CASTELLÓ (EUROPA PRESS). Los propietarios del edificio derrumbado en Peñíscola el 25 de agosto de 2021, que se saldó con dos víctimas mortales, siguen reclamando justicia cuando se cumplen cinco años del siniestro. En este periodo lamentan que no han finalizado las diligencias para determinar si hubo negligencias graves que pudieran derivar en posibles responsabilidades penales, según han indicado los vecinos de la Comunidad de Propietarios Patios Fase V, Urbanización Font Nova en un comunicado.
En estos momentos, según denuncian, el edificio está "totalmente vandalizado", sin que hayan finalizado las diligencias en el ámbito judicial y sin haber recibido "ninguna ayuda ni respaldo" a nivel administrativo.
Los propietarios señalan en el comunicado que la jueza de Vinaròs que investiga la causa acordó en abril de 2025 la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón, "a los efectos de depurar posibles responsabilidades penales".
En octubre declararon en el juzgado el arquitecto municipal que firmó la licencia de obras; el jurídico del Ayuntamiento que informó la licencia de obras, y la aparejadora municipal que informó la licencia de primera ocupación. La jueza también acordó la declaración de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del edificio y solicitó recabar "la información correspondiente del Colegio de Arquitectos de Castellón" y pidió que se certificara "si se verificó que, efectivamente, el proyecto contenía la documentación exigida por las normas de aplicación".
Sin embargo, los vecinos lamentan que, más de un año después del auto, el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón "no ha respondido". Asimismo, en febrero de 2026, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se requería al Colegio de Arquitectos a fin de que procediese a nombrar perito para comparecer en el juzgado pero "todavía no hay respuesta por parte de la entidad colegial", denuncian.
Reapertura de la causa
Los propietarios recuerdan que en octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación por el derrumbe del edificio de 55 viviendas, que ocasionó la muerte de dos personas -una mujer de 54 años y un niño de 14- en la urbanización, al considerar prematuro el sobreseimiento provisional de la causa.
Según el informe que emitió la Conselleria de Vivienda, las causas del derrumbe fueron "una suma de deficiencias y errores en la estructura del bloque", y concluía que "no se respetaron los criterios establecidos en el proyecto de construcción de este edificio".
El informe señalaba que "el principal motivo es que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción". Los ladrillos que se usaron para sostener la estructura eran de peor calidad que los indicados en ese proyecto, los cimientos eran demasiado finos y la cámara sanitaria, que separa el suelo de las zonas habitables, estaba llena de humedades y rebajó hasta un 40% la capacidad de los muros de carga.
La comunidad de propietarios denuncia la "lamentable situación" en la que se encuentra el inmueble ya que en los casi cuatro años que permaneció bajo custodia judicial, el edificio "fue totalmente vandalizado y las viviendas saqueadas". Los vecinos afectados lamentan la "desidia" y el "abandono" que continúan sufriendo, cuando se cumplen cinco años del siniestro, ya que siguen "sin recibir ningún tipo de apoyo ni ayuda o solución, tanto por parte del Ayuntamiento de Peñíscola, como de la administración de Justicia, con el retraso injustificado en las diligencias previas".
Las diferentes compañías aseguradoras implicadas "tampoco han respondido a ninguna de las necesidades de los propietarios de unas viviendas ahora inhabitables". Recientemente, la Comunidad de Propietarios ha presentado reclamación de responsabilidad patrimonial por la vandalización de la finca en período de custodia y ha remitido escrito a la Policía Local para que haga labores de vigilancia, pues "continuamente se encuentran roturas en el vallado que debería impedir el acceso".
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