VALÈNCIA. El Consell ya tiene plan para atender a las víctimas de okupación y crear la Oficina Antiokupación pactada con Vox en los Presupuestos de la Generalitat para este 2025. La estrategia contará con un sistema de "acompañamiento y asesoramiento legal" a las personas afectadas por esta problemática y que se desarrollará a través de las 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y los 66 centros JustiProp valencianos, cuyos profesionales se han estado formando en los últimos meses para ello. El Plan Integral contra la Okupación de Viviendas presentado este jueves en el Palau de la Generalitat incluye, además, la creación de la mencionada oficina de atención de las víctimas de la okupación, que entrará en funcionamiento "en las próximas semanas" y que contará con atención a través del teléfono 012, aunque no prestará servicio durante las 24 horas del día. 

Así lo detalló el jefe del Consell acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, todos ellos representantes de departamentos autonómicos que están involucrados en la estrategia que está diseñando el Consell en materia de okupación de viviendas. 

"Cada persona que sufra una okupación en la Comunitat Valenciana va a tener un acompañamiento desde el primer momento en estas oficinas", aseguró Mazón, que remarcó que se están viendo "grandes casos de estrés" entre los propietarios afectados por estas problemáticas. Durante la presentación, el president alejó el foco de los grandes tenedores de viviendas y se centró en los pequeños propietarios que presentan "cuadros de estrés, de frustración" tras la okupación de sus inmuebles.  Por ello, aseguró que a través de las 103 oficinas que suman las de Asistencia a Víctimas del Delito y los centros JustiProp se buscará dar respuesta y atención a estas cuestiones con "acompañamiento" a las personas afectadas, especialmente en materia legal y psicológica. 

Para ello, explicó el president, se ha firmado un convenio con el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía para la formación de profesionales de las oficinas JustiProp en materia legal y psicológica. Además, se elaborarán protocolos para determinar las formas de actuación de policías y empleados públicos frente a estas situaciones y habrá una línea específica a través del teléfono 112 con la intención de hacer más rápidos los trámites de denuncia y que los cuerpos de seguridad puedan "acudir de inmediato para la recuperación exprés de la vivienda".

Otras medidas que incluye el plan son la redacción de una Guía Informativa sobre cómo prevenir la ocupación y cómo actuar ante ella, que se promocionará a través de los Ayuntamientos con la participación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y a través de 012, y la firma de un acuerdo con los administradores de fincas "para difundir un protocolo de actuación ante situaciones de ocupación o inquiokupación".
 
Además, se prevé la formación de los policías locales y autonómicos a través del Ivaspe para la asistencia inmediata ante delitos flagrantes de ocupación, y que se creará una conexión telemática "que permita a los funcionarios de la Generalitat y a la Policía conocer al momento quién es el titular del inmueble ocupado ilegalmente para agilizar el proceso de desalojo", gracias al acuerdo con el decanato de los Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana. Otra de las medidas previstas, según Mazón, es articular un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para valorar posibles situaciones de vulnerabilidad.

El Consell defiende que la okupación "ya no es un fenómeno marginal"

El jefe del Consell defendió la decisión de llevar a cabo este plan debido a que la okupación "ya no es un fenómeno marginal", pues "el número de denuncia se ha multiplicado por seis en los últimos años". Una afirmación que, según las cifras expresadas por Mazón, también sería aplicable para la Comunitat Valenciana, autonomía que ha pasado de 277 denuncias por okupación en 2010 a 1.767 en 2024. El president, además, destacó que estas cifras se basan sobre los "hechos conocidos y denunciados", pero "muchos otros" no lo fueron "y no pudieron ser atendidos".  A ello, el jefe del Consell sumó los casos de inquiokupación, es decir, cuando los inquilinos de una vivienda en alquiler dejan de pagar la renta y permanecen viviendo en el inmueble. 

Por otro lado, a juicio de Mazón, hubo "falta de responsabilidad" del Consell del Botànic en la gestión de esta materia: "Nos encontramos que más del 10% de las viviendas del parque público valenciano estaban ocupadas; Alguien tenía que saberlo y no hizo nada para corregirlo". Además, remarcó que, con las medidas anunciadas, el Consell "despliega al máximo todas las competencias de la Generalitat", aunque "se puede hacer mucho más, que compete al Gobierno y a las Cortes Generales". 

Por su parte, la vicepresidenta primera del Consell remarcó que la okupación de un fenómeno que "genera una gran preocupación social, agrava la crisis de la vivienda y provoca inseguridad jurídica a los propietarios". Por ello, abogó por plantear una "estrategia conjunta" entre varios departamentos autonómicos que dote a la Generalitat de una "herramienta eficaz para prevenir y actuar frente a los casos de okupación". "Queremos proteger a los propietarios, garantizar la seguridad de los municipios y garantizar la seguridad ciudadana", defendió Camarero.

Reclamaciones al Gobierno de España

Además de los 'recados' al Consell del Botànic, el president de la Generalitat también cargó en diferentes ocasiones contra la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central, norma sobre la que reclamó su derogación para dar "por fin seguridad jurídica" a los propietarios de las viviendas: "La ley de vivienda no solo ha sacado miles de viviendas del parque de alquiler, sino que da más seguridad jurídica al okupa que al propietario", consideró. 

También le solicitó al Ejecutivo nacional que reforme la normativa "para agilizar los procedimientos judiciales y evitar el calvario procesal que tienen que pasar los propietarios". Además, reclamó que la Policía cuente con un mayor refuerzo ante los desahucios y que se elimine la tributación de los propietarios que sufren la okupación por las rentas que no se les han pagado. "No son problemas menores ni que afecten a poca gente a tenor de las cifras ya conocidas", remarcó el jefe del Consell, que destacó la "respuesta coordinada, realista y eficaz" que se llevará a cabo desde la Generalitat "exprimiendo al máximo las competencias" con las que cuenta el Gobierno autonómico.