CASTELLÓ. El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha acusado al PSOE de “intentar engañar una vez más a los castellonenses” al responsabilizar al Gobierno municipal del incremento de la tasa de residuos, sin explicar que la Ley 7/2022, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha cambiado las reglas con las que los ayuntamientos deben financiar la gestión de los residuos.
Vidal ha explicado que el artículo 11.3 de esta normativa obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa “específica, diferenciada y no deficitaria”, de manera que el sistema de financiación del servicio ya no puede plantearse en los mismos términos que antes de la entrada en vigor de estas exigencias. “Se puede discutir cómo mejorar las reducciones, cómo fomentar más el reciclaje o cómo conseguir que el servicio sea más eficiente y barato, pero hay una realidad que el PSOE está ocultando: las reglas han cambiado y el Ayuntamiento ya no puede financiar de forma general una parte del coste del servicio con el presupuesto municipal como hacía anteriormente”, ha señalado.
El portavoz adjunto ha puesto cifras a esta diferencia para explicar el cambio de modelo. “Antes de la aplicación de este nuevo régimen, el coste de la recogida y tratamiento de residuos en Castellón rondaba los 22 millones de euros y los recibos recaudaban aproximadamente 10,9 millones. Es decir, había cerca de 11 millones de euros que se financiaban con los recursos generales del Ayuntamiento y que, por tanto, no recaían directamente sobre los recibos de vecinos y actividades económicas”, ha explicado. “Ahora la Ley 7/2022 obliga a que la tasa sea no deficitaria. Por eso no se puede coger el recibo de 2023, compararlo con el de 2026 y decir que el Ayuntamiento ha decidido unilateralmente subirlo sin explicar que entre ambos momentos ha cambiado la legislación estatal. No estamos comparando dos años sometidos a las mismas reglas”, ha afirmado Vidal.
En este sentido, Vidal ha advertido de que tampoco las bonificaciones municipales pueden utilizarse para volver de manera general al modelo anterior. “Las bonificaciones permiten reducir el recibo de determinados contribuyentes en función de comportamientos como el uso del ecoparque o la separación de residuos, pero no permiten que todos los ciudadanos vuelvan a pagar aproximadamente la mitad del coste mientras el Ayuntamiento asume el resto con cargo al presupuesto. Si eso ocurriera de manera generalizada, la tasa volvería a ser deficitaria y entraría en contradicción con la obligación que establece la propia ley”, ha explicado.
“Dicho de una manera muy sencilla: si todos los vecinos pudieran descontarse el 50% de la tasa mediante bonificaciones, volveríamos al problema que precisamente la Ley 7/2022 pretende evitar. La cuestión no es que no queramos reducir los recibos; es que la normativa estatal limita hasta dónde se pueden aplicar esas reducciones de manera general”, ha añadido.
Bonificaciones para reducir el impacto
Vidal ha defendido que, dentro del margen que permite la legislación, el Ayuntamiento de Castelló ha incorporado diferentes mecanismos para reducir el impacto de la tasa entre quienes cumplen determinados requisitos. En el caso de las viviendas, la ordenanza contempla reducciones de hasta el 50% por utilización del ecoparque, además de la bonificación del 3% por domiciliación y otros beneficios vinculados a determinadas situaciones familiares y sociales.
Según los datos municipales de 2026, cerca de 29.000 contribuyentes han obtenido alguna reducción por utilizar los ecoparques y alrededor de 25.000 han alcanzado la reducción máxima del 50%. “Estos datos demuestran que las bonificaciones están teniendo un efecto real y que existe margen para seguir mejorándolas. Desde Vox creemos que hay que estudiar todas las posibilidades que permita la ley para que quienes reciclan y separan correctamente sus residuos puedan tener un menor coste”, ha señalado Vidal.
Vox reclama modificar o derogar la Ley 7/2022
Vidal ha insistido en que el problema de fondo “no se resuelve únicamente modificando una ordenanza municipal”, sino cambiando la normativa estatal que condiciona la financiación del servicio. “Mientras la Ley 7/2022 obligue a que la tasa sea específica, diferenciada y no deficitaria, el margen de los ayuntamientos estará limitado. Lo que queremos es que Castellón tenga capacidad para decidir cuánto puede ayudar a sus vecinos y a sus comercios en función de su realidad y de sus posibilidades presupuestarias”, ha afirmado.
El portavoz adjunto ha recordado que Vox ha llevado esta cuestión al Ayuntamiento de Castelló hasta en cuatro ocasiones mediante declaraciones institucionales, reclamando la derogación de la Ley 7/2022 o, en su defecto, una moratoria que permitiera a los municipios adaptarse a sus exigencias. “¿Qué ha hecho el PSOE cada vez que Vox ha planteado una solución? Votar en contra”, ha señalado. “Mientras nosotros hemos reclamado modificar una normativa que limita la autonomía municipal, el PSOE pretende ahora responsabilizar exclusivamente a los ayuntamientos de sus consecuencias. Si de verdad quieren que los castellonenses paguen menos, que empiecen por reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique o derogue la Ley 7/2022”, ha añadido.
Vidal ha reclamado finalmente al PSOE que “deje de utilizar la tasa de residuos como arma política y explique a los castellonenses toda la realidad”. “Vox va a seguir defendiendo que quien recicle pueda pagar menos y que se mejoren todas las bonificaciones posibles, pero la solución definitiva pasa por recuperar autonomía municipal. Los ayuntamientos deben poder decidir qué parte del coste de un servicio pueden asumir con sus recursos y qué parte repercuten directamente a través de una tasa, algo que la actual Ley 7/2022 limita expresamente”, ha concluido.
