VALÈNCIA. La acumulación de expedientes y los retrasos en la concesión de licencias de obra han sido durante años un grave problema, que ha tensionado a numerosos consistorios valencianos. Muchos proyectos esperan meses y meses un veredicto, lo que pone en jaque su viabilidad y provocaba verdaderos dolores de cabeza a muchos empresarios. El problema se agrava si se tiene en cuenta la emergencia habitacional actual, ya que muchos de esos permisos están directamente relacionados con promociones residenciales.

Para aliviar esta parálisis, la administración valenciana habilitó, vía decreto, la opción de recurrir a entidades colaboradoras acreditadas (ECUV) para que ayudaran en la evaluación y revisión de los proyectos con el fin de aligerar el tapón y reducir la carga de trabajo. Sin embargo, muchos ayuntamientos han bloqueado esta ayuda externa, lo que ha dilatado trámites y demorado la puesta en marcha e proyectos.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti Valencia) tuvo conocimiento de esta situación y mantuvo una reunión con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio, que emitió un informe ratificando la obligación de los ayuntamientos de aceptar los proyectos tramitados a través de estas entidades colaboradoras, tal y como establece la normativa vigente. 

"Desde COGITI Valencia se tuvo constancia de que algunos municipios como Mislata, no están aceptando estos proyectos, lo que supone que trámites que deberían resolverse en aproximadamente un mes, se alargasen hasta un año, generando un grave perjuicio tanto para los profesionales como para la actividad económica del municipio", explican desde la entidad colegial.

Por ello, el decano de la organización en Valencia, Tomás Játiva, se reunió con el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, Miguel Ángel Ivorra, para denunciar esta práctica y defender los derechos de los ingenieros técnicos industriales, uno de los colectivos directamente afectados por esta restricción. Como resultado, el Consell emitió un escrito en el que remarca que los ayuntamientos no pueden impedir que los particulares recurran a entidades colaboradoras para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas. El texto fue remitido a las corporaciones locales a través del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia (Cosital).

En el escrito, la Generalitat recuerda los cambios introducidos en la Ley 7/2023, de Medidas, más conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, que modificaba la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para reforzar precisamente el papel las entidades colaboradoras en el desbloqueo de licencias. Por tanto, esta reforma dejó sin efecto el Decreto 62/2020, que permitía a los consistorios excluir en su municipio la actuación de estas entidades.

Prima la elección del particular

De este modo, y de acuerdo con la normativa vigente, el particular puede elegir entre la vía ordinaria de tramitación municipal o la vía alternativa con una ECUV. Esta opción puede ejercerse sin necesidad de pronunciamiento previo del ayuntamiento, que debe limitarse a emitir el informe jurídico una vez presentado el proyecto técnico junto con el certificado de conformidad de la entidad colaboradora. 

No obstante, aclara que los consistorios mantienen la posibilidad de regular este sistema mediante ordenanza, siempre que dicha regulación no contradiga la elección del interesado. Por tanto, los ayuntamientos están obligados a aceptar los proyectos tramitados por las ECUV y no pueden excluir en su término municipal el uso de estas entidades, conforme al criterio de que una norma de rango superior y más reciente prevalece sobre disposiciones anteriores que resulten contradictorias. Este informe ha sido distribuido entre todos los ayuntamientos de la provincia para que tengan conocimiento expreso de la aclaración realizada por la Conselleria.

"Estamos muy satisfechos porque se ha conseguido defender los derechos de nuestro colectivo y garantizar el cumplimiento de una normativa que algunos ayuntamientos estaban ignorando, actuando en contra de la ley", destaca Tomás Játiva, que valora el trabajo realizado juntamente con Cosital Valencia. Además, asegura que este avance supondrá una mejora sustancial en la gestión municipal, ya que en aquellos ayuntamientos donde la demora era de aproximadamente un año, los plazos de tramitación se reducirán ahora a poco más de un mes, facilitando el desarrollo de proyectos.

Precisamente, la normativa urbanística y de edificación de la Comunitat Valenciana, en particular la Ley 3/2004, de 30 de junio, permite que los colegios profesionales se acrediten como ECUV, asumiendo funciones técnicas de revisión y verificación con plena garantía de rigor, independencia y seguridad jurídica.