CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló culmina uno de los contratos de mayor envergadura en su red hidráulica con la adjudicación definitiva de la gestión de la depuradora municipal. Así, como avanzó Castellón Plaza, la Junta de Gobierno Local ratificó este miércoles la concesión a la castellonense Facsa por un importe de 17,8 millones de euros y un periodo de cuatro años, ampliable a un quinto mediante una prórroga. El consistorio cierra un procedimiento que apuntó a la continuidad de la empresa, actual operadora, desde la valoración técnica por parte de la Mesa de Contratación.

Al detalle, el contrato abarca la explotación y el mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), junto a las estaciones de bombeo y los colectores generales del sistema de saneamiento. La adjudicación consolida el posicionamiento de la firma local, cuya oferta se consideró la más ventajosa al combinar las propuestas técnica y económica. La planta, ubicada en el Camí Fondo y en funcionamiento desde 1976, dispone de una capacidad de tratamiento cercana a los 45.000 metros cúbicos diarios, dimensionada para atender a una población aproximada de 200.000 habitantes.

Las ayudas para el desarrollo de proyectos de 38 asociaciones

Más allá de la depuradora, la Junta de Gobierno incorporó un paquete de medidas con impacto directo en la actividad vecinal, la inversión municipal y la red de atención social. En el bloque de participación, el consistorio repartirá 115.000 euros entre 38 asociaciones para el desarrollo de proyectos a lo largo de 2026, con actuaciones ligadas a la dinamización de barrios y a la cobertura de demandas de proximidad. En paralelo, el órgano activó una convocatoria de ayudas por 117.900 euros para iniciativas de reinserción y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos, con el foco en colectivos vulnerables y en la intervención comunitaria.

El área social concentró otra de las decisiones con mayor recorrido. El gobierno municipal prorrogó el "plan de choque" para reducir los tiempos de espera en la atención social durante un año más —del 16 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2027— y acordó un refuerzo de la plantilla con la continuidad de siete trabajadores sociales interinos y la incorporación de otros seis. La medida busca sostener la capacidad de respuesta en un servicio tensionado por la demanda, acortar listas y agilizar la tramitación de expedientes en los centros municipales.

Un préstamo de 13 millones para las inversiones de 2026

En el apartado económico, el ejecutivo dio luz verde a un préstamo a largo plazo de 13 millones de euros, a diez años y con un año de carencia, destinado a cubrir parcialmente las inversiones previstas en el presupuesto municipal de 2026. La operación se plantea como palanca para ejecutar actuaciones de mejora urbana, modernización de servicios e infraestructuras en distintos puntos de la ciudad, en un ejercicio que se apoya de nuevo en la financiación externa para acompasar calendario de obras y la disponibilidad de recursos.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, destacó que el conjunto de medidas "repercute de manera positiva en el desarrollo de la ciudad y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos", con referencias a intervenciones como el Censal Parc o la reforma del Mercado Central. Asimismo, subrayó que el equipo de gobierno "mantiene su apoyo a las asociaciones vecinales, respaldando sus iniciativas y reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la dinamización de los barrios y en la atención de las necesidades de la ciudadanía".

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