CASTELLÓ (EP). Los abogados defensores en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' han solicitado en la primera sesión del juicio que se sigue en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón la prescripción de los delitos de los que se acusa a sus patrocinados -contra la integridad moral, calumnias e injurias continuadas con publicidad contra autoridades, funcionarios públicos y particulares-, respecto a lo que el juez ha señalado que se pronunciará en sentencia.
Así, hoy ha comenzado con casi dos horas de retraso -debido a problemas con la red de internet de Justicia- la vista oral contra las seis personas que están acusadas de difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló. Además, será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil.
El fiscal ha comenzado su intervención destacando que modificará las conclusiones provisionales, al considerar que los delitos contra la integridad moral se cometieron de forma continuada, ante lo que los abogados de la defensa ha mostrado su oposición. Tanto el ministerio público como el resto de partes han afeado que algunos de los acusados vayan a prestar declaración mediante videoconferencia, sin comparecer en la sala de vistas. Al respecto, algunos letrados de la defensa han subrayado que esto podría restar seguridad jurídica.
Así mismo, uno de los abogados ha solicitado que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps comparezca en la sala para declarar como testigo y no por videoconferencia, petición que ha sido rechazada por el juez. Por otra parte, otros dos testigos, entre los que está el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, han solicitado no comparecer en el juicio por enfermedad. A petición del fiscal, el juez ha acordado que ambos declaren por videoconferencia o que justifiquen que no pueden declarar para poder valorarlo.
Falta de legitimación
En la sesión de hoy, las defensas también han solicitado la falta de legitimación activa de la Fiscalía respecto de los delitos de injurias y calumnias de particulares, cuestión sobre la que el juez ha indicado que se pronunciará el próximo martes.
El juez finalmente ha decidido trasladar la declaración prevista para hoy de uno de los acusados -ya que el resto declarará al final del juicio- al próximo martes. Dicho acusado, que ha estado presente en la vista oral a través de videoconferencia, ha sido recriminado en dos ocasiones por el juez al desaparecer su imagen de la pantalla, en una ocasión -según ha dicho- porque pasaba por detrás de él un familiar y no quería que se le viera, y en otra ocasión porque estaba desayunando y no deseaba que le vieran masticando.
Al finalizar la sesión de hoy, uno de los acusados, que ha asegurado que tenía un canal de youtube, ha manifestado a los medios de comunicación su arrepentimiento y ha indicado que no sabía el alcance que iba a tener esto. Así mismo, ha pedido disculpas "ante la gravedad de los hechos", sobre todo a las víctimas.
Uno de los abogados de la defensa ha explicado también a los medios de comunicación que hoy ha intentado poner de manifiesto los defectos procesales que ha encontrado en la causa, "pues tiene muchos porque aquí hubo un intento por parte de la Fiscalía de agrupar todas las causas que existían en un solo juzgado y esto tiene consecuencias como que los delitos están prescritos, que algunos de los requisitos que se exigen para poder actuar contra las personas no se cumplen, y esta causa debería acabar aquí".
"Se trata de delitos que algunos de ellos son privados, y se piden penas de cárcel de 40 años, lo que no tiene ningún sentido, pues puedo entender que hay una afectación muy grande porque son personas relevantes, pero han sufrido estas situaciones a lo largo de la democracia un montón de personajes públicos y no se han pedido estas penas ni se han concedido", ha añadido.
En la vista está previsto que declaren más de 30 testigos, entre ellos varios dirigentes políticos que ocuparon cargos públicos en la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.
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