VALÈNCIA. El etiquetado del arroz, que supone una de las principales batallas del sector valenciano para reivindicar el origen del producto, ha abierto una guerra entre el Gobierno y el Consell este miércoles tras las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Y es que el dirigente de Sumar señaló que la Comunitat Valenciana es la "única autonomía de todo el Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria", motivo por el que instó a la Generalitat a hacer uso de sus competencias para perseguir "el posible engaño a los consumidores" sobre el origen del arroz valenciano mediante la realización de controles e imposición de sanciones.

La reacción por parte del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, no se hizo esperar. En un primer lugar, acusó a Bustinduy de "desorientación" y, posteriormente, justificó la inexistencia de un control sobre el etiquetado por parte de la Generalitat al afirmar que no hay una norma europea que obligue a concretar el origen en el etiquetado del arroz.

La conselleria, al ser preguntada por este periódico sobre si ejerce ese control de la información alimentaria al que hace referencia el ministro, afirma que sí la ejecuta sobre otros productos. "Para los que son obligatorios, sí", señalan fuentes de la cartera autonómica de Agricultura. 

Sin embargo, en los últimos informes del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 (PNCOCA), donde se recoge la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, no constan la Comunitat Valenciana ni Melilla, tal y como ha podido comprobar este periódico. Además, tampoco aparecen resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de la Comunitat Valenciana.

Este cruce de acusaciones entre el ministro y el conseller ha evidenciado las grietas que existen en las inspecciones agroalimentarias en lo que se refiere al origen de los productos. Mientras la conselleria insiste en que sí ejercen esta competencia, en el plan nacional del ministerio no aparece ningún dato de personal de control ni inspector por parte de la Comunitat Valenciana que se encargue de las tareas relacionadas con el control oficial de los productos alimenticios en el ámbito de consumo. En esta tabla, Andalucía es la región con más técnicos inspectores al aglutinar 49, además ed 22 profesionales dedicados al control.

Tal y como consta en el plan nacional y Reglamento (UE) 2017/625), el control oficial de la información alimentaria al consumidor corresponde a las comunidades autónomas en su territorio. Por tanto, si los incumplimientos se circunscriben a la Comunitat Valenciana, la competencia ejecutiva y sancionadora es exclusivamente de la Generalitat Valenciana. En este caso, el Estado solo coordina, salvo controles en frontera.

"La indicación del país de origen o el lugar de procedencia será obligatoria cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia diferente", reza el artículo 26.2 del Reglamento de información alimentaria facilitada al consumidor 1169/2011.   

La D. O. y el lugar de elaboración

Barrachina, al ser preguntado por cómo encaja esta situación con la obligación de señalar la Denominación de Origen, respondió que en las etiquetas del arroz "hay una denominación de origen" en la que, "lógicamente, aparece el origen". En ese sentido, añadió que "también hay que indicar el lugar de elaboración". Pese ello, insistió en que "no existe obligación" de reflejar "el origen de cada uno de los arroces que componen ese arroz que finalmente se sirve".

"Cada producto tiene su normativa", indicó el conseller, que resaltó que desde el Gobierno valenciano han apelado a la Comisión Europea sobre "la necesidad" de que aparezca el origen de estos productos. "Nuestro defensor ante la Unión Europea, tristemente, es este ministro de Sumar que, desgraciadamente, en lugar de pedirle a quien tiene la competencia para exigir ese etiquetado, nos lo reclama a nosotros, que somos víctimas tanto de la falta de precisión en el etiquetado por parte de la Comisión Europea como víctimas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", contestó el conseller.

Por contra, desde el ministerio han vuelto a responder a esa afirmación. Según indica, la afirmación de que Bustinduy es quien tiene que defender el etiquetado en la UE es falsa. "Es el ministro de Agricultura, Luis Planas", indican desde el ministerio, que insisten en que su denuncia tiene que ver con la existencia de arroces que, en su etiquetado, inducen al engaño al consumidor ya que dan a entender que es un arroz de origen valenciano cuando, en realidad, no lo es.