El TC declara inconstitucionales los artículos de la Ley valenciana de Costas que protegían los poblados marítimos de Castellón

COMARCAS

La normativa pretendía facilitar la conservación de los núcleos históricos de Moncofa, Oropesa, Nules, Cabanes o Xilxes

  • Poblado de Torrelasal en Cabanes.
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CASTELLÓ. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana. En resumen, la sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera, lo que viene a decir es que la Generalitat puede proteger núcleos históricos por su valor etnológico, pero cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas. 

La norma de la Generalitat pretendía, entre otros objetivos, facilitar la conservación de las históricas viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, Morro de Gos en Oropesa y los poblados marítimos de Moncofa y Nules, entre otros. Así, su contenido también pone en riesgo las protecciones de la ley autonómica sobre los poblados marítimos históricos de la Comunitat Valenciana, de los que Castellón alberga en cinco poblaciones: Xilxes, Oropesa, Cabanes, Moncofa o Nules

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución. 
El Tribunal recuerda, en este punto, que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el control abstracto de las normas y no el examen de las intenciones que se atribuyan al legislador.

La sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre. Tras reconocer que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, advierte de que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos. 

  • Vivienda en la playa de Moncofa. 

En concreto, el artículo 17 regula los llamados «núcleos urbanos de especial valor etnológico»: conjuntos de viviendas, comercios o edificaciones vinculadas a actividades tradicionales que tienen un valor cultural, histórico o etnológico y que se pretende conservar. El problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación.

Según informa el alto tribunal en un comunicado, la ley valenciana los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos. Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.

Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.

El alcalde de Moncofa lamenta "el grave revés"

El alcalde de Moncofa y ponente de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, Wences Alós Valls, ha calificado de "grave revés" la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales varios de los preceptos fundamentales de la normativa autonómica. La resolución responde al recurso presentado por el Gobierno central

Alós Valls considera que la decisión judicial pone de manifiesto la "clara voluntad de derribo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al haber sido el propio Gobierno quien recurrió los mecanismos legales impulsados desde la Generalitat para proteger los poblados marítimos. En este sentido, ha censurado que la anulación de determinados artículos de la normativa valenciana suponga la desaparición de una de las principales vías de protección de las que disponían estas viviendas frente a las órdenes de demolición. 

Asimismo, el ponente ha criticado duramente las formas del Ejecutivo central al gestionar la resolución judicial: "Lamentamos que nos tengamos que enterar de la sentencia a través de los medios de comunicación, sin haberla hecho llegar todavía ni a la Generalitat ni a las poblaciones afectadas; pero sí han tenido la preocupación de trasladarlo a la prensa, lo que por desgracia es la forma recurrente de actuar del actual Gobierno". 

La Generalitat analizará el fallo

Tras conocer la admisión del recurso, desde la Generalitat se ha trasladado que se va a analizar la sentencia y que se mantiene "inquebrantable la voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa".

"Se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Se lamenta que se haya remitido la comunicación a medios antes que la propia Generalitat Valenciana. En cualquier caso hay que destacar que, en un primer análisis, se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma".

"Este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente. La sentencia no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal y mantiene vivo el debate sobre la reforma de la Ley de Costas que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura. Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando", han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

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