VALÈNCIA. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes la propuesta del Gobierno de España para un nuevo modelo de financiación. Una iniciativa que salió adelante con los votos del Ejecutivo central (que cuenta con el 50% de la representación) y el apoyo de Cataluña y Canarias.
Tal y como se preveía, las comunidades gobernadas por el PP, incluida la valenciana, así como dos controladas por los socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, votaron en contra, lo que no impidió que la propuesta saliera adelante. El siguiente paso es que el modelo pase por el Consejo de Ministros y ponga rumbo como proyecto de ley al Congreso, donde deberá obtener una complicada mayoría absoluta para ver la luz.
De esta manera, 17 años después de que el CPFF aprobara el último modelo, el actual que entró en vigor en 2009, llega el primer paso para la reforma de un sistema que lleva caducado desde 2014 y que viene penalizando año tras año en el reparto de la financiación a la Comunitat Valenciana —que ha superado los 64.000 millones de deuda por esta y otras causas— y la Región de Murcia, muy por delante del resto.
El hecho, por tanto, es objetivamente histórico. Así lo expuso el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, en la rueda posterior a la reunión de un CPFF que se prolongó algo más de tres horas. Un encuentro en el que no hubo sorpresas: ninguna región del PP se salió del guion de rechazo, tal y como había dictado la dirección nacional del partido, y tampoco lo hicieron Castilla-La Mancha y Asturias, pese a estar gobernadas por los socialistas, mismo signo político del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. La nota estridente la puso la Comunidad de Madrid, que no se presentó a la cita —tal y como avisaron en la víspera—, además de instar a un boicot por parte de las regiones gobernadas por el PP que fue ignorado.
Así, más allá de algunas cuestiones técnicas esgrimidas por cada región, el denominador común del rechazo se ha centrado en el pecado original de la reforma, que fue presentada previamente al líder de ERC, Oriol Junqueras, por el propio Sánchez en la Moncloa, lo que fue interpretado como un traje a medida para Cataluña y para los socios de Salvador Illa (PSC) y del propio PSOE —en ocasiones— en la Cámara Baja.
- El CPFF de este viernes. Foto: EP/JESÚS HELLÍN
Una cuestión que Arcadi España insistió en matizar en su comparecencia; subrayando la presentación en enero de la propuesta en el CPFF, "un órgano multilateral", recalcando la mano tendida para las negociaciones bilaterales que exhibió su predecesora María Jesús Montero y recordando cómo su ministerio accedió a aplazar la reunión definitiva prevista en julio para septiembre, con el objetivo de que las regiones tuvieran más tiempo para estudiar la propuesta y exponer las alegaciones.
Las alegaciones de las autonomías han sido otro punto de interés en las últimas horas del proceso. Tal y como informó este diario, la Comunitat Valenciana sí presentó observaciones al modelo del Gobierno de España, pero fueron rechazadas en el comité técnico celebrado el jueves, al igual que las del resto de regiones.
Preguntado por esto, el ministro mencionó algunas de estas alegaciones, como una de las presentadas por Andalucía, cuya aplicación perjudicaría a otras regiones del PP como Castilla y León en lo referente a la población ajustada. Incluso respecto a la Comunitat Valenciana, subrayó que en su texto de observaciones se reconocía que la propuesta del Gobierno era "un gran avance", aunque finalmente el voto en el CPFF fuera contrario.
Con todo esto, el ministro España se escudó, para justificar el rechazo global, en que consideraban que la propuesta del gobierno resultaba "más equilibrada" para todas las autonomías, dado que el modelo resultando es "sustancialmente mejor que el actual". Una posición de la que, no obstante, también se desprende una estrategia política: en el Ejecutivo central se mostraban convencidos de que aplicaran las correcciones que aplicaran las autonomías del PP rechazarían la propuesta y todo se traduciría en una pérdida de tiempo, por lo que la preferencia táctica es la de llevar el modelo al Congreso donde también se pueden introducir modificaciones a través de enmiendas.
Al margen de esto, el responsable de Hacienda insistió en que el nuevo modelo repartirá cerca de 21.000 millones de euros más —3.669 millones extra para la Comunitat Valenciana— a las autonomía e insistió en la "voluntariedad" del mismo, asegurando que si el Congreso lo aprueba las regiones que lo deseen podrán no acogerse al mismo. En esta línea, el ministro mostró su intención de que el nuevo modelo pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2027, si bien las negociaciones parlamentarias se antojan duras y, de partida, todo apunta a que el Gobierno de España tendrá muy difícil lograr los votos suficientes para obtener la mayoría necesaria.
Rechazo de la Comunitat Valenciana
Por su parte, el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca explicó su rechazo al nuevo modelo a través de su responsable de Hacienda, José Antonio Rovira, presente en la reunión. El dirigente popular recalcó que la propuesta carecía del consenso de las CCAA y se había negociado de forma bilateral con Cataluña.
Rovira criticó, asimismo, que el Ministerio de Hacienda no hubiera aceptado ninguna de las alegaciones formuladas por las diferentes autonomías para mejorar el sistema propuesto. "Estamos ante un modelo que en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con Cataluña y no han tocado ni una coma. El Ministerio de Hacienda ha tenido las observaciones de la Comunitat Valenciana más de un mes y no contestaron hasta ayer (por el jueves), de forma verbal y en la comisión técnica, y fue para rechazarlas".
El conseller afirmó que si el Gobierno de España realmente busca un cambio del modelo de financiación, “sería más serio, riguroso y efectivo abrir una verdadera negociación multilateral en el seno del CPFF con todas las comunidades de régimen común”.
Un nuevo fondo enigmático
Una de las novedades hecha pública por el ministro fue la creación de un nuevo fondo del que no especificó la cuantía y que surgirá en el marco de la reforma de los dos instrumentos que tiene el Gobierno en vigor que son los incentivos regionales y el fondo de compensación.
Así, según el propio Arcadi España, en esa reforma la intención es crear un fondo que permita cubrir "otros elementos relevantes para la convergencia regional teniendo en cuenta la reindustralización, el turismo masivo, la población flotante, la despoblación, la proporción de masa forestal..." de las distintas autonomías.
