CASTELLÓ. El apoyo al sector pesquero, la investigación de las supuestas irregularidades de la empresa Forestalia en los proyectos energéticos que afectan a la comarca de Els Ports o la petición al Gobierno central de medidas para paliar el deterioro del poder adquisitivo de las familias y la subida de precios de combustibles y energía han centrado buena parte del debate en el pleno ordinario celebrado este martes en la Diputación de Castellón. En la sesión —que ha estado precedida por un minuto de silencio a las puertas del Palacio Provincial para condenar el caso de violencia vicaria de Torrevieja— todos los grupos políticos se han unido en defensa del sector pesquero de la provincia a través de la aprobación de una declaración institucional, que se suma a otras medidas impulsadas por la institución provincial como la línea de ayudas a las cofradías de pescadores de la provincia, que han sido ya publicadas. 

El documento aprobado en el pleno recoge la compleja situación por la que atraviesa la flota pesquera castellonense ante "el incremento de los costes operativos, la incertidumbre económica y los retos derivados de la sostenibilidad de los recursos marinos" y constata que, en este contexto, "las ayudas públicas compensatorias son fundamentales para mantener la viabilidad económica del sector". La Diputación ha acordado de forma unánime instar a diferentes administraciones a adoptar medidas de apoyo al sector. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración institucional se le solicita publicar con carácter urgente la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2025 destinadas a compensar las embarcaciones afectadas por las paradas biológicas, además de continuar garantizando la dotación presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades reales del sector de la pesca y evitar retrasos en la resolución y pagos de las ayudas. Asimismo, la Diputación también solicita a la administración autonómica estudiar el establecimiento de mecanismos de anticipo o pagos avanzados de las ayudas para reforzar la liquidez del sector durante los periodos de paralización de la actividad.

Por otro lado, la institución provincial también reclama al Gobierno de España establecer de manera inmediata mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por barco y no por empresa, así como evaluar una suspensión o reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aligerar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.

La declaración institucional también incluye la defensa en el marco de la Unión Europea de una aplicación equilibrada del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, y que los productores pesqueros importados cumplan estrictamente la normativa europea, especialmente en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad ambiental y derechos laborales, reforzando así la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

También en materia económica, el pleno de la Diputación ha aprobado una moción del PP para exigir al Gobierno de España que "aplique las medidas necesarias con el fin de paliar el deterioro del poder adquisitivo de la ciudadanía y la subida de precios energéticos". La moción, aprobada con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Vox y el voto en contra del PSPV y Compromís, incluye diferentes medidas con el fin de proteger a la ciudadanía y a los sectores productivos de la provincia de Castellón y lograr mitigar el impacto del incremento de los carburantes y la energía. 

Por otro lado, con el apoyo de PP, PSPV y Compromís y la abstención de Vox, ha salido adelante una moción —presentada por Compromís y enmendada por el Partido Popular— en relación a la investigación de supuestas irregularidades en la empresa Forestalia, por presunta corrupción medioambiental, y en los proyectos de renovables que desarrolla en la provincia, en concreto en la comarca de Els Ports. El pleno ha acordado instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a colaborar con la autoridad judicial mediante la aportación de toda la documentación e información necesaria para facilitar la adopción, en su caso, de medidas cautelares, así como reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Consell la revisión de los expedientes administrativos vinculados a los proyectos investigados con el objetivo de garantizar su legalidad, transparencia y adecuación a los criterios ambientales. Asimismo, se ha aprobado trasladar estos acuerdos al Ejecutivo central, al citado ministerio, a la Generalitat Valenciana, a Les Corts Valencianes y a los ayuntamientos afectados de la provincia de Castellón.

En otro orden de cosas, el pleno también ha aprobado de manera inicial la modificación del reglamento por el que se regula la prestación del servicio de gestión técnica en materia de alumbrado público a las entidades locales de la provincia de Castellón. Una modificación aprobada por unanimidad y que, como ha explicado el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, va a permitir que la prestación de este servicio de gestión llegue a los municipios de menos de mil habitantes, “algo que ha sido posible debido a que ya se ha ejecutado el 100% de los municipios de menos de 500 habitantes que estaban adheridos al reglamento de alumbrado público”. En total, en dos años la institución provincial ha invertido 1,2 millones de euros en 22 municipios que supone un 30% de ahorro para estos municipios. “Es una clara apuesta de esta Diputación dirigida por Marta Barrachina por la sostenibilidad real para nuestra provincia, especialmente en los municipios más pequeños. Menos gastos, menos emisiones y más recursos para la ciudadanía”, ha incidido el diputado provincial.

En materia de Bienestar Social, el pleno ha aprobado por unanimidad la concreción de las bases por las que se rige la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia con población inferior a 1.500 habitantes para el servicio de la unidad de conciliación familiar. Un servicio dotado con 1.042.700 euros para financiar programas y actividades para niños y niñas de 0 a 3 años. “Una acción que responde al compromiso de nuestro equipo de gobierno por mejorar el día a día de las familias, haciendo más fácil compatibilizar trabajo y vida familiar, y ayudando a mantener viva la población en los pueblos más pequeños y del interior”, ha expresado la diputada responsable del área, Marisa Torlà.