VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana quiere conocer la situación actual del uso del valenciano. Presidencia ha sacado a licitación un contrato para elaborar una encuesta en el conjunto de la Comunitat Valenciana, poniendo especial énfasis en la ciudad de València. Todo ello con el objetivo de que la empresa adjudicataria elabore un informe "sobre conocimiento y uso del valenciano y de otras lenguas" antes de que termine este año. El contrato tiene un valor estimado de 245.000 euros (IVA incluido), tal y como se desprende de la Plataforma de Contratación del Estado.
Se trata de una acción comprendida en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028, con la previsión de que se realice a lo largo de este mismo ejercicio. En concreto, se realizarán un total de 8.043 encuestas a domicilio a través de un cuestionario de entre 120 y 140 campos. Las personas entrevistadas deberán ser mayores de 15 años. En concreto, se ha dividido el territorio valenciano en seis agrupaciones (Alicante, Alcoy-Gandía, València y área metropolitana, provincia de Valencia, Castellón y región castellanoparlante) con un peso de las encuestas ajustado proporcionalmente a la población de cada una de ellas. Las muestras deberán estar clasificadas por franjas de edad, sexos y tamaño de la población en la que residen. En el caso de la ciudad de València, se estiman un total de 1.111 encuestas repartidas por sus 19 distritos.
Según reza el pliego técnico del contrato, el cuestionario que se aplicará durante las encuestas "será facilitado por la Subdirección General de Política Lingüística" y podrá incorporar preguntas abiertas. Es decir, será la Generalitat Valenciana la que defina el conjunto de preguntas que se llevarán a cabo para la elaboración del citado informe.
Cabe recordar que esta encuesta se realizará después de que el departamento de Política Lingüística se haya integrado en Presidencia de la Generalitat. Una decisión que tomó el president, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada al Consell en diciembre. El objetivo de esta medida, expuso el líder regional, es "reforzar el uso y la promoción del valenciano". No obstante, desde entonces se ha agitado la batalla cultural en torno a la lengua valenciana en diferentes ocasiones. Al debate en torno al papel de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) se suman otras cuestiones como la decisión de la Conselleria de Educación de reformar el currículo de Bachillerato para priorizar los autores nacidos en la Comunitat Valenciana en detrimento de catalanes y baleares o el rechazo de la AVL al cambio de la tilde en el topónimo 'València'.
Dos informes: autonómico y local
Los resultados de este trabajo deberá presentarse, como mínimo, en lengua valenciana y en soporte informático. En concreto, se realizarán dos informes genéricos, uno para la Comunitat Valenciana y otro para la ciudad de València. A ellos se sumarán otros cinco informes particulares para analizar todas las regiones autonómicas, así como el conjunto de distritos del 'Cap i Casal'. La empresa adjudicataria deberá presentar un resumen de la encuesta similar al de los sondeos elaborados en 2015 y 2021 por el Consell sobre esta misma temática.
En este punto, cabe mencionar que se trata de la primera encuesta sobre el uso del valenciano a nivel autonómico que se realiza con el actual Gobierno autonómico dirigido por el Partido Popular. Las dos anteriores se llevaron a cabo durante el Consell del Botànic. La de 2015 fue realizada por Sigma Dos y contó con una muestra de 6.691 personas. Su coste ascendió a 63.000 euros (IVA incluido). La de 2021, por su parte, fue ajudicada a Invest Group por 118.035,5 euros con IVA y tuvo una muestra de 7.171 entrevistas.
Entrevista en valenciano o castellano
Los encuestadores realizarán la entrevista en valenciano, pero ayudarán a las personas encuestadas si no entienden esta lengua. De hecho, el pliego establece que los entrevistados podrán responder al cuestionario en valenciano o en castellano, indistintamente. Las encuestas corresponderán de tres fases: por internet, por teléfono y en persona. Durante el proceso "se realizarán controles" para verificar que los datos "son coherentes y fiables" y se verificarán los datos de las entrevistas mediante un seguimiento telefónico. La adjudicataria, en cualquier caso, deberá entregar un documento con todas las incidencias durante el proceso de recogida de la información, así como otros aspectos que puedan considerar relevantes para evaluar la calidad de los datos.
