VALÈNCIA. Caos, descontrol e incertidumbre son las palabras que más repiten desde el sector agrario valenciano a la hora de hacer balance de su situación dos años después de la fatídica Dana que arrasó con gran parte de la provincia de Valencia. Y aunque es complicado determinar con exactitud una cifra de afectados, diversas organizaciones agrarias apuntan a cientos de agricultores y ganaderos que aún tienen pendientes ayudas por cobrar e infraestructuras por reparar. Incluso, en muchos casos, desconocen en qué punto se encuentran sus expedientes.
Así mismo lo aseguran desde La Unió Llauradora y desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA). "Nos encontramos con situaciones como que, después de haber declarado las parcelas afectadas, Tragsa responde que no aparecen en su orden de trabajo y te remiten al ministerio y éste te dice que tampoco tienen esa información", explica Juan Manuel Peiró, técnico de AVA-ASAJA especializado en la Dana.
Además, destaca la deficiencia en la comunicación: "se instaló un sistema que podía ayudar que esto fuera más ágil, pero la verdad que no se está notando y tampoco hay una forma clara de informarnos pese a que hace meses se habilitó un correo para hacer consultas a Tragsa".
Por su parte, desde La Unió aseguran que cientos de agricultores y ganaderos "continúan sin saber" qué ocurrirá con todas sus parcelas afectadas, cuándo se ejecutarán las obras necesarias o en qué situación se encuentran sus expedientes. Según la organización, la recuperación del campo valenciano sigue marcada por la falta de información, los mensajes contradictorios y la incertidumbre sobre las ayudas y las reparaciones pendientes.
Ante esta situación, la organización que dirige Carles Peris ha remitido una carta a la comisionada especial para la DANA, Zulima Pérez, en la que exige medidas urgentes para desbloquear los asuntos pendientes, aclarar los procedimientos y garantizar una coordinación efectiva entre el Ministerio de Agricultura, Tragsa, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Generalitat Valenciana.
- Zulima Pérez. -
- Foto: EFE/BIEL ALIÑO
Entre las situaciones que más confusión está generando, Peiró señala en concreto el funcionamiento del Fondo de Garantía Agraria (Fega), el organismo que gestiona todas las ayudas agrarias procedentes del Gobierno. En la página web de este fondo se publican las listas de los beneficiarios de las ayudas. Sin embargo, el técnico de AVA califica de "descontrol total" su operatividad. "Hay gente que ha declarado todas sus parcelas y solo le aparecen la mitad o casos en los que directamente no aparece la información declarada o incluso personas que de repente se han encontrado con que los han retirado del listado pero ellos aún no han recibido ayuda alguna", especifica.
"También hay casos de gente que ha renunciado al dinero y ha solicitado la reparación a Tragsa y resulta que luego les abonan la subvención", agrega Peiró, que también denuncia que "todavía no se han publicado" los últimos listados pese a haber transcurrido un año y seis meses desde que se aprobó la ayuda económica para paliar daños de infraestructuras.
En riesgo la continuidad de explotaciones
Por su parte, desde La Unió consideran que el "esfuerzo presupuestario" realizado tras las inundaciones no puede traducirse en una sucesión de expedientes sin resolver, actuaciones sin calendario y agricultores que desconocen qué respuesta recibirán. "La falta de información individualizada está generando indefensión y poniendo en riesgo la continuidad de explotaciones que necesitan recuperar su capacidad productiva para seguir adelante", señalan desde la organización.
La publicación de un nuevo listado de parcelas el pasado 16 de octubre no ha resuelto la incertidumbre, según indican. Y es que las quejas trasladadas a la organización agraria manifiestan que algunos titulares han comprobado que se han incorporado nuevas parcelas a sus expedientes, pero siguen sin tener información sobre otras muchas que también resultaron afectadas por la Dana. "Esta situación impide a los agricultores conocer con precisión el alcance de las actuaciones previstas y planificar la recuperación de sus explotaciones", señala.
La organización denuncia, además, que no ha encontrado información oficial publicada sobre el inicio de la tramitación de los recursos de alzada. Según la información recabada por La Unió, estos recursos no se atenderían hasta que se publique el último listado, lo que prolonga todavía más la incertidumbre de los afectados.
- Imagen de archivo de un campo dañado por la Dana. -
- Foto: GVA
Otro de los problemas que preocupa a la organización es la situación de los agricultores que han adelantado por su cuenta las reparaciones de sus parcelas, caminos, instalaciones o infraestructuras de riego ante la necesidad de recuperar cuanto antes la actividad. Según las quejas recibidas, algunos titulares temen que aceptar ahora una reparación por parte de Tragsa pueda impedirles cobrar las ayudas correspondientes por actuaciones que ya han realizado con sus propios medios.
"La falta de información clara sobre las condiciones, los procedimientos y las consecuencias de aceptar o rechazar las intervenciones está dificultando la toma de decisiones y puede generar nuevos perjuicios económicos", denuncian desde la organización que dirige Carles Peris. Por ello, reclama que se aclare qué parcelas se van a reparar, cuáles quedan fuera, qué actuaciones están previstas y cómo se tratarán los gastos asumidos previamente por los titulares.
En cuanto a las parcelas incluidas en el Dominio Público Hidráulico, LA UNIÓ pide que se informe de manera coordinada sobre las parcelas afectadas por esa delimitación y por posibles zonas de laminación, indicando sus efectos sobre la titularidad, el uso agrario, la superficie reparable, las compensaciones aplicables y los procedimientos de audiencia o reclamación disponibles.
La situación también afecta a los viveristas. La Unió ha recibido quejas de empresas que han reparado sus invernaderos y realizado importantes inversiones para recuperar su actividad, mientras que otros viveristas de menor dimensión aseguran que se les han denegado las ayudas o actuaciones solicitadas.
La organización considera imprescindible que se expliquen los criterios de concesión, las razones de las denegaciones y las vías disponibles para reclamar, con el fin de garantizar un trato transparente y evitar que la recuperación dependa de la falta de información o de interpretaciones diferentes de los procedimientos.
