CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló retoma la licitación para renovar la concesión de la Oficina de Recaudación Municipal. Lo hace tras levantar la suspensión del procedimiento administrativo una vez conocida la decisión del Tribunal Administrativo Central (Tacrc), que desestima el recurso especial interpuesto por FeSMC-UGT. El sindicato había solicitado la anulación del concurso público y retrotraer el pliego al momento de elaboración del mismo para introducir como cláusula la subrogación de la actual plantilla, compuesta por 37 personas. Sin embargo, el fallo resulta contrario y abre incluso la puerta a posibles despidos en el supuesto de que la empresa adjudicataria sea distinta a la que ostenta el servicio desde hace años.
En su resolución, el Tacrc rechaza la petición de UGT al advertir que en el convenio del sector no se recoge la obligatoriedad de subrogar a los trabajadores con la entrada de un nuevo gestor. Fuentes del sindicato aseguran a este diario que estudian con sus servicios jurídicos la posibilidad de abrir la vía Contencioso-administrativa ante el juzgado.
Dos ofertas presentadas antes de la paralización
Con el acuerdo del Tribunal Administrativo, la Mesa de Contratación reactiva la licitación, que se había quedado en la fase de baremación de las ofertas tras haber aceptado la documentación presentada por las dos concurrentes y que repiten respecto al pliego que el Ayuntamiento impelió en 2022. Se trata de la concesionaria de la prestación, Servicios de Colaboración Integral (SCI), y de la compañía Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI).
- El local de Gobernador lleva años prestando servicio. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
El nuevo contrato presenta importantes novedades respecto al anterior. Por un lado, tiene un presupuesto de más de 8,8 millones de euros (impuestos excluidos) si se cuentan las dos prórrogas de 12 meses cada una. Por otro, su duración va más allá de la presente legislatura. Solo el periodo obligatorio abarca hasta agosto de 2028, es decir, hasta el primer año del siguiente mandato político (2027-2031).
El pliego abre la puerta a un cambio de ubicación de la oficina
Además, el pliego plantea la opción de cambiar la ubicación de la Oficina de Recaudación, que lleva años abierta en la calle Gobernador. En la cláusula sexta de las bases sobre medios materiales y oficinas, se pide que el adjudicatario aporte un inmueble de al menos 400 metros y emplazado en el área de influencia del Ayuntamiento. Como requisito, se exige una distancia máxima de 700 metros. Esta condición está justificada ante la necesidad de evitar grandes desplazamientos al contribuyente entre el edificio adjunto al palacio municipal donde se ubica la gestión tributaria y el local donde se localice el servicio de pago de impuestos.
El establecimiento de la calle Gobernador resulta esencial tanto para los contribuciones municipales como para las multas y cualquier otro recurso o ingreso público. Además, facilita al tributario más alternativas relacionadas con los gravámenes. Por ejemplo, los trámites para solicitar la domiciliación de los principales arbitrios, tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basura.
