CASTELLÓ. Ante la llegada de posibles temporales y lluvias intensas tras la finalización del verano, el Ayuntamiento de Burriana ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, por extensión, al Gobierno de España, la puesta en marcha inmediata de las actuaciones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, con el objetivo de proteger a las personas y minimizar los daños en las zonas inundables de la ciudad. El consistorio de la capital de la Plana Baixa considera inaplazable que el Ejecutivo central acometa las inversiones previstas y recuerda que la seguridad de los vecinos y la protección de los bienes, el medio ambiente y la actividad económica en el término municipal dependen en gran medida de estas obras de competencia estatal.
Unas peticiones que el ejecutivo municipal realiza con los deberes hechos en materia de inversiones para mitigar las inundaciones, ya que durante esta legislatura ha ejecutado importantes inversiones en infraestructuras para evitar desbordes causados por lluvias intensas, entre las que destaca el Gran Colector, que finalizará en 2027 con una inversión superior a los 4,5 millones de euros para derivar las aguas pluviales al río Anna. Además, el sistema de los tornillos de Arquímedes de la Serratella, en el que se invirtió más de un millón de euros y que ya demostró su efectividad durante los temporales de 2025 evacuando 2.900 litros de agua por segundo, garantiza el drenaje directo al mar y la protección de la zona.
Inundaciones
El Ayuntamiento ha señalado el encauzamiento del barranco Juan de Mora (también conocido como Torrent o Serraleta), que afecta a los municipios de Burriana, Nules y Moncofa, como una de las actuaciones más urgentes que debe acometer la CHJ. Con un presupuesto estimado de 38,21 millones de euros, esta obra sigue sin iniciarse pese a estar incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación aprobado por Real Decreto 18/2016 del Gobierno de España y de nuevo recogida en el plan aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2023.
Se trata de una actuación que afecta a un área de 3.364 hectáreas y a más de 6.500 habitantes, donde los daños estimados superarían los 175 millones de euros. El objetivo del encauzamiento es aumentar la capacidad hidráulica del barranco, reducir las afecciones a la AP-7 y al ferrocarril y, sobre todo, evitar los desbordamientos en la marjal de Nules-Burriana y, especialmente en la zona de la Serratella. Asimismo, el consistorio recuerda que la costa sur de Burriana sigue siendo una zona de riesgo habitada, lo que exige actuaciones de protección específicas que la CHJ debe acometer.
La regresión del litoral
Por otro lado, el consistorio sigue insistiendo y volverá a retirar la solicitud de audiencia enviada en julio ante la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para abordar la paralización del espigón de la costa sur enfrente de la depuradora y la ordenación costera de Sant Gregori. Por ello, el ejecutivo municipal también exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica que aborde de manera directa y desbloquee los proyectos de regeneración costera pendientes en el municipio, tras no haber obtenido respuesta a la solicitud formal remitida el pasado mes de julio.
Entre las actuaciones prioritarias requeridas por el equipo de gobierno liderado por el primer edil, Jorge Monferrer, figura la ejecución del espigón de 200 metros frente a la depuradora para regenerar la costa sur y una infraestructura que acumula más de quince años de tramitación y cuenta ya con la Declaración de Impacto Ambiental favorable, pero que continúa paralizada y sin asignación presupuestaria por parte del Gobierno de España.
Monferrer ha recordado que la CHJ “tiene la competencia exclusiva en materia de encauzamientos y grandes infraestructuras”, señalando que el verdadero problema es “la ausencia de las obras e inversiones necesarias”. Por ello, Monferrer ha reclamado una actuación inmediata para “garantizar la seguridad de las personas que viven o trabajan en las zonas inundables de Burriana”, advirtiendo que “de nada sirve realizar inversiones de más de 5,5 millones de euros de nuestros propios recursos aguas abajo si en el interior, aguas arriba, no se ejecutan las actuaciones necesarias para proteger a nuestras zonas habitadas”. Para finalizar, Monferrer ha destacado que “nuestro litoral necesita ser protegido frente al avance del mar y el Gobierno de Pedro Sánchez ya no puede seguir mirando hacia otro lado cada vez que se trata de invertir recursos en Burriana”.
