta Barrachina. Sin embargo, urgen las inversiones del Estado que hagan realidad todas sus fortalezas. El cambio llega el 29N con el compromiso de desbloquear inversiones y generar crecimiento. Desde los autónomos, con más ayudas y menos castigos, a la cerámica, que con 70.000 empleos directos e indirectos está asfixiada por la falta de apoyo del Gobierno de España.
También las infraestructuras, como la autovía interior que debe unir Vilanova d’Alcolea con Tarragona y está paralizada, o la N-232 en Morella, que está suspendida desde hace más de un año. Urge gestión para financiar la dependencia a 22.000 castellonenses y es necesario invertir en seguridad, reforzando plantillas, construyendo cuarteles de la Guardia Civil en Almassora, Nules, Benicàssim y Onda, y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Vila-real.
Feijóo es la solución a los jóvenes que buscan emanciparse y crear un hogar con el compromiso de construir un millón de viviendas. Y también lo es para proteger a las familias que con sus ahorros han comprado una vivienda que ahora está okupada por las mafias. Y no podemos olvidar el mundo rural que tanta importancia tiene en una provincia con 135 municipios, en su mayoría de interior. Más apoyo al sector primario, más oportunidades para emprender en los pueblos y más capacidad de crear futuro en una provincia que tiene inmensa capacidad para hacerlo.
-En sus últimas visitas a Castellón ha defendido la necesidad de ampliar las plazas públicas de FP y consolidar un modelo dual que favorezca la empleabilidad juvenil. ¿Qué medidas concretas plantea el PP para adaptar la oferta formativa a las necesidades de sectores estratégicos como la industria cerámica?
-Elaborar un Mapa Nacional de la Formación Profesional debe ser uno de los primeros instrumentos de planificación de la legislatura. Iniciaremos su diseño desde la constitución del Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales, las cámaras de comercio, los sectores productivos y los centros de FP. Nuestro propósito es disponer de un primer mapa operativo durante el primer año. Es un trabajo fino que requiere estudio pormenorizado por sectores productivos, por familias y por grados y que equilibre necesidades y demandas.
Este mapa permitirá identificar, por territorios y sectores, las necesidades presentes y futuras de cualificación, los puestos de difícil cobertura, la inserción laboral de cada titulación, la demanda de las empresas y la evolución derivada de la digitalización, la transición energética y la inteligencia artificial. La oferta deberá revisarse periódicamente para evitar mantener plazas donde no existen oportunidades y crear nuevas allí donde faltan profesionales. Queremos que la FP deje de reaccionar tarde y empiece a anticipar el empleo que España necesitará en el corto, medio y largo plazo.
-Ha anunciado que el PP derogaría la Lomloe y buscaría un pacto educativo con docentes, expertos y familias. Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, ¿cuáles serían las primeras reformas que impulsaría en educación?
-Es importante, primero, señalar que en el Partido Popular ya hemos venido trabajando con intensidad a lo largo de los últimos meses para poder empezar a construir ese gran pacto educativo de consenso a partir del 29N. Nos hemos reunido con todos los agentes del ecosistema educativo (expertos, familias, sindicatos, inspectores, patronales), hemos escuchado sus planteamientos y les hemos explicado nuestro proyecto. Ya hemos tendido esos puentes porque en el Partido Popular no caben las ocurrencias ni la improvisación. Somos un partido de Estado y de gestión, y estamos convencidos de que solo ese gran acuerdo que vamos a impulsar hará posible que la futura ley educativa pueda durar al menos veinte años y dé al sistema la estabilidad y confianza que se necesita para superar la catástrofe educativa provocada por la LOMLOE.
Y, mientras ese proceso avanza, como medida de choque ante el desplome en comprensión lectora impulsaremos un plan nacional de lectura (una hora semanal de lectura en todos los niveles de la educación obligatoria). También blindaremos el futuro de los centros de educación especial y lanzaremos una nueva FP directamente conectada con las empresas y el empleo.
-Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar las políticas feministas con fines electorales y ha criticado la gestión de las pulseras antimaltrato. Más allá de esas responsabilidades políticas, ¿qué medidas concretas impulsaría el PP para mejorar la protección de las víctimas y prevenir la violencia machista?
-Además de un absoluto rigor en el control y seguimiento de los servicios y sistemas públicos de protección de las mujeres, habilitaremos más medios para las unidades policiales especializadas, planes de seguridad que protejan también a los menores e integraremos en VioGén los servicios autonómicos y municipales, porque es esencial un abordaje integral de esta lacra. Actualmente las mujeres víctimas están más desprotegidas en el medio rural, por problemas de aislamiento y de conectividad, y hay que garantizar esa capilaridad territorial de la protección. Además, los dispositivos digitales de protección pasarán a depender de Interior y habrá juzgados más especializados. A la vez, se medirán la reincidencia, las víctimas con denuncia previa y los tiempos judiciales.
-En los últimos días, la Fiscalía Europea ha enviado a la Guardia Civil al Ministerio de Igualdad para reclamar documentación en una investigación por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato con fondos europeos. ¿Qué responsabilidades políticas cree que deben asumirse si se confirma el fraude y cómo garantizaría el PP que el dinero destinado a proteger a las víctimas se gestione con todas las garantías y que los fallos del sistema no vuelvan a ponerlas en peligro?
-La ministra Redondo ya fue reprobada por el Congreso de los Diputados cuando supimos —porque así se recogió en la Memoria de la Fiscalía General del Estado— que casi cinco mil mujeres habían estado en peligro por los fallos generalizados en las pulseras antimaltrato. Tenía que haber dimitido entonces, pero en el sanchismo se dimite no por dignidad, como venden ellos, sino solo cuando los trackings electorales internos no se parecen en nada a las estafas de Tezanos y les aprietan las costuras, que es lo que sucedió con Óscar Puente.
Esta señora, además, cuando estalló el escándalo conocía ya desde hacía meses que las pulseras no estaban funcionando, porque así se lo habían comunicado en repetidas ocasiones los trabajadores del sistema Cometa. Y no hizo nada. No le importó la seguridad de las mujeres; le importó taparlo todo. Así que, ¿qué decir ahora, cuando hemos conocido que en ese ministerio no solo han sido gravísimamente negligentes, sino que además pueden haber trincado de fondos europeos destinados a las pulseras? Si se demuestra, no sería ya que tuvieran que dimitir: es que quedarían definitivamente desautorizados para continuar en la vida pública.
Y, mire, la forma que tiene el PP de garantizar que esto no vuelva a suceder es, simplemente, ser decente y riguroso en la gestión. Le aseguro que solo quien incumple todo lo que exige la contratación pública y no hace ningún control ni seguimiento de servicios tan fundamentales como el de las pulseras puede dar lugar a estas situaciones catastróficas. E, insisto, si se demuestra que además han robado dinero para la compra de los dispositivos, la conclusión es clara: no se puede ser más repugnante.
-El PP aspira a encabezar el próximo Gobierno, pero el resultado electoral podría obligarle a negociar con otras fuerzas políticas. ¿Qué líneas rojas establecería Alberto Núñez Feijóo para alcanzar acuerdos de investidura y de gobierno? ¿Hasta dónde estaría dispuesto el partido a ceder ante Vox para garantizar la gobernabilidad?
En el Partido Popular las líneas rojas existen y, sobre todo, se cumplen. Por eso los españoles (y especialmente las españolas) pueden estar absolutamente tranquilos en lo que se refiere a tres líneas rojas que me competen directamente como responsable de igualdad del partido y en las que jamás daremos un paso atrás: la lucha contra la violencia machista, los derechos de las mujeres y los derechos LGTBI.
-Si el PP logra formar Gobierno después del 29 de noviembre, ¿qué tres decisiones considera prioritarias para los primeros cien días de mandato?
-Feijóo ya ha anunciado que, como prioridad absoluta de regeneración institucional, en su primer consejo de ministros reducirá a la mitad el número de altos cargos y asesores, blindará la independencia de órganos clave y encargará una auditoría de las cuentas públicas. Y también ha explicado cómo se actuará con carácter inmediato en materia de vivienda con una nueva ley del suelo, una ley antiokupación y una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. En lo que se refiere a Igualdad, será prioritario modificar la ley trans para proteger a los menores y para delimitar desde el sentido común lo que es y significa ser mujer.
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