Un 83% de los economistas de Castellón advierten que la crisis de vivienda impacta en la competitividad empresarial

CASTELLÓN

Una encuesta del Consejo General de Economistas de la Comunitat alerta de problemas de movilidad laboral y achaca la situación a la falta de oferta y al aumento de los costes de construcción

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CASTELLÓ. El incremento de los costes del alquiler o de la compra de una vivienda está perjudicando también a la movilidad laboral entre territorios. Las propias empresas admiten dificultades para atraer personal de fuera ante el encarecimiento del precio de los arrendamientos. Así lo pone de relieve una encuesta del Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana, que evidencia esta realidad. En la provincia de Castellón, el 83% de los economistas consultados advierte de que la crisis de la vivienda tiene un impacto en la competitividad empresarial de la zona.

Según los datos del estudio, el 35% de los 54 economistas consultados en Castellón considera que la afección es muy alta, ya que "dificulta la atracción de talento y la movilidad laboral", mientras que un 47,9% sostiene que el impacto es moderado. Solo un 6,7% considera que no existe ninguna incidencia.

A nivel de la Comunitat Valenciana, el 87,6% de los economistas considera que las dificultades de acceso a la vivienda frenan el crecimiento económico y la competitividad de las empresas del territorio. Esta opinión se ha recabado mediante una encuesta exprés, elaborada a partir de 574 cuestionarios válidos recogidos entre el 2 y el 8 de noviembre. En ella, un 42,7% aprecia un impacto muy alto debido a las dificultades para atraer talento y facilitar la movilidad laboral.

Por provincias, Alicante presenta la visión más crítica de la región, donde el 47% de los encuestados califica el impacto de muy alto, cinco puntos por encima de la media autonómica. Esta percepción se vincula a la mayor presión sobre los precios y a los problemas de movilidad de la mano de obra. Castellón, aunque también expresa preocupación, registra un porcentaje más bajo en la categoría de máxima gravedad, concentrando sus respuestas en una afección moderada. Cabe tener en cuenta que la situación de Castellón es problemática, pero no alcanza los niveles de Alicante y Valencia.

Según el diagnóstico profesional, los principales responsables del encarecimiento y la escasez de viviendas en alquiler son el aumento de los costes de construcción y la burocracia urbanística, seguidos muy de cerca por la inseguridad jurídica para propietarios y arrendadores, la falta de vivienda pública y el auge del alquiler turístico.

Además, la mitad de los encuestados advierte de que la incertidumbre legislativa está paralizando de forma significativa proyectos inmobiliarios destinados al arrendamiento, mientras que el 48% anticipa un deterioro de la calidad y el mantenimiento de los pisos si se limitan los precios en las zonas tensionadas.

En este último caso, los encuestados cuestionan los dos decretos que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente del Congreso, de los que salió adelante uno. Este recoge una moratoria de los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030; una prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 y la posibilidad de desistir sin indemnización; así como límites a la compra de viviendas por parte de fondos y grandes tenedores hasta 2030. También contempla ajustes fiscales para incentivar a los pequeños propietarios y sacar al mercado viviendas vacías.

La encuesta también pregunta por la limitación de los precios del alquiler. En este caso, la mayoría de los economistas rechaza esta medida. En Castellón, un 42% la considera muy inadecuada y un 24% inadecuada. Solo un 13% la ve parcialmente conveniente, mientras que un 10,9% la considera muy adecuada. Según la encuesta, el mayor rechazo se concentra en Castellón, con opiniones desfavorables que alcanzan el 66,7%.

Asimismo, un 47,6% de los economistas de Castellón alerta de que la intervención en los precios provocará un "deterioro de la calidad y el mantenimiento del parque de viviendas en alquiler".

Respecto a la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, el 78% de los profesionales de Castellón afirma que la atención a las personas afectadas por esta medida debe ser asumida íntegramente por la Administración pública mediante soluciones de realojo. Solo un 1,3% considera que debe tratarse de una responsabilidad compartida entre propietarios e instituciones públicas.

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