VALÈNCIA. La exposición razonada elevada por la jueza de la Dana a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para pedirle que investigue al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha encontrado la adhesión de la Fiscalía. El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, propuso devolver al juzgado de Catarroja las diligencias al no ver, por ahora, indicios en la actuación del que fuera jefe del Consell, lo cual deja un margen muy estrecho a la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, para imputarle los fallecimientos y lesiones provocados por la catástrofe: o buscar pruebas que le incriminen directamente o esperar a que deje de estar aforado.
Las alegaciones presentadas por el fiscal superior, que serán casi determinantes para la decisión que finalmente adopte la sala del TSJCV, son muy claras al considerar que no hay nada hasta la fecha en las diligencias que apunte a que Mazón participara en la toma de decisiones de aquella tarde en el Cecopi, presidido por la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Ni en la convocatoria del órgano, que no le correspondía al máximo dirigente de la Generalitat, ni en la determinación de enviar la alerta masiva a la población a través del sistema ES-Alert.
Tampoco en la decisión de confinar a la población en la provincia de Valencia, que si bien estaba amparada por la normativa de Protección Civil, intentó frenar el que fuera jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. "Salo, de confinar nada", le llegó a espetar a la consellera Pradas en varios 'whatsapps'. Estos mensajes son, de hecho, el único hilo del que puede tirar la jueza para constatar si la actuación de Cuenca venía respaldada por instrucciones de Mazón. De ahí que haya ordenado una comisión rogatoria a Estados Unidos para intentar recuperar la conversación ente el exdirigente popular y su exjefe de Gabinete, aunque no esperó su resultado para elevar su exposición razonada ante el alto tribunal valenciano.
En su escrito, de hecho, la jueza se basó en la mera lógica para sostener que, detrás de la insistencia de Cuenca en no confinar a la población, estaban las órdenes del exjefe del Consell. Pero el fiscal superior es tajante: "En el presente momento procesal, no existe la certeza de que tales instrucciones o requerimientos hubiesen tenido lugar". Y señala que la magistrada solo se basa en que Cuenca ostentaba el cargo de jefe de Gabinete, que carecía de conocimientos técnicos y que tenía una "estrecha relación" con Mazón. Todo ello "sin que tampoco los mensajes transcritos hasta el momento indiquen o revelen que lo que transmite [Cuenca] es lo que el expresident ha dispuesto respecto de la emergencia".
- Fotos: ROBER SOLSONA/EP
Tampoco bastaría con sostener que Mazón podía dar instrucciones como jefe del Gobierno puesto que, según sostiene el fiscal superior, la "posición de garante" del dirigente habría surgido si las hubiera dado, algo que no consta por el momento. De este modo, y si finalmente el alto tribunal valenciano atiende el criterio del ministerio fiscal, la magistrada tendrá que encontrar indicios sólidos contra el exjefe del Consell antes de volver a solicitar su imputación más adelante. Un camino son los 'whatsapps' de Cuenca. El otro, que en algún momento, la exconsellera Pradas señalara al expresident de la Generalitat Valenciana de alguna manera, algo que no ha hecho directamente hasta la fecha, más allá de opinar -sin pruebas- que Mazón se habría entrometido a través de su jefe de Gabinete.
Alguno de estos requisitos es imprescindible, según el fiscal, para que el TSJ investigara al exdirigente alicantino, que se aferra al aforamiento con su acta en Les Corts Valencianes. La pérdida de esta condición, sin embargo, daría vía libre a la instructora de Catarroja para citarlo como investigado sin necesidad de elevar la causa al alto tribunal valenciano. Una circunstancia que no parece estar en los planes del propio Mazón, que se ha negado a abandonar su escaño, el número 98 desde que dimitió al frente del Consell.
Al poco tiempo de acceder a la Presidencia, antes de finalizar el pasado año, Juanfran Pérez Llorca estuvo valorando la posibilidad en el PP de reclamar el acta de diputado a su predecesor para evitarse los eventuales problemas de una investigación impredecible. Un movimiento que suscitó algunas dudas en varios dirigentes populares y en el seno del grupo parlamentario -la sombra de la apartada Rita Barberá todavía planea en el recuerdo de muchos-. Acabó por descartarse y no paree que se haya vuelto a poner sobre la mesa. Sobre todo a la vista de una instrucción que no ha arrojado indicios consolidados contra el expresident.
De este modo, solo la conclusión de la legislatura -en principio, en la primavera de 2027- haría a Mazón perder su condición de diputado y, por tanto, de aforado. La magistrada tendría, para ello, que mantener viva la instrucción hasta entonces. Algo que, si bien puede parecer exagerado, no sería tan descabellado si se atiende a la cantidad de testigos pendientes de pasar a declarar por el juzgado de Catarroja y que ascienden aproximadamente a medio centenar, entre los que destacan 27 alcaldes y alcaldesas como María José Catalá, o la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
La posibilidad de que Mazón dejara de ser parlamentario autonómico, sin embargo, no tendría por qué garantizar su puesta a disposición del juzgado de Instrucción si adquiriera el aforamiento por otra vía como la del Senado. Nombrarle senador territorial sería un movimiento arriesgado y poco estético que, sin embargo, supondría alargar la 'protección' del PP al expresident.
