CASTELLÓ. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló y concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha denunciado que “la actual Ley de Vivienda constituye un grave problema para los castellonenses, ya que dificulta la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal y genera una situación de indefensión para quienes ven amenazado su derecho a la propiedad privada”.
Ortolá ha criticado las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, a las que responsabiliza de agravar un problema que afecta tanto a los propietarios como a la convivencia y la seguridad en los barrios. “Estamos ante una ley ideológica, impulsada por la izquierda y heredera de las políticas de Podemos, que protege al okupa y castiga al propietario. No se puede permitir que una persona que ha trabajado durante años para comprar una vivienda se encuentre desprotegida mientras quien ocupa ilegalmente una propiedad encuentra obstáculos y dificultades para que se haga justicia”, ha señalado.
El edil ha advertido que la ocupación ilegal es una preocupación para los vecinos de Castelló y ha reclamado que se afronte con medidas eficaces, sin que los propietarios tengan que soportar durante meses la incertidumbre de no poder disponer de sus viviendas. A su juicio, la legislación actual no ofrece las garantías necesarias para defender la propiedad privada y dificulta que las administraciones puedan responder con la rapidez que requieren estas situaciones.
“La ocupación es un problema en Castellón por culpa de las leyes nacionales del Gobierno de Sánchez. Y es un problema que debemos afrontar con seriedad, porque afecta a la seguridad, a la convivencia y a la tranquilidad de nuestros vecinos. No podemos normalizar que haya propietarios que vivan con miedo a perder el control de su vivienda ni que los barrios tengan que asumir las consecuencias de una legislación que no protege suficientemente a quienes cumplen la ley”, ha afirmado.
Ortolá también ha relacionado la crisis de la vivienda con la falta de oferta y las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para acceder a un hogar. En este contexto, ha criticado la gestión del Gobierno central en materia de vivienda e inmigración y ha defendido la necesidad de impulsar políticas que permitan aumentar la disponibilidad de viviendas, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y evitar que la ocupación ilegal se convierta en una alternativa de hecho ante la falta de soluciones habitacionales.
“Tenemos una crisis de vivienda que impide a muchos jóvenes independizarse y a muchas familias encontrar un hogar a un precio razonable. Frente a esta realidad, el Gobierno responde con más intervencionismo y con medidas que, lejos de resolver el problema, generan inseguridad. Hay que facilitar el acceso a la vivienda, impulsar una mayor oferta y garantizar que la propiedad privada se respete. Lo que no puede ser es que los ciudadanos que hacen las cosas bien sean quienes terminen pagando las consecuencias”, ha defendido.
El trabajo de la Policía Local
El portavoz de Vox ha reivindicado el trabajo que se desarrolla desde la concejalía de Seguridad y Emergencias a través de la Policía Local de Castelló, que interviene ante las situaciones que se producen en la ciudad con los medios y las competencias disponibles. Ortolá ha destacado la implicación de los agentes y el respaldo político a su labor durante estos tres años de gobierno municipal, y ha insistido en que la respuesta policial resulta fundamental, aunque necesita el apoyo de un marco legal que permita actuar con mayor contundencia.
“Nosotros trabajamos con todos los medios que tenemos a nuestro alcance a través de la Policía Local y hemos conseguido resultados gracias al esfuerzo de los agentes y al apoyo político a su trabajo. Pero también hay que decirlo claramente: si tuviéramos unas leyes nacionales contundentes, que no fueran permisivas con la ocupación ilegal y que protegieran de verdad a los propietarios, podríamos ser mucho más eficaces”, ha manifestado.
En este sentido, Ortolá ha defendido que la lucha contra la ocupación ilegal no puede depender exclusivamente de la actuación de los ayuntamientos y de sus policías locales. El concejal considera imprescindible que el Gobierno de España impulse una reforma legislativa que proporcione mayor seguridad jurídica, agilice la recuperación de las viviendas ocupadas ilegalmente cuando proceda y evite que los propietarios se vean atrapados en procedimientos prolongados.
“Los ayuntamientos estamos en primera línea, atendiendo los problemas que sufren nuestros vecinos, pero hay cuestiones que solo pueden solucionarse con decisiones valientes desde el Gobierno de España. No podemos exigir resultados a la Policía Local y mantener al mismo tiempo unas leyes que dificultan su trabajo. Hace falta respaldar a los agentes, proteger a los ciudadanos y garantizar que quien ocupa ilegalmente una vivienda no tenga más derechos que su legítimo propietario”, ha añadido.
Ortolá reclama un "cambio de rumbo" el próximo 29N
Por último, el portavoz municipal ha defendido que las próximas elecciones del 29 de noviembre representan una oportunidad para impulsar un cambio de rumbo en las políticas nacionales y trasladar al Gobierno de España medidas que permitan mejorar la seguridad ciudadana, combatir la ocupación ilegal y afrontar la crisis de la vivienda. Ortolá ha señalado que Vox apuesta por reforzar la protección de la propiedad privada, endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal y poner fin a una legislación perjudicial para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones. Asimismo, ha defendido que las políticas de vivienda deben centrarse en facilitar el acceso a un hogar y no en generar incertidumbre entre los propietarios.
“El próximo 29N nos jugamos mucho. Castellón y España necesitan un cambio de políticas que permita recuperar la seguridad, proteger la propiedad privada y ofrecer soluciones reales a la crisis de la vivienda. No podemos seguir con un modelo que deja desprotegidos a los propietarios y dificulta la actuación frente a la ocupación ilegal. Desde Vox queremos cambiar las cosas desde el Gobierno de España para que las leyes estén al servicio de los ciudadanos que cumplen la ley y no de quienes se aprovechan de sus debilidades”, ha concluido.
