CASTELLÓ. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su “malestar” ante la situación que atraviesa la prevención de riesgos y salud laboral en los centros penitenciarios de la provincia de Castellón. Según denuncian, la “falta de presupuesto derivada del bloqueo que, desde 2023, sufren los Presupuestos Generales del Estado, está poniendo en riesgo la seguridad y salud del personal que trabaja en estas instalaciones”.
“Al carecer de una dotación económica suficiente, los Comités de Seguridad y Salud dejan de ser órganos de solución para convertirse en simples escenarios donde se constata la impotencia colectiva”, han lamentado desde CSIF. En ese sentido, han criticado que “la celebración del Comité de Seguridad y Salud Laboral del pasado 10 de junio ha vuelto a evidenciar una realidad que se repite comité tras comité: los problemas se identifican, se documentan, se debaten... pero no se resuelven y el motivo es siempre el mismo: falta de dinero”.
“Reunirse para detectar problemas que luego no se pueden subsanar no es prevención: es una farsa burocrática que pone en riesgo real a los trabajadores”, han incidido desde la central sindical.
Aunque desde CSIF han destacado y reconocido la “labor que vienen realizando las direcciones de los Centros Penitenciarios de Castellón I y II con los mínimos recursos disponibles para adoptar las medidas paliativas que están a su alcance y paliar la ausencia de inversiones estructurales, la realidad es que ningún equipo puede resolver únicamente con buena voluntad lo que requiere presupuesto”.
En cuanto a las principales deficiencias abordadas en el último Comité, desde CSIF han explicado que “estamos hablando de problemáticas que afectan a las condiciones de trabajo del personal: problemas de infraestructuras no resueltos por su elevado coste, sistemas de seguridad esenciales paralizados por falta de dotación presupuestaria y otros elementos para la operatividad de los centros que acumulan averías sin solución efectiva”.
Por ello, desde CSIF han reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “que establezca un plan de inversiones específico y con plazos concretos para dar solución a las deficiencias estructurales acumuladas en los centros penitenciarios de la provincia de Castellón”, además de “velar para que los Comités de Seguridad y Salud Laboral recuperen su verdadera función: ser órganos de solución y no meros registros de problemas irresolubles por razones económicas”.
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