CASTELLÓ. Pedir la discapacidad o su revisión en Castellón es un proceso mucho más lento de lo que pudiera parecer. La lista de espera media en la provincia, tal y como han alertado desde CCOO y CSIF a Castellón Plaza y ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, está en torno a los 500 días, todo y que la Generalitat ha aumentado en un 27,5% el número de resoluciones en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

"El tema es que no hay inspectores", señalan fuentes del área de Sanidad de CCOO a este diario. "Castellón no es una provincia que tenga bagaje opositor, la gente viene de paso. Sabemos que desde la Dirección Territorial se hace todo lo posible y más para llenar las plazas y optimizar los recursos, pero no se cubren desde el Ministerio. También es cierto que alguna vez han venido inspectores externos a la provincia a echar una mano y sacar adelante expedientes, pero lo que realmente hace falta es que se ocupen las plazas, que la gente se quede y que la ciudadania de la provincia oposite", explican. 

Vicente Navarro, presidente de Sanidad de CSIF en Castellón, sigue la misma línea que su homólogo y reconoce que "el problema es que hay pocos valoradores y que ha aumentado el número de expedientes". No solo eso, pues el representante sindical va un poco más allá y argumenta que "las plazas no se cubren porque no pueden aguantar la comparación con la sanidad pública y privada. Un médico que hace guardias en un Centro de Salud gana el doble, más todavía si tiene una especialidad. Lo que hay que hacer es incentivar este tipo de puestos".

Todo y que el problema esta ahí, la lista de espera inicial se ha reducido en julio un 10% respecto a la existente en enero de 2025. Desde la Conselleria aseguran que el ritmo de resoluciones ya ha superado al número de solicitudes, por lo que parece que el número de expedientes acumulados será poco a poco inferior.  

Un colapso que viene desde 2023

La Generalitat achaca el colapso existente de expedientes a la "modificación normativa impulsada en 2023 antes de finalizar la legislatura anterior". La nueva ley "puso en marcha un nuevo procedimiento de evaluación mucho más complejo y exhaustivo", insisten como la principal causa del tapón. 

Desde el Consell destacan que "se han realizado cursos de formación a los valoradores y que se trabaja de forma conjunta con entidades y centros médicos para que se realicen las solicitudes con los tiempos adecuados y la documentación correcta, de forma que se eviten requerimientos adicionales de documentación y se agilicen así los procesos".

No solo eso, sino que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda informa que la administración, a la hora de dar salida a los expedientes, "prioriza, por un lado, las solicitudes iniciales ante las revisiones de forma que se atienda lo antes posible a aquellas personas que no cuentan con una valoración previa y, por otro, los casos especialmente complejos como solicitudes de niños, los procedentes de procesos oncológicos o enfermos de ELA, entre otros".