CASTELLÓ. El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha advertido de que "el PP no tiene derecho a renunciar a los 3.700 millones de euros adicionales que propone el Gobierno de España con el nuevo sistema de financiación porque son de los valencianos y las valencianas". Falomir ha remarcado que "no tienen derecho a bloquear un aumento de recursos histórico que corrige la infrafinanciación histórica que sufre nuestro territorio". En este sentido, ha señalado que, si Pérez Llorca y Marta Barrachina optan por el boicot y tumban el nuevo sistema de financiación, "quedarán automáticamente incapacitados y deslegitimados políticamente para volver a reclamar más recursos a Madrid en el futuro".

Falomir ha criticado "sin pelos en la lengua" el "cambio de estrategia de la derecha post-Mazón", que, según ha dicho, les ha llevado a "abandonar la lucha y seguir los dictados de Feijóo" hasta el punto de rechazar "un avance histórico tras una década de movilizaciones conjuntas y de unidad de la sociedad valenciana".

"Es incomprensible y muy triste que quien gobierna ahora la Generalitat, cuando estamos a punto de conseguir el mejor sistema de financiación de la democracia, se baje del carro de la reivindicación de la financiación justa y renuncie en nombre de los valencianos a miles de millones de euros extra cada año para nuestra tierra solo por puro sectarismo político", ha lamentado el dirigente socialista. "Serán, junto con Vox, los responsables de que la Comunitat Valenciana continúe asfixiada financieramente", ha añadido.

El líder socialista ha instado a la cúpula del PP a decir claramente "si no quieren este modelo" y a salir a explicar cuál es su alternativa y qué sistema proponen. "A estas alturas no la han contado, solo generan ruido", ha criticado. "No hay ninguna voz autorizada ni ningún experto que afirme que el nuevo modelo sea malo para los intereses de los valencianos". Por último, Falomir ha reafirmado el compromiso del PSPV-PSOE de dotar a la Comunitat Valenciana de un nuevo modelo de financiación que impulse los servicios públicos y garantice más recursos para educación, sanidad y dependencia.