CASTELLÓ. La Audiencia Provincial de Castellón ha ordenado reabrir la investigación judicial acerca de las supuestas multas de estacionamiento en la zona azul impagadas por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, tras estimar el recurso de apelación presentado por el PSPV contra el sobreseimiento provisional acordado en primera instancia en diciembre de 2024. Así, el nuevo auto supone un nuevo giro en el asunto al considerar necesario practicar nuevas diligencias para esclarecer qué ocurrió con más de un centenar de sanciones que prescribieron y si los hechos pueden tener relevancia penal por un posible delito de tráfico de influencias. En este sentido, el tribunal subraya como "llamativo" el elevado número de denuncias prescritas —al menos 134 entre enero de 2023 y enero de 2024—, unidas a la condición de Ramírez como responsable político del área de Movilidad.
Los socialistas han dado a conocer este viernes en una comparecencia de prensa la resolución judicial y han defendido que la reapertura de la causa traslada el asunto "del terreno político al judicial". La portavoz del PSPV en el consistorio, Patricia Puerta, y el edil Jorge Ribes han recordado que Ramírez acumuló un total de 167 multas por estacionar de forma irregular en la zona azul, de las que solo abonó 33 "en tiempo y forma". Después de la denuncia del PSPV en el pleno de enero de 2024, el edil "pagó otras 29 sanciones" —20 de ellas correspondientes a años anteriores—, por lo que restaron "más de un centenar que prescribieron sin ser notificadas". Con ello, la Audiencia considera "sorprendente" que se alegue la imposibilidad de notificar las multas cuando "el usuario era una persona perfectamente localizable" y ordena recabar información de los servicios municipales para "aclarar lo sucedido".
El PSPV pide la "dimisión" de Ramírez y Carrasco afirma no tener "constancia"
De esta manera, el PSPV sostiene que la decisión judicial abre "un nuevo escenario de responsabilidades políticas" y apunta también a la alcaldesa, Begoña Carrasco, por "haber mantenido" a Ramírez en el cargo pese a conocer los hechos. Por ello, los socialistas locales han exigido la "dimisión inmediata" del edil o, en su defecto, su "destitución". En la misma línea, Compromís se ha pronunciado este viernes a través de un comunicado de prensa. El portavoz de la coalición en Castelló, Ignasi Garcia, ha reclamado que Ramírez no continúe "ni un minuto más" como concejal de Movilidad y ha pedido explicaciones a Carrasco "antes de que sea una sentencia judicial la que las imponga". Ahora, la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el archivo del caso y ha ordenado la apertura de diligencias de investigación, sin fijar por ahora una fecha para la comparecencia del edil.
- Los miembros del PSPV de Castelló José Luis López, Rafa Simó, Patricia Puerta, Jorge Ribes y Mary Carmen Ribera, este viernes en la comparecencia de prensa.
Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco ha señalado, en respuesta al auto desvelado este viernes por el PSPV, que el Ayuntamiento desconoce la resolución judicial. "No tenemos constancia y el concejal no ha sido notificado", ha asegurado ante las preguntas de los medios de comunicación en una visita a la ermita de la Magdalena, donde el consistorio realiza obras de restauración para corregir las filtraciones en las pinturas y la bóveda con la mirada puesta en las próximas fiestas fundacionales.
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