CASTELLÓ. Dada la alta demanda de solicitudes para el registro genético el Ayuntamiento de Burriana ha ampliado en 500 análisis gratuitos más la puesta en marcha del ADN Canino. Las últimas 500 plazas gratuitas estarán disponibles hasta agotar existencias, otorgándose un plazo que se calcula hasta finales de noviembre para realizar la toma de muestras en el veterinario. Transcurrido este periodo adicional financiado por el consistorio, la realización de la prueba pasará a tener un coste obligatorio de 37,85 euros para los propietarios.
Durante el mes de septiembre, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ya activó una campaña de acompañamiento y recordatorio a través de mensaje directo o correo
electrónico hacia las personas propietarias que tienen un vale pendiente. El objetivo tanto de la ampliación de estas últimas plazas gratuitas como del seguimiento es facilitar al máximo el código e instrucciones para acudir a las clínicas adheridas y resolver posibles dudas o incidencias antes de que concluya la primera fase del programa.
Desde el inicio de la campaña municipal se han formalizado más de 2.749 solicitudes, de las cuales 2.571 se han transformado ya en registros efectivos tras la toma de muestras correspondiente. Estas cifras reflejan una elevada tasa de conversión de alrededor del 90 % entre las solicitudes tramitadas y los registros completados.
Con los 2.571 perfiles genéticos incorporados hasta la fecha, la iniciativa alcanza una cobertura del 67% sobre la población canina estimada de la ciudad y logra situarse al 95 % de su objetivo mínimo de éxito, establecido en 2.600 registros. Con los más de 2.000 perros ya censados sobre una población estimada de alrededor 4.000 ejemplares en el municipio, la evolución durante las últimas semanas confirma una tendencia positiva, habiéndose incrementado el número de registros por encima de las nuevas peticiones y elevando progresivamente la tasa de conversión.
Una vez finalizada la fase divulgativa y de gratuidad, la Policía Local de Burriana comenzará a inspeccionar y exigir la documentación pertinente en la vía pública. Carecer del censo genético, llevar animales sueltos o no recoger los excrementos conllevará sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros.
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