CASTELLÓ. Nueve municipios de la provincia de Castellón se han visto obligados a aprobar planes económico-financieros en el primer semestre de este año para tratar de reequilibrar sus cuentas municipales. Todos ellos cerraron el ejercicio 2025 incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vigente desde 2012, al registrar un desfase entre ingresos y gastos.
El mayor desequilibrio económico correspondió a la Vall d'Uixó, donde el Ayuntamiento incumplió la regla de gasto en 3.601.041 euros. Se debió, sobre todo, a la ejecución de inversiones financiadas con préstamos bancarios y al pago de 944.694 euros en indemnizaciones judiciales. La deuda municipal era de 12,8 millones de euros a finales del año pasado. Sin embargo, el caso más severo en cuanto a las medidas adoptadas fue el de Nules. El consistorio cerró 2025 con un incumplimiento de 1.654.407 euros en el objetivo de estabilidad presupuestaria y de 1.985.501 euros en la regla de gasto, lo que le ha obligado a aprobar un importante plan de ajuste. Entre las medidas adoptadas figuran un recorte 303.671 euros en el pago de productividades a los funcionarios municipales, la obligación de recaudar 500.000 euros adicionales mediante las cuotas de urbanización del PAI Alfondeguilla y la renuncia al préstamo bancario de 6.730.000 euros previsto para financiar las inversiones de este año.
Ese crédito iba a sufragar nueve actuaciones: 2,7 millones de euros para una obra de prevención de inundaciones; 1,5 millones para la reforma de edificios municipales; 610.000 euros para la construcción del Museo de Historia de Nules; 760.000 euros para reasfaltar y mejorar el camino Cabeçol; 350.000 euros para adquirir cámaras de vigilancia; 300.000 euros destinados a diferentes mejoras en vías públicas; 200.000 para comprar una vivienda en la plaza Mayor; otros 200.000 euros para reformar el Teatro Alcázar y 100.000 euros para ampliar el cementerio.
El desfase económico de Nules en 2025 tiene dos causas principales: una desviación de 167.389 euros en la financiación de las obras de urbanización del PAI Alfondeguilla y la sentencia judicial que obligó al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 965.933 euros a la empresa Sedesa Concesiones por la resolución del contrato de concesión del parking subterráneo de las avenidas Castellón y Valencia. También Betxí ha tenido que aprobar un plan económico-financiero para corregir un remanente de tesorería negativo de 58.526 euros, un incumplimiento de 156.549 euros en la regla de gasto y un déficit presupuestario de 303.297 euros registrado en 2025. Para ello, el Ayuntamiento reducirá el gasto corriente en 33.339 euros y mantendrá los ingresos procedentes de impuestos y tasas.
En este caso, el desequilibrio tiene su origen en la reciente contratación del préstamo bancario de 1.658.261 euros que financia las obras de reforma y ampliación del complejo deportivo de la avenida Sant Josep Obrer, junto al campo de fútbol, actualmente en ejecución. Pese a ello, la situación económica municipal dista de ser preocupante, ya que la deuda bancaria ascendía a solo 55.000 euros al cierre del pasado ejercicio.
Moró, Cirat y Cabanes, en números rojos
Además de Sant Joan de Moró y Cirat, Cabanes también cerró 2025 en números rojos. El consistorio incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria en 693.819 euros y la regla de gasto en 541.138 euros. No obstante, los ‘hombres de negro’ del Ministerio de Hacienda no han exigido medidas de ajuste al tratarse de un desequilibrio coyuntural y al carecer el municipio de deuda bancaria. El plazo medio de pago a proveedores era de 23 días a finales de 2025.
En Almenara, el Ayuntamiento incumplió la regla de gasto en 249.851 euros debido a que el presupuesto municipal permanece prorrogado desde 2023. La escasa deuda bancaria, situada en apenas 300.000 euros a finales de 2025, ha permitido igualmente evitar la adopción de medidas correctoras.
En la comarca del Alt Maestrat, Catí fue el único municipio que incumplió las exigencias del Ministerio de Hacienda, con un desfase de 175.148 euros en el objetivo de estabilidad presupuestaria y de 58.817 euros en la regla de gasto. Benlloc constituye un caso singular, ya que es el único municipio de la provincia que ha tenido que aprobar planes económico-financieros en los dos últimos ejercicios por incumplir la regla de gasto. Ya lo hizo el año pasado para corregir un remanente de tesorería negativo de 35.744 euros al cierre de 2024 y ha vuelto a hacerlo este año después de que ese remanente aumentara hasta los 64.912 euros.
Ni el recorte del gasto en fiestas y ni el aumento de la recaudación por la tasa de basuras han sido suficientes para recuperar el equilibrio presupuestario. Por ello, el Ayuntamiento de Benlloc reducirá este año el gasto corriente en 140.784 euros y renunciará al préstamo bancario previsto para financiar nuevas inversiones.
Los nueve municipios sometidos en el primer semestre de este año a planes económico-financieros contrastan con los 19 que tuvieron que hacerlo durante 2025. Todos ellos, salvo Benlloc, lograron enderezar su balance económico. Entre los casos registrados el año pasado destacó Traiguera, que presentó el mayor desfase al incumplir a finales de 2024 el objetivo de estabilidad presupuestaria en 1.024.529 y la regla de gasto en 80.120 euros. Aun así, la buena situación financiera del Ayuntamiento evitó la adopción de medidas correctoras.
Algo similar ocurrió en Burriana, donde el consistorio también incumplió la regla de gasto. El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell (PP), atribuyó entonces esa situación "a la deuda de 6 millones" que el Estado mantenía con el municipio, según aseguró. En L'Alcora, el remanente de tesorería negativo ascendió a 494.048 euros y el Ayuntamiento respondió bloqueando el gasto corriente en 108 partidas presupuestarias. Jérica, por su parte, redujo el gasto ordinario en 610.000 euros para corregir un incumplimiento de 397.756 euros en el objetivo de estabilidad presupuestaria.
En Vila-real también incumplió la regla de gasto al cierre de 2024, con un desfase de 329.970 euros. En ese momento la deuda municipal ascendía a 25,4 millones de euros, equivalente al 44% de los ingresos, muy por debajo del límite legal del 75%. En Xert, la buena salud financiera del Ayuntamiento permitió evitar recortes pese a incumplir la regla de gasto en 205.087 euros. La deuda municipal apenas alcanzaba los 58.000 euros al finalizar 2024 y el período medio de pago a proveedores era de solo 13 días. La única medida correctora consistió en intensificar el cobro de los 3.160 euros pendientes por distintas cuotas de cotos de caza.
Almassora también logró reconducir el desfase de 36.318 euros en la regla de gasto, provocada por el déficit económico de la Residencia de la Tercera Edad Vicente Vilar Morellà al cierre de 2024. Para ello, el Ayuntamiento se comprometió a vender cuatro parcelas municipales y a renunciar a la contratación de una empresa externa para gestionar la recaudación ejecutiva. La relación de 19 municipios que aprobaron planes económico-financieros durante 2025 la completaron Todolella, La Mata de Morella, Vall d’Alba, Villanueva de Viver, Oropesa, Alcudia de Veo, Azuébar, Barracas, Montán, Sot de Ferrer y Tales.
Otro ayuntamiento aún más pequeño, el de Castell de Cabres, optó por una fórmula distinta para mejorar la gestión de sus recursos. Tras solicitarlo en dos ocasiones sus tres concejales, la Generalitat autorizó en marzo de 2024 la implantación del modelo de concejo abierto, un sistema que desde entonces permite gestionar la modesta economía municipal de forma más asamblearia y con una participación más directa de los 22 vecinos.
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