ALMASSORA. El Ayuntamiento de Almassora ha recibido la resolución del Defensor del Pueblo, firmada por su máximo responsable, Ángel Gabilondo, en respuesta a la petición de amparo que la alcaldesa, María Tormo, efectuó a esta institución semanas atrás en las que solicitaba la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3.3 del Decreto ley 6/2025 del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental. El Defensor del Pueblo considera que no es procedente su interposición.

En la resolución final se argumenta lo siguiente: "Oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, previa la oportuna deliberación y con pleno respeto a cualquier opinión discrepante, resuelve no interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado contra el artículo 3.3 del Decreto-ley 6/2025, de 7 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental".

A juicio del Defensor del Pueblo, "no puede considerarse que la modificación llevada a cabo por el artículo 3.3 del Decreto-ley 6/2025, de 7 de mayo, vulnere el artículo 45 de la Constitución por resultar regresiva en términos ambientales".

"Tampoco aprecia el Defensor del Pueblo que la exención a los emisores acústicos del cumplimiento, en la zona de transición entre dos usos dominantes, siempre que concurran las circunstancias específicas previstas en el precepto legal, de los umbrales de recepción sonora exterior fijados en la ley, resulte ‘carente de justificación objetiva’ ni suponga un ‘patente retroceso en la protección del medio ambiente alcanzada tras décadas de intervención tuitiva’, como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para apreciar una vulneración del artículo 45 por una norma con rango legal que minore las exigencias ambientales", recoge el documento. 

"Téngase en cuenta también que la zona de transición entre dos usos dominantes de los establecidos en la tabla 1 del anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica, que ha introducido el decreto-ley cuestionado, encuentra apoyo en la normativa estatal básica, según la cual la zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas, y deben de adoptarse las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad", según figura en la resolución remitida al Ayuntamiento de Almassora.

Asimismo, la institución "no advierte en el artículo 3.3 del Decreto-ley 6/2025, de 7 de mayo, afección alguna al mandato dirigido a los poderes públicos y contenido en el precepto constitucional citado, relativo a garantizar y tutelar la salud pública, por lo que no cabe estimar el motivo alegado a este respecto". 

De este modo, el Defensor del Pueblo rechaza la petición formulada por la alcaldesa, siguiendo las directrices marcadas en la moción que fue aprobada en el último pleno municipal, al considerar el consistorio que la nueva normativa puede vulnerar el derecho a la salud de los vecinos que residen en la playa de Almassora, en la zona de Om Blanc y adyacentes, y al medio ambiente. 

Consell Jurídic Consultiu

En paralelo, el Ayuntamiento ya ha remitido al Consell la moción aprobada en la que se reclama modificar el Decreto ley en cuestión, al tiempo que ha elevado al Consell Jurídic Consultiu una solicitud para que este órgano pueda aclarar las graves dudas que les suscita la aplicación de esta nueva normativa.

El Decreto-ley introduce la llamada zona de transición entre dos usos, lo que el pleno municipal considera que perjudicará a los vecinos afectados por la contaminación acústica procedente de la actividad industrial del polígono del Serrallo, ubicado en el término municipal de Castelló. Esta medida podría implicar que las empresas del mismo se pudieran acoger a la exención contemplada para no verse obligadas a reducir el ruido externo hasta conseguir los límites fijados para las zonas residenciales, pudiendo, por lo tanto, conseguir niveles de ruido que hasta ahora eran ilegales.

"Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos"

"Acatamos la resolución del Defensor del Pueblo, pero vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos ante cualquier administración y, por supuesto, vamos a seguir vigilantes para que la normativa se aplique de manera justa", ha señalado la alcaldesa, quien ha remarcado que continuará reclamando medidas compensatorias y efectivas para los vecinos que padecen las molestias del Serrallo.