VALÈNCIA. Ilustraciones de barracas valencianas, de l'Albufera e imágenes con la Senyera son algunos de los recursos visuales que acompañan a productos de origen valenciano en algunos lineales y tiendas. Sin embargo, este tipo de presentaciones no siempre se corresponden con la procedencia real de los alimentos a los que hacen referencia. Esta situación es objeto de múltiples denuncias por parte del sector primario de la Comunitat por inducir a error al consumidor y ejercer una competencia desleal con respecto a los alimentos producidos íntegramente en la región.
El arroz es, especialmente, el producto que más se expone a este tipo de presentaciones y que acapara más reivindicaciones por parte de los productores. Por ello mismo, la Unió Llauradora ha advertido en varias ocasiones al Consell de este tipo de publicidades y de la falta de concreción sobre el origen en los envases de estos productos. Incluso, la cuestión ha escalado a conflicto político al protagonizar un encontronazo entre el Gobierno y la Generalitat en las últimas semanas tras la visita del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a productores de arroz de l'Albufera.
Desde el Gobierno aseguran que la Generalitat es la única administración autonómica que no reporta información sobre sus labores inspectoras en lo referente a la transparencia tanto en el etiquetado como en la exposición de los productos. Por su parte, la Conselleria de Agricultura sostuvo en un inicio que cumplen con sus competencias de control en el etiquetado en aquellos productos donde hay una normativa europea concreta y posteriormente señaló que es la Conselleria de Sanidad la encargada de realizar el análisis pertinente de los alimentos.
¿Quién está al volante?
La Conselleria de Sanidad realizó 47.000 análisis sobre el etiquetado en 2025, según indicó el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en respuesta a las críticas del departamento de Bustinduy. Sin embargo, en su respuesta no concretó si esos análisis englobaban el control de la procedencia de los productos. Lo cierto es que las inspecciones que realiza el departamento que dirige Marciano Gómez se centran en aspectos de la seguridad alimentaria y no en garantizar una transparencia en la información sobre la procedencia de los mismos, tal y como ha podido comprobar este periódico en base a la normativa estatal bajo la que funciona la competencia autonómica.
Es el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) la que distribuye las actuaciones de control oficial entre las distintas autoridades competentes en función del ámbito material objeto de control. "En este contexto, las actuaciones desarrolladas por la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública se encuadran en los objetivos estratégicos relacionados con la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública", indican fuentes de Sanidad.
Entre dichas actuaciones destacan algunas como el control en la composición de los alimentos, los complementos alimenticios, los aditivos alimentarios, conservantes, colorantes, edulcorantes, aromas y coadyuvantes tecnológicos, así como la declaración de alérgenos e información nutricional, entre otros aspectos. La única mención al etiquetado bajo el ámbito competencial de Sanidad, según el plan nacional, es que el control en este sentido se deberá realizar "cuando tenga incidencia sobre la seguridad alimentaria o la salud pública".
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Llegados a este punto, no queda claro qué autoridad es la que está realizando el control sobre el fraude en el etiquetado y la presentación de productos. La Conselleria de Agricultura asegura que en 2025 revisó más de 6.500 alimentos en cerca de 700 inspecciones antes de que el producto llegue a los lineales, aunque de nuevo esta información no responde a las críticas de si hay un control sobre la presentación de los alimentos en supermercados y sobre la información del origen en los paquetes.
Posteriormente, Barrachina indicó que las competencias en el control del etiquetado recaen en la Conselleria de Sanidad en el caso de la Comunitat Valenciana. Mientras, por otro lado, la conselleria de Consumo, dirigida por Marian Cano, en respuesta a preguntas de este periódico, respondía que es la conselleria de Agricultura la encargada de esta cuestión.
Esta falta de claridad en las competencias llevó a la Unió Llauradora a enviar cartas a las tres consellerias mencionadas. Sin embargo, no ha recibido respuesta a ninguna de las misivas enviadas el pasado mes de octubre. "¿Quién se hace responsable del etiquetado en la Generalitat?", se preguntan desde la asociación agraria, que lamenta la falta de un sistema claro de control sobre el fraude en el etiquetado y la presentación de productos.
Sin información en la Administración estatal
En los últimos informes del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 (PNCOCA), donde se recoge la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, no constan la Comunitat Valenciana ni Melilla, tal y como ha podido comprobar este periódico. Además, tampoco aparecen resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de la Comunitat Valenciana.
Además, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, envió en 2025 una carta al secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat para reiterarle que "corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan, aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios".
En esa misiva, Barragán recordaba, además, que "el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios". Según indica el comunicado del Ministerio, "la reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la Generalitat sigue sin resolverlo".
La normativa europea respalda perseguir la información engañosa
Respecto al fraude en el envasado del arroz, Barrachina reconoció que no hay un control sobre la información del origen en el etiquetado debido a que "no hay una normativa europea" que lo exija. "Cada producto tiene su normativa", señaló el conseller, que incidió en que desde el Consell han apelado a la Comisión Europea sobre "la necesidad" de que aparezca el origen de estos productos. "No aparece porque la normativa europea no lo reclama", insistió.
No obstante, la normativa de la Unión Europea sí abre la puerta a que se persigan este tipo de prácticas. El artículo 7 del Reglamento (UE) 1169/2011 prohíbe que la información alimentaria induzca a error sobre el país de origen o lugar de procedencia de un alimento. Esta prohibición se extiende no solo a las menciones expresas de la etiqueta, sino también a la presentación, publicidad y apariencia global del producto, según la interpretación consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Y precisamente ahí radica el problema. No hablamos únicamente de una omisión. Hablamos de una construcción comercial que, mediante imágenes, símbolos o referencias territoriales, puede generar una percepción equivocada sobre el origen del producto", denuncia Carles Peris, secretario general de La Unió, que denuncia que hay marcas valencianas de renombre que incorporan arroz foráneo en sus paquetes sin indicarlo en los mismos. "El problema de la Administración es que no quiere enfrentarse a estas grandes empresas", agrega.
Avanzar en la normativa
Para Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la falta de transparencia sobre el origen de productos es una situación que sucede pero que es compleja de abordar. "Hace años nos pasaba con la miel, pero ahora se ha modificado esa normativa a nivel europeo y ese etiquetado está más claro", señala en referencia a la necesidad de que la Unión Europea sea más estricta en su legislación con cada producto y, en concreto, con el arroz.
"Tenemos que intentar seguir avanzando en la normativa. Si la normativa no me obliga a poner etiquetado, el fabricante se limita a seguir la normativa. Entonces tenemos que pedir no se juegue con el tema del origen", señala Móner, quien añade que no ha detectado una dejadez por parte de las administraciones en las inspecciones.
Respecto a la presentación engañosa que se produce en algunos supermercados, Móner asegura que ocurre con mucha tipología de productos. "Tiene más que ver con una cuestión de publicidad. Esto vulnera el derecho de los consumidores pero al final son los jueces los que dictaminan cada caso cuando se denuncia. Hay que ver también si esa bandera que se pone en el lineal hace referencia al producto o si a la empresa que lo vende es de aquí", puntualiza.
Sin Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario
A todo esto se añade otra circunstancia: el desmantelamiento por parte del Consell de Mazón de la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario (AVICA), tal y como publicó ValenciaPlaza. Esta agencia tenía capacidad de intervenir ante el fraude alimentario si se consideraba que este afectaba o iba en contra de la Ley de la cadena agroalimentaria, entre otras funciones.
Precisamente, la agencia valenciana (AVICA) ejercía estas labores de inspección y sanción, no sólo en lo relativo al etiquetado, sino también sobre mala praxis en la contratación en el campo. Fue constituida en 2022 y en su primer año de vida detectó 43 fraudes en alimentos. Las infracciones fueron variadas e iban desde la imprecisión, error o engaño en el etiquetado de productos como vino, horchatas, naranjas pollo y abonos, hasta la adulteración de especias como el pimentón o el azafrán.
Aunque la agencia se creó en enero de 2022, la dirección general ya realizaba inspecciones en los campos de cultivo, almacenes y centros de transformación, sin embargo, con esta entidad ampliaron sus competencias a los puntos de venta. El importe ingresado aquel año por las infracciones detectadas fue de 38.767,2 euros, aunque la mayor parte correspondía a irregularidades en abonos.
Bien es cierto, que el desmantelamiento de la Avica no tendría por qué suponer la desaparecición de un mecanismo de control sobre el etiquetado y la publicidad de los productos, ya que estas funciones pueden ejercerse desde una dirección general de la Generalitat. No obstante, aunque este periódico ha solicitado a la Conselleria datos sobre inspecciones realizadas en este ámbito, no ha recibido información al respecto más allá de la afirmación por parte de la cartera de Agricultura de que "sí se están" aplicando dichos mecanismos contra el etiquetado o publicidad fraudulenta sobre la procedencia de alimentos.
