CASTELLÓ. El presidente del Gobierno de España se ha ido de vacaciones no sin antes imponer la 87 prórroga a la iniciativa que el PP aprobó en el Senado el 12 de marzo de 2024 para proteger los poblados marítimos. "Esta estrategia de bloqueo, que desde que entró esta proposición de ley en el Congreso impone el PSOE, cumplirá el 2 de septiembre de 2026 y el sanchismo impondrá una nueva".
Así lo explica el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella. "Es el modus operandi de un PSOE que ha abandonado su deber de gobierno para resistir y bloquear". El castigo "injusto y antidemocrático, priva al Congreso del debate de una iniciativa aprobada en el Senado y que permitiría dar cobertura legal a los poblados singulares de nuestra costa". Sin embargo, la artimaña socialista impone continuas prórrogas para presentar alegaciones que impiden con ello que el punto entre en el orden del pleno y, por tanto, se debata en la Cámara Baja.
Aguilella recuerda que la defensa de estos poblados no es nueva. En mayo de 2021, el Gobierno de España remitió a los vecinos de cerca de un centenar de viviendas de Torre de la Sal, en Cabanes, el inicio de un expediente para confiscar sus propiedades. "Iniciamos una lucha que hoy, más de media década después, continúa". "Y seguiremos", advierte Aguilella, "porque cada día está más cerca un cambio de gobierno que llevará las políticas útiles y sensatas que lidera Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa".
Otras acciones
A esta proposición de ley aprobada en el Senado se sumó, el 10 de abril de 2025, la acción del Grupo Parlamentario Popular, que presentó otra iniciativa a las Cortes Generales que también está bloqueada en la Mesa del Congreso.
En el caso de Les Corts, el Consell aprobó el 15 de mayo de 2025 la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, un acuerdo histórico que PSOE y Compromís votaron en contra. No solo eso. Además, en el caso de los socialistas, recurrieron el texto legislativo al Tribunal Constitucional dejando en suspenso parte de la norma.
Cabanes, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara "tendrán protección". "Porque es de justicia, porque no tiene sentido derribar viviendas históricas, y porque lo que necesita España es que se gestione el litoral con sentido común y no con fines ideológicos. Y cuando las urnas se abran, España decidirá", ha concluido Aguilella.
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