CASTELLÓ. Tras recibir en el Ayuntamiento de Castellón la carta de solicitud de infraestructuras para acoger a menores migrantes enviada por la Consellería de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, el portavoz de Vox en el consistorio, Antonio Ortolá, ha manifestado que “Vox en el gobierno no va a consentir que se destinen recursos municipales a la acogida de menores no acompañados". Si el Partido Popular en Castellón quiere acoger a estos menores, que no cuente con Vox para ningún efecto”, y ha añadido que “esta posición ya ha sido trasladada al socio de gobierno”. 

Ortolá ha señalado que “es una auténtica irresponsabilidad tratar de trasladar inmigrantes ilegales a la Comunidad Valenciana y, en particular, a la ciudad de Castellón. Para Vox, se trata de un insulto a todos los castellonenses que se pretenda gastar dinero público en la acogida de menores no acompañados mientras muchas familias de la ciudad atraviesan serias dificultades económicas”. Además, ha indicado que “la inmigración ilegal masiva trae delincuencia y un gasto insoportable que pagan los vecinos. No tiene sentido destinar semejante cantidad de dinero mientras hay gente en Castellón que no llega a fin de mes”.

"Un gasto superior a 106 millones de euros al año"

El portavoz ha denunciado que el pasado 27 de agosto el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto que fija la capacidad de alojamiento de menores por comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana, se establece capacidad para 1.767 menores trasladados desde Canarias. Actualmente, la comunidad acoge 481 menores, con un coste medio de 200 euros diarios por cada uno, según datos de la propia Consellería.  Esto implica que el Gobierno podrá trasladar hasta 1.286 menores adicionales, lo que supondría un gasto superior a 106 millones de euros al año. Para Vox, “se trata de un derroche económico inaceptable, máxime cuando Castellón tiene necesidades urgentes en servicios sociales, infraestructuras y apoyo a las familias locales.”

Además, Ortolá ha señalado que “este reparto no es más que un parche que no resuelve el problema de fondo. España necesita poner fin a este proceso de inmigración ilegal masiva que está desbordando nuestros recursos y comprometiendo la seguridad de los ciudadanos. Mientras Sánchez siga trasladando el problema de una comunidad a otra, seguirá aumentando el gasto, la delincuencia y la inseguridad, y los españoles seguirán pagando la factura. Y esta es una realidad que solo Vox denuncia”. 

Rotura con los gobiernos autonómicos

El portavoz ha recordado que “Vox ya rompió en junio de 2024 los gobiernos autonómicos precisamente porque el Partido Popular aceptó el reparto de menores no acompañados en distintas comunidades. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora: los menores deben estar con sus padres en sus casas, no costeados con el dinero de los castellonenses”.

VOX solicita que “los recursos que se pretenden destinar a la acogida de menores no acompañados se utilicen para paliar la grave situación económica de las familias valencianas”, y defiende que “la solución responsable pasa por el retorno de los menores con sus familias de origen o la puesta a disposición de las embajadas de sus países para que se hagan cargo de ellos.” Finalmente, Ortolá ha denunciado que “comunidades como el País Vasco y Cataluña queden exentas del reparto, lo que evidencia la injusticia y el sectarismo del Gobierno de Sánchez, que pretenden imponer cargas desproporcionadas a Castellón y a la Comunidad Valenciana”