CASTELLÓ. El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha solicitado que se fiscalicen “con lupa” todas las adjudicaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en las comarcas castellonenses “porque el Partido Popular no haga de inmobiliaria y no extienda la presunta trama de reparto de pisos públicos entre sus afiliados y cargos, tal como se está investigando que ha pasado en Alicante”.
La secretaria de Organización provincial, Maria Jiménez, ha asegurado que los socialistas vigilarán posibles irregularidades y ha exigido que se derogue con carácter de urgencia la reforma normativa de Mazón “que modificó las condiciones de acceso y adjudicación expresamente para eliminar controles y facilitar un sistema de reparto absolutamente irregular”.
La dirigente socialista ha calificado de “escándalo mayúsculo” el modus operandi detectado, en el que se han adjudicado pisos protegidos “sin haberlos solicitado previamente” y, aún más grave, que haya adjudicaciones a personas con ingresos de 3.000 euros al mes, como es el caso de funcionarios y de la concejala del PP de Alicante. “Es una vergüenza que, para una promoción que hacen, se la repartan entre ellos”.
“Este parque de vivienda pública está pensado y pagado con el dinero de todos para favorecer el acceso de la clase media y trabajadora y de los jóvenes que no pueden emanciparse, no para colocar a dedo cargos del PP que tienen recursos de sobra. Y no queremos que su poca vergüenza se extrapole a Castelló”, ha denunciado.
Indecencia y exigencia de responsabilidades
“Con miles de familias esperando una vivienda pública en toda la Comunidad Valenciana y la realidad dramática del mercado de la vivienda, es de una indecencia gigante que el PP ni cumpla la ley para frenar los precios y que, al mismo tiempo, se repartan presuntamente los pisos construidos con dinero público como si fuera su cortijo particular”, ha lamentado Jiménez.
La secretaria de Organización ha reclamado que el presidente, Pérez Llorca, y la vicepresidenta, Susana Camarero, “den la cara” de manera inmediata y comparezcan ante las Corts Valencianes para dar explicaciones, “porque estamos hablando del uso de dinero público para beneficiar, presuntamente, a cargos de su partido”.
