CASTELLÓ. La FAMPA Castelló Penyagolosa expresa su máxima preocupación ante la confirmación de que la reforma de la Ley del Juego autonómica impulsada por el PP y Vox "ha permitido la renovación de licencias de salones de juego que, con la normativa anterior, habrían tenido que cerrar por su proximidad a los centros educativos".

El Consell ha renovado la autorización de 21 salones de juego gracias a la eliminación de la distancia legal con institutos y, en solo dos años, se han ampliado las licencias de 29 locales de apuestas, de los cuales tres de cada cuatro habrían quedado fuera de la legalidad con la ley aprobada durante el gobierno del Botànic. Esta información confirma, a juicio de la FAMPA, "que la reforma no es una cuestión técnica o puntual, sino una decisión política con consecuencias directas sobre el entorno educativo".

La federación recuerda que "la distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y centros escolares tenía como objetivo proteger a la infancia y la juventud de la exposición al juego y a las apuestas". "Ahora sabemos que la eliminación de esta medida no solo es teórica, sino que está permitiendo que decenas de locales continúen abiertos a pocos metros de institutos y colegios", señalan desde la FAMPA.

"La ludopatía es un problema social creciente, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y está estrechamente relacionada con la presencia y la normalización de las casas de apuestas en su entorno cotidiano. Permitir que estos establecimientos se mantengan en las rutas escolares o cerca de zonas frecuentadas por menores supone, según la federación, un grave riesgo para la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas", aseguran desde la asociación.

Intereses económicos frente a protección social

Para la FAMPA Castelló Penyagolosa, los datos publicados evidencian que la reforma de la Ley del Juego "responde a intereses económicos del sector del juego y no a criterios de protección social". "Es inadmisible que se priorice la renovación de licencias de salones de juego por encima del derecho de los menores a crecer en entornos seguros y libres de adicciones", remarcan.

La federación también critica la forma en que se ha adoptado esta decisión, mediante enmiendas incluidas en los presupuestos, sin ningún proceso de participación ni consulta con la comunidad educativa. "No se ha escuchado ni a las familias ni a los órganos de representación como la Mesa de Madres y Padres o el Consejo Escolar Valenciano, a pesar de tratarse de una cuestión que afecta directamente al ámbito educativo", añaden.

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa se reitera la necesidad urgente de recuperar un marco jurídico que sitúe en el centro la prevención y la protección de la infancia y la juventud frente a las adicciones al juego, y más aún si tenemos en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea avaló recientemente, mediante una sentencia emitida el pasado mes de octubre, la anterior Ley Valenciana del Juego, que aún se encontraba recurrida, fundamentando la restricción de la apertura de salas de juego en razones de salud pública.

Exige nuevamente que las casas de apuestas no estén situadas cerca de los centros educativos ni de las zonas de ocio juvenil y que se mantengan distancias claras y efectivas como medida de salud pública.

Exigencia de revertir la reforma

Por todo ello, "la federación solicita que se reviertan los cambios introducidos en la Ley del Juego y que no se consolide un modelo que permite que los salones de juego continúen abiertos gracias a una normativa que desprotege a nuestros niños, niñas y jóvenes. Solo así se podrá garantizar su bienestar presente y futuro".