CASTELLÓ. El Ayuntamiento de l'Alcora se ha visto obligado a reconocer a Arcillas Flomor una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la construcción de la planta fotovoltaica de 3,5 megavatios situada al norte del embalse de Sichar, en la zona de Mas Vell.
El conflicto llegó a los tribunales después de que Arcillas Flomor abonara 49.205 euros de ICIO en julio de 2023, coincidiendo con la obtención de la licencia municipal de obras. El Ayuntamiento había aplicado la ordenanza fiscal que estaba vigente desde junio de 2022, que no contemplaba bonificaciones para este tipo de instalaciones después de que el equipo de gobierno hubiera eliminado ese incentivo.
Sin embargo, la sentencia consideró determinante que las obras de la planta fotovoltaica hubieran comenzado poco antes, en mayo de 2022, cuando todavía estaba vigente la ordenanza aprobada en 2020, que contemplaba una rebaja del 95% del impuesto.
Como consecuencia de este pronunciamiento judicial, el consistorio se ha visto obligado ahora a devolver los 46.744 euros correspondientes a la bonificación del 95%, además de los intereses de demora. Arcillas Flomor invirtió más de 1,7 millones de euros en la instalación, formada por 8.748 paneles solares con una potencia pico de 3.499 kilovatios. La planta ocupa una superficie aproximada de 70.000 metros cuadrados.
Un nuevo 'estocazo' tras el sufrido en 2024
Este revés judicial se suma al que ya sufrió el Ayuntamiento en mayo de 2024, cuando el Tribunal Supremo (TS) inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por el consistorio contra la anulación del artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
La ordenanza municipal establecía un gravamen del 5% para determinados elementos de estas instalaciones, como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, transformadores o depósitos. Para otros elementos, como las líneas aéreas o los cables de transporte de energía, se aplicaba una tasa del 2,5%.
Red Eléctrica de España (REE) recurrió la ordenanza y logró que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anulara el artículo 4 y el TS inadmitiera posteriormente el recurso de casación municipal al considerarlo abusivo, entre otras razones porque que las líneas eléctricas no ocupan físicamente el suelo que sobrevuelan.
L'Alcora no ha sido ajena a la proliferación de proyectos de generación eléctrica que requieren nuevas infraestructuras de evacuación. La promotora Sonnedix España Solar Energy inició en enero de este año las obras de Duquesa Solar, una planta fotovoltaica que se extiende entre los términos municipales de L'Alcora y Onda. El proyecto cuenta con 47.112 módulos y una potencia instalada de 25,59 megavatios.
En cambio, no ha cristalizado la central fotovoltaica Río Seco, de 51 megavatios de potencia repartidos en 88.320 módulos, cuya inversión estimada en 31.651.840 euros fue descartada en junio de 2025.
La empresa promotora sevillana Maat Servicios Integrales consideró que la exigencia de la Generalitat de variar el trazado de la línea de evacuación de 220 kilovatios para evitar su afección a varios acuíferos y que ésta fuera soterrada en su totalidad hacía inviable el proyecto. La medida incrementaba notablemente el coste económico de conectar la planta fotovoltaica a la red de transporte en el nudo de Betxí. El trazado de la línea de evacuación también había suscitado el rechazo del Ayuntamiento de Betxí y de la empresa Redes Eléctricas Inteligentes.
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