CASTELLÓ. El Pleno de la Diputación de Castellón ha elevado al Gobierno central la reclamación de una financiación más justa para las entidades locales y lo ha hecho a través de una moción del Partido Popular que insta a "revisar y actualizar las reglas fiscales" así como a "actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales". La propuesta, que ha salido adelante con el voto favorable de PP y  Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV, tiene como objetivo "lograr una distribución más justa de los recursos estatales, en beneficio de los castellonenses", según el Partido Popular, mientras que los socialistas afean a la institución provincial que no aporte "ningún documento técnico que certifique la supuesta deuda que el Estado mantiene con la provincia”.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno, Héctor Folgado, ha subrayado el “sinsentido” que tiene que una casa como la Diputación de Castellón “saneada con deuda cero y con remanentes”, se vea perjudicada porque el Gobierno de España “quiera limitar nuestra libertad de invertir en los municipios en todo aquello que necesiten”. Asimismo, ha insistido en que el Gobierno central debe a la provincia de Castellon 221 millones de euros, de los que 105 millones corresponderían a la deuda con la Diputación y el resto, con los ayuntamientos. "El PSOE sabe que nos debe este dinero, pero no quieren oficializarlo porque tienen claro que Sánchez no lo va a pagar", ha apuntado.

Héctor Folgado ha reivindicado "la necesidad de mantener unos criterios que permitan el saneamiento de las cuentas locales, pero facilitando la expansión financiera de las haciendas locales, permitiéndoles atender con solvencia las competencias locales". El portavoz del Gobierno Provincial también ha recordado la "necesidad de una mejora del sistema de financiación local, de manera paralela a la financiación autonómica". “Queremos que la mejora de la financiación sea para todos”, ha incidido Héctor Folgado.

Ante estas reivindicaciones, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha denunciado que el ejecutivo provincial “es incapaz de aportar ningún documento técnico que certifique la supuesta deuda que el Estado mantiene con la provincia”, unas cifras que “ningún tesorero municipal sabe de dónde salen”.  Falomir ha criticado que la presidenta, Marta Barrachina, “necesite de globos sonda y bulos porque de poco o nada se habla de la gestión del PP en la Diputación, y al final solo les queda confrontar con el Gobierno de España, aunque sea a base de mentiras”.

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha señalado que se sigue sin saber lo que llegará a los ayuntamientos de las transferencias correspondientes del Estado, lo que está creando "incentidumbre", mientras que la diputada de Compromís Maria Fajardo se ha mostrado de acuerdo en que los ayuntamientos necesitan un sistema de financiación más justo y en que hay que revisar las reglas fiscales.

Medidas ante inundaciones

El Pleno también ha dado luz verde, con los votos a favor PP y Vox, en contra Compromís y la abstención del PSPV, una moción de los 'populares' en la que se exige al Gobierno central las actuaciones necesarias para proteger a las personas ante el riesgo de inundaciones en la provincia.

Al respecto, el portavoz de Compromís David Guardiola, ha asegurado antes de la votación que su grupo podría apoyar dicha propuesta si el PP corregía una parte de la misma "en la que en las consecuencias de la dana evitan la responsabilidad política, y eso es inaceptable", ha indicado.

En el mismo punto, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha considerado que la "falta de compromiso" del Gobierno central "raya el desprecio a los ciudadanos", y ha añadido que habría que empezar exigiendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar que "haga su trabajo", mientras que la socialista Merche Galí ha afirmado que esta moción solo "pretende blanquear la incompetencia de un gobierno incapaz como el de Mazón respecto a la dana".

El diputado del PP José María Andrés ha subrayado que lo que pasó en Valencia "evidencia el riesgo al que estamos expuestos con unas precipitaciones intensas, y en Castelló hay diversas zonas con riesgo de inundación que necesitan de infraestructuras para evitar los daños sobre las personas". "El Gobierno y CHJ tienen pendientes en la provincia inversiones urgentes y prioritarias", ha dicho. 

Por este motivo, a través de la moción aprobada, la Diputación de Castellón exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que realicen inmediatamente las actuaciones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por el Gobierno de España, e inicie los estudios y programación del resto de inversiones necesarias para proteger a las personas y minimizar daños.

Asimismo, también se solicitará que la CHJ instale inmediatamente un sistema de alertas tempranas y un sistema de ayuda a la decisión adecuados en la provincia de Castellón, además de que proceda al mantenimiento y limpieza adecuado de todos cauces de ríos y barrancos en la provincia de Castellón.

Plan Económico Financiero

Otro de los asuntos que han salido adelante en la sesión ha sido el Plan Económico Financiero 2025-2026 de la institución provincial, un documento de planificación y control presupuestario que tiene como objetivo garantizar la estabilidad presupuestaria y financiera. La vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés ha incidido en que la aprobación del Plan Económico Financiero “es una obligación que nos ha marcado el Gobierno de España”.

El plan ha contado con la aprobación de PP y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra del grupo socialista. En este sentido, la diputada socialista Merche Galí ha recriminado al ejecutivo que preside Marta Barrachina que las medidas de este plan "son para ahorrar inversiones que se debían hacer en agua y emergencias", ante lo que Pallarés ha respodido que debido a la necesidad de elaborar este Plan Económico Financiero “se ha aplazado aquello que puede ser plurianual, pero no se recorta nada”.