VALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales ha sacado a información pública el borrador del nuevo decreto que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Fue en el mes de marzo cuando se tramitó la declaración de urgencia en el pleno del Consell, con el fin de aprobar una norma que sustituya al ya parcheado decreto del Botànic, aprobado en 2023, y tan criticado por los agentes empresariales y entidades del tercer sector al reducir el número máximo de plazas por residencia y aumentar las exigencias en cuanto a las ratios de personal y las instalaciones. 

Durante los últimos dos años, el departamento de Susana Camarero ha realizado remiendos con aplazamientos del cumplimiento de las ratios de personal y de requisitos de las instalaciones para los centros. También modificaron, a través del Plan Simplifica, el número de plazas máximas de las residencias para ampliarlo de 120 -marcadas por el decreto del Botànic- a 150. Una cifra que han decidido mantener en el borrador de la norma y que permite un 25% más de residentes respecto al anterior decreto. No obstante, varios asuntos clave del articulado quedan supeditados al desarrollo de órdenes, como las ratios de personal, uno de los quebraderos de cabeza en la constante modificación normativa.

Entre lo que sí se ha determinado, están las plazas de los centros residenciales. Como se apuntaba, éstos dispondrán de un mínimo de 9 plazas y un máximo de 150, en función del sector de intervención social correspondiente. Se estructurarán en unidades de convivencia, conforme a la tipología de cada centro, con un máximo de 25 plazas por unidad frente a las 15 plantadas por el Botànic. Mientras, los centros que superen las 25 plazas, deberán organizarse obligatoriamente en dichas unidades. En el decreto del Botànic, las plazas máximas se marcaban en 120 y las mínimas en 9. 

En cuanto a las viviendas tuteladas, éstas podrán contar con un mínimo de 4 plazas y un máximo de 8, pudiendo llegar hasta 10 plazas cuando alguna de las personas usuarias tenga hijos o hijas menores de edad a su cargo, y siempre que las características del inmueble lo permitan. En el decreto de 2023 se establecía en un mínimo de 6 plazas y un máximo de 8, también pudiendo llegar a las 10.

Características de los espacios y las ratios de personal, en órdenes

Sin embargo, buena parte de la regulación para conseguir el consenso del sector pasa por órdenes que todavía no se han puesto sobre la mesa. Concretamente, las condiciones materiales y características de los espacios, instalaciones, equipamiento y mobiliario de los centros de servicios sociales. También las plantillas y ratios de personal, titulaciones profesionales, estructura organizativa y sistemas de participación de centros y programas de servicios sociales.

No obstante, la Ley de Simplificación Administrativa también modificó la ratio de personal, que en 2026 se planteaba en 32 auxiliares de enfermería cada 100 residentes, por debajo de lo inicialmente previsto en el decreto de tipologías -que preveía 44 auxiliares cada 100 residentes-. En línea con el planteamiento de las plazas por residencias, las nuevas ratios podrían asemejarse a las ya en vigor. Ahora, el desarrollo de las órdenes debería ir parejo al decreto ya que, cuando éste se apruebe y entre en vigor, derogará la norma del anterior Gobierno.

El sector, sin una valoración global

“Gran parte del contenido se remite a las órdenes posteriores de desarrollo, lo que no permite realizar una valoración global en este momento. Aunque la publicación de este borrador es un paso que estábamos esperando, me parece importante que las órdenes avancen al mismo ritmo que el decreto, de manera que podamos disponer de todo el marco normativo de forma simultánea y no tengamos que esperar mucho tiempo a la publicación de las órdenes una vez aprobado el mismo. Esto último podría mantener una situación de inseguridad jurídica como la actual, precisamente lo que se pretende evitar”, señala el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro.

Un borrador que, por el momento, les mantiene en el escenario de hace unos meses. “Estamos en una situación un poco extraña, porque vuelve a haber inseguridad jurídica. Se han fijado los nuevos ratios con entrada el 1 de marzo de 2025 y 2026. Se ha modificado la capacidad máxima de los centros, que se había quedado en 120 y ahora se ha quedado en 150. En este contexto, necesitamos tener una normativa definitiva porque hay gente esperando a ver si pone en marcha un proyecto nuevo y, para eso, necesitamos saber la globalidad del decreto y conocer los requisitos y necesidades que se van a plantear y, con eso, empezar a trabajar”, señalaba en una entrevista a Plaza.

Mientras, más de 30 residencias públicas con gestión privada de la Generalitat Valenciana tienen el contrato vencido a la espera del mencionado decreto, que regula el funcionamiento del sector. Unas licitaciones que estaban previstas para el primer trimestre de este año pero que, por lo pronto, no se han sacado a concurso.