VALÈNCIA. El Gobierno central continúa la tramitación del futuro decreto para endurecer los límites urbanísticos en zonas inundables. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sigue sin publicar el borrador de la norma diez meses después de que culminara el proceso de consulta previa y tras recibir varias sugerencias relativas a la implantación de nuevas restricciones urbanísticas en áreas de riesgo así como la aplicación de exenciones para determinadas actividades o construcciones antiguas.

Los cambios normativos son precisamente una de las líneas de actuación del 'Plan para la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones del territorio afectado' que la ministra Sara Aagesen presentó hace casi un año en Valencia. A finales del año pasado, el Ministerio explicó a preguntas de este diario que estaba "estudiando" las propuestas recibidas y que "pronto" habría un primer borrador del decreto, que busca modificar varias disposiciones.

Por una parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico al objeto de revisar las limitaciones de usos del suelo existentes en zonas inundables así como incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables ya existentes en estos enclaves. También se busca mejorar la coordinación y la agilización de los planes urbanísticos municipales y con el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, el cambio afectará también al Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación para que las obras de protección frente a inundaciones sean declaradas de interés público, con la agilización de trámites que ello conlleva. Y se aprovechará para incluir el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, mejorar la coordinación con autoridades locales y la promoción de la adaptación al riesgo de inundaciones así como la formación en esta materia.

El documento con el que el ministerio impulsó la consulta previa justificaba estos cambios precisamente en la Dana de 2024 como "una expresión de la extraordinaria magnitud" de una "nueva generación de inundaciones, con una consecuencia devastadora en cuanto a perdidas personales y materiales". "Esta situación se desmarca de lo que, hasta ahora, se consideraba en los mapas de peligrosidad como escenarios de probabilidad alta, media (retorno de 100 años) y baja (retorno de 500 años)", recogía la consulta.

Como publicó Valencia Plaza, el Ministerio recabó seis escritos de sugerencias de organismos como la Agencia Catalana del Agua o el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) así como la ONG WWF España, la patronal de Campings y Ciudades de Vacaciones de Lleida o el Ayuntamiento de Lorca. Algunas de ellas complementarias entre sí pero otras que podrían entrar en colisión.

Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Cañada del Fenollar reclamó una regulación mucho más estricta frente a actividades económicas situadas en zonas inundables, incluso aunque cuenten con autorizaciones anteriores, al igual que WWF España, quien planteó reforzar las limitaciones de uso del suelo en zonas inundables y prohibir nuevas edificaciones.

Por contra, la Agencia Catalana del Agua abogó por considerar "las situaciones transitorias ya existentes en el territorio desde hace años" y establecer para estos casos determinados "mecanismos de gestión" y "un plazo temporal" para que estas actividades puedan "compatibilizar su actividad" con el riesgo de las zonas en las que se encuentran. La Associació Professional d’Empresaris de Càmpings i Ciutats de Vacances de Lleida también pidió esta consideración y que “se pueda gestionar el riesgo con las actividades existentes”.

Por su parte, el Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP) centró sus reclamaciones que el futuro real decreto reconozca de forma explícita el papel de las infraestructuras hidráulicas en la mitigación del riesgo de inundaciones y sitúe a las presas y embalses como un elemento central de la política de prevención. Mientras que la organización WWF reclamó “promover la recuperación del espacio fluvial” para que “los ríos y sus llanuras de inundación se conviertan en soluciones basadas en la naturaleza para laminar la capacidad destructiva de los caudales”, frente a un modelo centrado en infraestructuras duras.