VALÈNCIA. El abrazo del oso, en términos políticos, es una estrategia mediante la que un dirigente muestra una especial empatía y capacidad de diálogo con socios de gobierno o con sectores distantes o no alineados con la ideología de su partido.
La intención oculta de esta forma de proceder es debilitar o neutralizar al competidor para minimizarlo públicamente, limitar su capacidad de crítica, diluir sus argumentos o apropiarse de su espacio electoral.
Esta técnica, generalmente, suele asociarse a perfiles políticos tranquilos, pausados, que suelen huir de los grandes exabruptos o declaraciones altisonantes. De hecho, esta característica se le atribuyó en buena medida al ahora ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante sus ocho al frente del Consell del Botànic.
Primero, para evitar el adelantamiento de Compromís al PSPV en una época donde la entonces vicepresidenta Mónica Oltra brillaba con luz propia en el progresismo valenciano. Después, sobre todo en la recta final de la segunda legislatura, cuando Puig se prodigó con aproximaciones a algunas posiciones conservadoras como la rebaja fiscal impulsada en su último año de mandato, la bonificación al impuesto de sucesiones, su acercamiento a la Iglesia o algún que otro guiño al sector de la caza.
Una estrategia que no fue suficiente para resistir en la Generalitat, probablemente por la ola 'antiPSOE' —o 'antisanchista'— que presidió las elecciones autonómicas, pero que a su marcha le permitió ser considerado, en líneas generales, como un presidente que no generaba una animadversión visceral entre sus adversarios políticos ni en muchos votantes conservadores.
El actual ministro de Hacienda, Arcadi España, fue precisamente jefe de Gabinete de Ximo Puig entre 2013 y 2015 en la formación socialista y, los cuatro años siguientes, en Presidencia de la Generalitat. En la pasada legislatura, fue ascendido a conseller de Política Teritorial, Obras Públicas y Movilidad para después convertirse en responsable autonómico de Hacienda en el Gobierno valenciano, unos cargos que le siguieron manteniendo en el núcleo duro de Puig.
Es por esta proximidad que a pocos dirigentes del PSPV les sorprendía este martes la decisión del ministro de aceptar la solicitud de aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte de las comunidades gobernadas por el PP. Una reunión donde debía abordarse la propuesta sobre el nuevo modelo de financiación realizada por el Gobierno: una iniciativa que los populares rechazan debatir pese a que insufla más de 21.000 millones de euros adicionales a las Comunidades Autónomas (CCAA), de los cuales 3.669 millones serían para la Comunitat Valenciana.
Tal y como ha informado este diario, el PP recibió con incomodidad el lunes el acuerdo hecho público entre el Gobierno de España y Canarias tras una negociación bilateral, que permitirá a los segundos embolsarse 726 millones de euros anuales más. El problema para Alberto Núñez Feijóo es que el Ejecutivo isleño está liderado por Coalición Canaria, pero tiene como socio precisamente al PP y, más en concreto, son los populares los que ostentan la cartera de Hacienda. De esta manera, pese a que el líder nacional del partido había ordenado el rechazo a negociar el modelo de financiación propuesto por el Gobierno —escudándose en que ha sido pactado con ERC en primer término y no con el resto de CCAA—, el acuerdo con Canarias debilitaba la posición del PP apenas dos días antes de la reunión del CPFF.
Es por ello que la formación popular solicitó un aplazamiento de la cita apelando a la necesidad de más tiempo e información para estudiar la propuesta. Una petición que, desde un punto de vista estratégico, parecía plantearse con el deseo de que el Ministerio de Hacienda la rechazara, lo que podría haber servido de justificación para que las regiones gobernadas por el PP se opusieran de plano cualquier negociación amparándose en la falta de diálogo del Gobierno de España.
Sin embargo, y pese a que el ministro de Hacienda había mejorado su posición con el acuerdo de Canarias de cara a la reunión en el CPFF, prefirió evitar ese barro y aceptó posponer la cita, tal y como pedían las CCAA del PP, y emplazarla al 4 de septiembre.
Es aquí donde se observa ese talante estratega de Arcadi España, que bajo su mantra de la moderación —muy alejado en esto de su predecesora María Jesús Montero— ha preferido, en virtud del diálogo, conceder lo que pedían a los populares, a sabiendas de que ese será un argumento menos que podrán utilizar cuando tenga lugar la citada reunión del CPFF.
Un encuentro en el que la lógica indica que, a la postre, ningún gobierno regional comandado por el PP apoyará el sistema —algunos ejecutivos socialistas como el manchego o el asturiano tampoco apuntan a hacerlo—, pero donde lo que el ministro busca es presentarse como un dirigente con la mano tendida y con una propuesta sobre la que, pese a sus denodados esfuerzos, los populares no quieren negociar simplemente para no dar oxígeno a Pedro Sánchez. Y eso es, precisamente, es lo que el ministro quiere demostrar con su abrazo del oso a las regiones gobernadas por el PP.
