VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a todas las Comunidades Autónomas un documento con el detalle de la propuesta de reforma de financiación autonómica, cuyas líneas generales se presentaron el pasado mes de enero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Como ya anunció en su día la entonces ministra María Jesús Montero, en el caso de la Comunitat Valenciana, el modelo propuesto supondría incrementar en 3.669 millones al año los recursos que recibiría con el modelo vigente actualmente. Este territorio es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 18% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente.
No obstante, según un análisis de Fedea, la Comunitat Valenciana todavía quedaría ligeramente por debajo de la media en financiación por habitante ajustado, al menos en lo que respecta al año 2027. Concretamente el índice de financiación pasaría del 93.0 (dato de 2023) al 97,8.
Las cifras que arroja el modelo indican que, si entra en vigor en 2027, las CCAA de régimen común —todas menos País Vasco y Navarra— recibirán el próximo año 20.975 millones más que con el modelo vigente. Según las estimaciones realizadas por el departamento que dirige Arcadi España, el nuevo sistema de financiación aportaría a las Comunidades Autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy superior a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.
El documento no arroja cifras diferentes de las anunciadas en su día pero sí un desarrollo detallado de cómo se llega a ellas.
- Proyección de como quedaría la financiación con el nuevo sistema, según Fedea.
- Fuente: FEDEA
La remisión a las CCAA se produce para que estudien el documento, que se tratará el próximo martes, 14 de julio, en una reunión del Comité Técnico entre el Ministerio de Hacienda y representantes de las comunidades. Tras ello, el Gobierno llevará la propuesta definitiva a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha anunciado para el 29 de julio.
En cualquier caso, el ministro de Hacienda ha trasladado que desde su departamento están abiertos a dialogar —vía telefónica o con reuniones— con todas las CCAA ante las dudas que les puedan surgir antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal el 29 de julio. Además, ha asegurado que en el Ministerio están estudiando propuestas que han ido trasladando determinadas comunidades en las reuniones bilaterales y ha confirmado que se incorporarán al proyecto algunas de ellas.
La intención es que, tras el CPFF, el proyecto pase después del verano a aprobación en el Consejo de Ministros y, luego, al Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que aprobar por parte de los grupos parlamentarios, con el objetivo de que entre en vigor en 2027.
Todas salen beneficiadas, según el Ministerio
Según destacan fuentes del Ministerio de Hacienda, "todas las Comunidades Autónomas sin excepción salen beneficiadas con la reforma". Por ello, el ministro de Hacienda ha afirmado en que "no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, garantiza más recursos para los servicios públicos y el Estado de bienestar".
- Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA
Arcadi España defiende que "es un error rechazar por puro interés partidista un modelo de financiación que aporta más recursos para la ciudadanía", e insiste en "la necesidad de mantener un debate sereno y constructivo y lamenta que las comunidades del Partido Popular se hayan negado a sentarse a negociar".
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que hay margen para negociar tanto en las reuniones del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Congreso de los Diputados.
"La propuesta de financiación es equilibrada y descansa sobre unos principios y pilares que profundizan y fortalecen la España de las autonomías", concluye el Ministerio.
- Comparativa del reparto (en euros por habitante ajustado) entre el sistema actual y el propuesto, según Fedea.
- Fuente: FEDEA
Bases y principios del nuevo modelo
Según el Ministerio, el nuevo modelo "incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios".:
-Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.
-Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.
-Se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.
-La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.
-La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.
-El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático.
-Garantía de statu quo, por el que ninguna CCAA recibe menos que con el anterior modelo.
Nuevos criterios en la población ajustada
Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.
Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.
El Gobierno abrió el pasado año con las autonomías un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha ocurrido.
Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:
- Población padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el 30% de la ponderación de la población ajustada.
- Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico. Su peso es del 38%. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos grupos de población. Es decir, los costes sanitarios se aproximan en función de la edad de los beneficiarios.
- Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. Y, además, se introducen otros dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5%.
- Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.
Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación:
- Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6% de la ponderación.
- Dispersión. Tiene un peso del 0,5%. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas.
- Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo.
- Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4%, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas de ellas para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.
La Comunitat Valenciana no sale beneficiada en el resultado final de la revisión, ya que sufre un pequeño descenso de cuatro centésimas en el peso nacional al pasar de representar el 11,25% del total al 11,21%.
Incremento de la capacidad tributaria
La mayor parte de los recursos de las CCAA proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía.
Actualmente, la capacidad tributaria de las autonomías se determina por la recaudación normativa de los siguientes impuestos:
-El 50% del IRPF y el IVA.
-El 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e Hidrocarburos.
-El 100% de Impuestos como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el Impuesto sobre la Electricidad.
Este nuevo modelo de financiación plantea un incremento de esa capacidad tributaria, facilitando así que dispongan de más ingresos y una mayor autonomía fiscal. En concreto, los recursos aumentarán en casi 16.000 millones en 2027.
La modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.
Nivelación horizontal
El modelo refuerza y amplía la solidaridad interterritorial, según el Ministerio. Esto se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada a partir de su capacidad tributaria.
De esta manera, las CCAA con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante, según Hacienda.
Nivelación vertical
En esta fase se introduce una aportación de la Administración Central que, según el Ministerio, visibiliza el compromiso del Gobierno y el Estado con las Comunidades Autónomas y el Estado de Bienestar. Con una aportación de 19.000 millones, el objetivo inicial es reducir en 2/3 la distancia de cada CCAA respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que gozan de una mejor posición.
Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las CCAA respecto a la que tiene mayores recursos.
Resto de elementos
Todos los parámetros anteriores suponen casi el 99% de los recursos autonómicos, que han quedado asignados tras determinar la capacidad tributaria y establecer los mecanismos de nivelación horizontal y vertical. El modelo contempla otros elementos.
Mecanismo IVA Pymes. Para avanzar en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal, a la vez que se incentiva el desarrollo económico, las CCAA podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Con esta medida, que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el esfuerzo de las Comunidades Autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La cantidad surge de calcular la diferencia que existe en la comunidad entre el peso relativo del IVA liquidado por las pymes de ese territorio y el índice de consumo. Si el IVA de las pymes supera el índice de consumo, la comunidad recibirá una transferencia positiva por la diferencia. En caso contrario, el importe será negativo.
Se trata de un mecanismo que beneficia especialmente a Cataluña, pero también a la Comunitat Valenciana por las características de su tejido empresarial, donde las pymes tienen mucho peso.
Fondo climático. Es un fondo de unos 1.000 millones. Dos tercios se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, "las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima", según justifica Hacienda. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.
La Comunitat Valenciana será una de las comunidades más beneficiadas por este nuevo fondo.
Garantía de statu quo. Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que destinará a este fin unos 400 millones que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura. El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y que actúa como cierre.
Con el fin de evitar suspicacias, el Ministerio de Hacienda destaca que los fondos de esta fase no son competitivos, por lo que "un aumento de recursos en un territorio no implica detraerlos de otro".
Al margen del modelo de financiación, se procederá a reformular los Fondos de Compensación Interterritorial para favorecer el dinamismo económico en las CCAA cuyos recursos por habitante ajustado estén por debajo de la media. "El objetivo es reforzar la convergencia territorial de tal forma que puedan impulsar su economía, infraestructuras y productividad", según el departamento que dirige Arcadi España.
