VALÈNCIA. La asistencia sanitaria a pacientes desplazados de otros territorios ha sido uno de los grandes temas de bronca entre la Administración valenciana y el Gobierno de España. La Comunitat Valenciana atrae gran cantidad de población de otros territorios, principalmente por la actividad turística y el elevado número de segundas residencias, que lleva a tener una mayor presión asistencial durante buena parte del año.
Si bien la normativa establece las directrices para calcular el coste de los tratamientos y los pasos a seguir para su compensación, lo cierto es que existen diferentes aspectos que retrasan o incluso impiden que se le reembolse a la Comunitat Valenciana el exceso de gasto generado por estos pacientes en la sanidad pública autonómica. Con este telón de fondo, la Sindicatura de Comptes publicaba este viernes un informe de auditoría operativa que, precisamente, busca evaluar la eficacia y la eficiencia del sistema de compensación vigente.
El órgano que encabeza Vicent Cucarella estima en 1.172 millones de euros el montante no compensado a las arcas autonómicas por la asistencia prestada entre los ejercicios 2013 y 2024. En concreto, cifra la 'factura' total en 3.847,3 millones de euros, de los cuales se han reembolsado 2.675,3 millones, el 69,5%. De esta manera, se concluye que tres de cada diez euros gastados por la Comunitat Valenciana para la prestación del servicio sanitario a pacientes desplazados de otros territorios todavía no le han sido reembolsados.
La compensación por atención a personas desplazadas se instrumenta mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS, pacientes programados de otras CCAA y extranjeros de 32 países europeos y seis con convenio bilateral) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA, pacientes no programados de otras CCAA).
Como principal conclusión de la auditoría, la Sindicatura de Comptes alude a incumplimientos en los "principios de equidad, cohesión y solidaridad en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS)", que tienen un "especial perjuicio" en el caso de la Comunitat Valenciana. Con ello, el ente estatutario pega un 'tirón de orejas' a todas las administraciones implicadas y reclaman acciones que puedan resultar más "eficaces" para terminar con esta deuda que se arrastra desde hace años con la Comunitat Valenciana.
El FOGA, principal origen del 'boquete'
Si se observa el desglose del importe adeudado a la Comunitat Valenciana, un total de 798,9 millones de euros corresponden a toda la facturación en materia de asistencia especializada y de urgencias a pacientes de otras comunidades autónomas. Se trata de un gasto que debería articularse a través del FOGA, pero la "ausencia de despliegue reglamentario" de este mecanismo aprobado en 2012 supone que la Comunitat Valenciana no haya recibido compensación alguna por estos servicios prestados.
La Sindicatura recuerda que el último proyecto de ley tramitado por el Ministerio de Sanidad y presentado en el Congreso en junio de 2024 se encuentra en plazo de presentación de enmiendas, por lo que todavía no se ha aprobado. Además, carece de un criterio de compensación "consensuado por todas las autonomías". En la práctica, esta situación supone que la Comunitat Valenciana haya acumulado en 12 años casi 800 millones pendientes de reembolso por la asistencia de urgencias y especializada a pacientes de otros puntos del país.
Más de 90 millones pendientes por Atención Primaria
Siguiendo con los pacientes de otras autonomías, la Sindicatura señala que la Comunitat Valenciana es la región con mayor saldo a cobrar en materia de atención primaria. En este sentido, indica que no se han compensado 23,1 millones de euros correspondientes al periodo entre julio de 2012 y diciembre de 2013. Un importe al que cabría sumar otros 67,8 millones de euros por los gastos que sí han sido compensados, a través del FOGA ya que se aplican unas "tarifas desactualizadas" desde el año 2014 e inferiores a las aprobadas por la propia Comunitat Valenciana.
La Sindicatura también constata que el Ministerio de Sanidad deduce el 20%" de las asistencias entre las CCAA en el FCS, "excepto gasto farmacéutico, sin justificación técnica acreditada, tal como ya informó el Tribunal de Cuentas". Una cuestión por la que cabe sumar otros 5,7 millones no compensados a la Comunitat Valenciana.
Además, quedan pendientes de cobro otros 19,4 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de 2013-2024. En concreto, la Comunitat Valenciana deberá cobrar 11,2 millones en concepto de la liquidación de este sistema en 2024, así como 8,2 millones de euros por la deuda de Aragón durante el periodo 2013 - 2023. La citada autonomía discrepó de este abono en el CISNS, por lo que la situación está pendiente de su resolución ante los tribunales, según explica la sindicatura.
Casi 260 millones en asistencia a personas extranjeras
Si la 'factura' pendiente por atención a personas de otras autonomías ya es elevada, a ella se suman 257,1 millones de euros no compensados por la atención a extranjeros, en torno al 10,5% del total facturado por este concepto entre 2013 y 2024. En concreto, el órgano que encabeza Vicent Cucarella señala que España cuenta con saldos pendientes de 700 millones de euros por otros países europeos, así como de 28,7 millones por parte de países con los que existen convenios bilaterales. En algunos casos, de hecho, existe un "incumplimiento de los plazos legales de pago" sin que se hayan requerido intereses de demora al respecto.
Demoras, tasas desactualizadas y carga asistencial
La Comunitat Valenciana es, además, la autonomía que más factura por la atención a extranjeros no residentes y concentra el 37,3% de las cuotas de residentes extranjeros con derecho a asistencia sanitaria. Para la Sindicatura, el proceso de reembolso de los gastos de pacientes extranjeros es "ineficaz", pues los plazos de pago "son muy largos" y no existe un mecanismo que exija intereses de demora o imponga sanciones, por lo que el abono de la deuda "depende de la voluntad" de cada territorio.
El ente estatutario pone de relieve que la "compleja tramitación" de estos gastos lleva a plazos de cobro de hasta 4,5 años, un tiempo que incluso podría ampliarse 3 años más si hay reclamación del país de origen. Además, la Conselleria de Sanidad factura el gasto según las tasas vigentes, que "no están debidamente actualizadas en el periodo 2013-2024" ni "ajustadas al coste real de la prestación". "Además, las tasas hospitalarias resultan inferiores a otras comunidades autónomas, que usan la figura jurídica de los precios públicos sanitarios", añade el informe.
Con ello, la Sindicatura considera que la compensación recibida por la Comunitat Valenciana por la asistencia a extranjeras "se encuentra infravalorada por un importe que no se puede cuantificar". Por otro lado, el informe también señala que la gratuidad del sistema sanitario valenciano puede derivar en un "aumento de la carga asistencia" por pacientes europeos no residentes que tratan de ser atendidos en el país "frente a los copagos existentes" en otros territorios europeos. Por todo ello, sentencia: "El sistema de compensación previsto de los gastos de atención sanitaria de desplazados extranjeros no residentes no es eficaz ni eficiente, y la Comunitat Valenciana es la más perjudicada".
Insta al Consell a evaluar posibles "acciones legales"
Ante esta situación, el ente estatutario formula un total de 15 recomendaciones dirigidas a todas las administraciones implicadas con el objetivo "del cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía, universalidad, equidad y cohesión del SNS aplicables en el procedimiento de compensación de los costes sanitarios de las personas derivadas o desplazadas".
Entre ellas considera que el Consell debería evaluar "acciones más eficaces, incluso legales si procede, para reclamar el despliegue reglamentario" de la normativa que regula la compensación de los gastos. Al departamento que encabeza Marciano Gómez reclama una revisión de las tasas sanitarias para que se ajusten al coste real de la asistencia prestada de manera que no esté "infravalorada".
También pone deberes al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para que se establezcan criterios de compensación que permitan cubrir la totalidad de los gastos de asistencia sanitaria con tarifas actualizadas. Además, se insta al Gobierno de España a impulsar ante la Unión Europea una mejora del sistema de compensación de población extranjera, que resulte más ágil y que exija intereses de demora obligatorios, entre otras cuestiones.
179 millones de gasto en 2025
A los datos analizados por la Sindicatura de Comptes cabe añadir que la asistencia a desplazados en 2025 generó un gasto cercano a los 179 millones de euros durante el pasado ejercicio. Tal y como explicó recientemente este periódico, los centros públicos valencianos realizaron casi 950.000 atenciones a este tipo de pacientes, la mayoría a pacientes de otras autonomías por un importe de 136,2 millones. Por su parte, la 'factura' de la asistencia a personas de otros países ascendió a los 43,1 millones de euros.
