VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ultima el decreto del nuevo reglamento de selección, movilidad y provisión de puestos de trabajo de la administración autonómica. El borrador del a norma preveía que las bolsas de empleo temporal solo tuvieran en cuenta la nota de la oposición para ordenar a los candidatos. Un sistema que se encontró con el rechazo frontal de los sindicatos y que ahora la Conselleria de Hacienda y Administración Pública está dispuesta a modificar.

El borrador del nuevo decreto que hizo público la Conselleria, cuando todavía la dirigía Ruth Merino, recogía que los llamamientos en las bolsas pasarían a realizarse en base a un orden de prelación "que vendrá determinado por la nota obtenida en las pruebas selectivas". Un cambio notable respecto al sistema actual, donde el orden depende de la suma de la puntuación de cada aspirante en la baremación de méritos fijados en la convocatoria, entre los que, además de la nota del examen, se suelen contemplar otros aspectos como la experiencia o la formación.

El cambio había levantado ampollas entre los representantes sindicales, para quienes existía un "clamor" en contra. Todas las organizaciones sindicales se habían opuesto al nuevo sistema al considerar que se estaba despreciando la experiencia que muchos trabajadores públicos habían adquirido mientras prestaban servicio a la administración en multitud de situaciones. También en el caso de los interinos, cuyo caballo de batalla es precisamente que el conocimiento y bagaje acumulado en sus años de trabajo para la Generalitat no caiga en saco roto.

Sin ir más lejos, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e Intersindical se concentraron el pasado 12 de enero en contra del decreto en el que trabaja la Dirección General de Función Pública, que dirige Vicente Serra. Y en este contexto se produjo la mesa sectorial de función pública este martes con el propio Serra, donde además de valorar y validar por unanimidad la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2026 con más de 2.200 plazas, el director general se abrió a modificar la disposición en cuestión, tal como confirmaron organizaciones sindicales y la propia Conselleria.

La secretaria de Administración Autonómica y Justicia de UGT Serveis Públics del País Valencià, Laura Ballesteros, aseguró en una entrevista reciente para este diario que el cambio pretendido era "muy importanet" al "dejar de valorarse la experiencia", que pasaría "a valer cero". "No contará la experiencia, ni el valenciano, ni las titulaciones ni los cursos selectivos, y eso genera una preocupación muy grande", aseguró a preguntas de Valencia Plaza.

Desde UGT Serveis Públics PV mostraron su alegría por la decisión y "la sensibilidad de la nueva dirección general de Función Pública, que ha demostrado mayor voluntad de diálogo sobre este aspecto y que, además, ha sido receptivo a nuestras movilizaciones". "Entendemos que hay que trabajar en redefinir los componentes del baremo para que sea más ágil, pero siempre garantizando la objetividad y la experiencia", sostuvieron en la organización sindical.

Por su parte, el coordinador del Sector autonómico de CCOO-PV, Pepe Cloquell, también se mostró satisfecho a la nueva postura del Ejecutivo. "Hay una parte del personal que ha ayudado a sostener los servicios públicos cubriendo vacaciones y bajas, ha adquirido una experiencia, y cambiar el sistema para hacer que esa experiencia no valga para nada, no nos parece bien", aseguró el representante sindical en este sentido.

Por el momento, este decreto todavía ha de aprobarse en el pleno del Consell, pero fuentes de la Conselleria de Administración Pública no pudieron dar un plazo estimado para ello. La versión defintiva del texto todavía se desconoce pero, según fuentes presenciales de la reunión con el director general, este explicó que se estudiarían y valorarían algunas cuestiones planteadas por otros departamentos en sus alegaciones.