VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se enfrenta a su primera gran crisis desde que tomara posesión del cargo el pasado mes de diciembre en sustitución de Carlos Mazón, quien había anunciado su adiós semanas atrás después de varios meses de presión social por su actuación el día de la Dana.
Así, la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante), ha supuesto un terremoto político cuya onda expansiva ha alcanzado al Palau de la Generalitat, además de traspasar las fronteras valencianas para convertirse en noticia de impacto nacional e, incluso, en motivo de chascarrillos en programas de entretenimiento en 'prime time'.
Recapitulando, la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), anunció su dimisión el pasado viernes tras conocerse que se encontraba entre las adjudicatarias de estas viviendas. Un adiós que justificó en que la investigación pudiera "seguir su curso sin interferencias de ningún tipo" y tras "haber aportado toda la documentación" requerida.
También se produjo la renuncia de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, tras diversas informaciones que apuntaban a familiares suyos como beneficiarios de VPP. Además, dichas publicaciones señalaron también a un arquitecto municipal entre los adjudicatarios mientras, en paralelo, el diario Información alertaba de la comercialización de las viviendas de la promoción a través de distintos portales inmobiliarios, buscando hacer negocio con estos inmuebles -algo prohibido con la legislación vigente- incluso con cobros en "negro".
Por otro lado, la Conselleria de Vivienda ha abierto también un expediente disciplinario contra uno de los funcionarios que se encargaba de comprobar que los adquirientes cumplían los requisitos establecidos para que se visasen los contratos de compra de esos inmuebles al constatar que había validado el expediente correspondiente a su propia esposa, obviando que él mismo formaba parte de la unidad familiar.
De esta manera, y al margen de la reacción del Gobierno liderado por Pérez Llorca, resulta indudable que este asunto se ha convertido en la primera crisis de relevancia para el presidente de la Generalitat. No sólo por la gravedad del mismo, sino porque además afecta a una temática especialmente sensible en la actualidad, donde la escasez de vivienda tanto para compra como para alquiler a precios razonables es uno de los principales problemas que sufren buena parte de los valencianos.
No en vano el propio jefe del Consell ha venido insistiendo en situar precisamente la vivienda como una de las prioridades en la recta final de legislatura, tal y como señaló en su discurso de investidura o en su mensaje de final de año y como demostró constituyendo una cartera específica de esta materia. Sin embargo, un escándalo de estas características conlleva un problema discursivo, no sólo por la viralidad en redes y difusión mediática del caso, sino porque invalida -al menos a corto plazo- cualquier iniciativa o propuesta sobre vivienda que trate de accionar el Gobierno valenciano, puesto que encontrará la réplica inmediata de la oposición referenciando lo ocurrido con estas VPP de Alicante.
Por si fuera poco, el caso afecta a una plaza muy relevante para el PP como es la ciudad de Alicante, encabezada por Luis Barcala, un vivero de votos para la formación popular como evidencia que haya gobernado allí 28 de los últimos 31 años. Y, por otro lado, el área salpicada del Gobierno autonómico es la Conselleria de Vivienda, en manos de la vicepresidenta primera del Ejecutivo valenciano, Susana Camarero. En ambos casos, dirigentes importantes que, más allá de su sintonía personal concreta con Pérez Llorca, son indudablemente pilares de la formación popular en la Comunitat Valenciana.
