CASTELLÓ. El equipo de gobierno municipal de Burriana retomará este año la tramitación del Plan Especial de Minimización de Impactos Territoriales del Marjal de Burriana y áreas colindantes, que pretende regularizar más de 1.500 edificaciones construidas en suelo inundable antes de 2014. Lo hará tras la reciente sentencia judicial favorable al consistorio frente a la mercantil adjudicataria de la redacción de los documentos técnicos, que desde febrero de 2022 intentaba desligarse del contrato.
Según fuentes municipales, el fallo judicial permitirá volver a exigir a la empresa “que realice el trabajo para el que se le contrató” y, con ello, seguir “avanzando en la regularización de estas viviendas”.
El origen del conflicto se remonta a junio de 2022, cuando el Ayuntamiento —entonces bajo la alcaldía de la socialista Maria Josep Safont— requirió formalmente a la consultora que culminara los trabajos. Seis meses después, la empresa entregó la versión preliminar del Plan Especial y, ocho meses más tarde, el estudio ambiental y territorial estratégico junto al estudio de integración paisajística. Siempre según las mismas fuentes municipales, el 6 de junio de 2023, apenas 11 días antes de dejar la alcaldía, Safont inició la vía contencioso-administrativa para reclamar la entrega del resto de la documentación técnica, un procedimiento que ahora se ha resuelto de forma satisfactoria para el consistorio.
Un ámbito de más de 2,7 millones de m2
La versión preliminar del Plan Especial delimita un ámbito de 2.714.381 metros cuadrados en la franja costera de La Serratella, próxima al límite con el término municipal de Nules. En ese espacio se contabilizan 1.547 las edificaciones ilegales susceptibles de regularización: 924 son parcelas rústicas, 201 son casetas agrícolas, 80 son viviendas construidas antes de 1975 y 341 fueron edificadas entre 1975 y 2014. Solo una vivienda se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre.
El 72% de esas 1.547 propiedades afectadas tienen uso agrario y, aunque la mayoría de las viviendas dispone de suministro eléctrico y, en menor medida, de red telefónica, no existe una red generalizada de agua potable ni de saneamiento. El Ayuntamiento estima que en la zona residen alrededor de 2.800 vecinos.
La empresa redactora calculó en diciembre de 2022 que las obras de urbanización ascenderían a 6.536.951 euros, lo que supone un coste medio por vivienda de entre 16.000 y 27.600 euros, según su ubicación. Las actuaciones previstas incluyen la red de saneamiento y la impulsión de aguas residuales, la pavimentación de nuevos viales, la red de agua potable, la red eléctrica y el sistema de recogida de residuos. La complejidad de las obras es elevada, ya que en el ámbito afectado se localizan 675 edificaciones y 176 construcciones auxiliares, como porches o piscinas.
Una vez la consultora complete la documentación pendiente habrá que redactar la propuesta definitiva de Plan Especial y solicitar a la Generalitat la formulación de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. Queda por delante una tramitación larga y compleja en la que intervendrán numerosos organismos públicos que deberán emitir sus correspondientes informes.
Regularizar para tener servicios básicos
El anterior equipo de gobierno municipal activó este Plan Especial, según recordó en el pleno el entonces concejal de Urbanismo, el socialista Bruno Arnandis, porque “había mucha gente que deseaba regularizar su casa para tener servicios básicos de luz y alcantarillado y otros que construyeron después de 2014 tenían ya la orden de derribo”. Mientras el proceso avanza, el Plan Especial ha permitido paralizar multas coercitivas que se arrastraban desde 2019.
Paralelamente a este nuevo Plan Especial, el Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos años otras actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones en la zona. La más relevante se culminó el pasado mes de julio con la puesta en servicio los dos nuevos tornillos de Arquímedes, destinados a recuperar el drenaje natural hacia el mar entre el Camí Ballester y el Camí de la Coixa mediante canalizaciones. Las obras, ejecutadas por las empresas Pavasal por 829.788 euros y Comes por 484.011 euros, permiten ya elevar el agua 2,20 metros y evacuar 2.900 litros por segundo.
La situación de precariedad urbanística que afecta a la Marjal y al resto de La Serratella no es un caso aislado en Burriana, ya que en la zona de Alquerías de Santa Bárbara se da una problemática similar.
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