CASTELLÓ. La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, se ha reunido con el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra Devesa, acompañada por representantes de la Comunidad de Regantes de la Cota 220, con el objetivo de trasladar la preocupación existente por el proyecto de macroplanta solar impulsado por el Gobierno de España y solicitar la colaboración de la Generalitat para explorar todas las vías que permitan proteger el territorio y minimizar su impacto sobre el municipio.
Durante el encuentro, Ayuntamiento y regantes han defendido la necesidad de compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección del suelo agrícola, el paisaje y la actividad económica vinculada al campo, reiterando su rechazo a proyectos de gran dimensión que puedan comprometer el futuro de zonas de alto valor productivo.
La alcaldesa ha reiterado: "Desde el primer momento hemos estado al lado de los agricultores y de los vecinos afectados, escuchando sus inquietudes y actuando dentro de nuestras competencias". "Creemos en las energías renovables, pero también en la planificación, el equilibrio y el sentido común. Vamos a seguir trabajando con todas las administraciones y utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para defender los intereses de Onda, de nuestros agricultores y de nuestro entorno. Junto a la Generalitat, los regantes y agricultores vamos a pelear juntos hasta el final y no bajaremos los brazos ante esta imposición del Gobierno", ha señalado.
Defensa del territorio
La reunión celebrada hoy se enmarca en la estrategia que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace meses para defender los intereses del municipio frente a los proyectos de plantas fotovoltaicas planteados sobre suelo rural de Onda. Aunque la autorización de estas instalaciones corresponde a la Generalitat Valenciana o al Gobierno de España, según las características de cada proyecto, el consistorio ha agotado las actuaciones que permite el ámbito de sus competencias.
Actuaciones municipales
Desde el inicio de la tramitación, el Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con vecinos, propietarios y agricultores afectados, facilitando información sobre los procedimientos administrativos y ofreciendo asesoramiento a todas las personas interesadas. Además, ha mantenido reuniones con representantes de urbanizaciones y colectivos afectados para conocer de primera mano sus inquietudes y coordinar una respuesta conjunta.
En paralelo, el consistorio y la comunidad de regantes han presentado alegaciones y recursos frente a los proyectos que afectan al término municipal y ha respaldado las iniciativas impulsadas por los propios vecinos y el sector agrario en defensa del territorio.
Trabajo conjunto con el sector agrario
La colaboración con el sector agrícola se ha intensificado durante las últimas semanas con la convocatoria del Consell Agrari Municipal, órgano en el que están representadas las comunidades de regantes, agricultores de la Cooperativa, FEPAC-ASAJA, Policía Local y Guardia Civil.
En esta reunión se acordó presentar alegaciones a todos aquellos proyectos que pudieran afectar al suelo rural del municipio y estudiar la modificación de la normativa urbanística municipal para reforzar los mecanismos de protección del territorio dentro de las competencias locales.
Posteriormente, el Ayuntamiento presentó nuevas alegaciones al proyecto de macroplanta impulsado por el Gobierno de España y constituyó una comisión de seguimiento junto a la Comunidad de Regantes de la Cota 220 con el objetivo de coordinar las actuaciones y mantener una interlocución permanente durante toda la tramitación administrativa.
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