VALÈNCIA. El argumentario del PPCV flotaba este miércoles en la actualidad política valenciana en medio de la resaca de autos judiciales conocidos 24 horas antes. Primero, la apertura de juicio oral sobre la exvicepresidenta y referente de Compromís, Mónica Oltra, y posteriormente, la exposición elevada de la jueza de la Dana al TSJCV, dirigida a que considerara investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Así, la defensa y contragolpe de la formación popular ante las exigencias de oposición y asociaciones de víctimas de instar a Mazón a dejar el acta, se centró en la estrategia coordinada de contraponer precisamente el caso de Oltra frente a la situación del exlíder del PPCV. Una fórmula que permite a los populares ganar tiempo puesto que mientras la exdirigente de Compromís se encuentra a las puertas del banquillo con la apertura de juicio, Mazón todavía no ha sido imputado en el proceso.

"Yo en este tema, como lo haría si me hubiera preguntado por el tema de Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, muestro total respeto por la acción de la justicia", respondió este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, cuando fue preguntada por la situación de Mazón. 

Una línea que siguió también el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, al ser preguntado también por el expresidente de la Generalitat y rechazar fijar ningún posicionamiento al no haber "cambiado" su situación política y judicial. De esta manera, contrapuso el "máximo respeto" de su partido hacia la justicia frente a Compromís por "atacar, casi insultar y agredir verbalmente a las instituciones judiciales" en referencia a las críticas vertidas a la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de abrir juicio oral a Oltra por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

"Son dos maneras de entender la política: la de Compromís de criticar las decisiones judiciales que no les gustan y la del PP, de respeto máximo nos convengan o no", sentenció el síndic popular.

De esta manera, los dirigentes del PPCV evidenciaban así su estrategia de contraposición ante la presión para que el expresidente de Mazón deje el acta: respeto a la justicia frente a la postura de la coalición valencianista, que lejos de asumir la situación de Oltra, apelan a lo que consideran un caso de 'lawfare' -guerra judicial instrumental- y "persecución política".

De hecho, la postura expresada por Catalá o Nando Pastor, venía a complementar la expresada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el propio martes, quien al ser preguntado por el caso Oltra aseguró que un miembro del PPCV en esa situación no sería candidato. "En mi partido sí se quedaría fuera. En los partidos de la izquierda nunca se sabe. Fíjese en Extremadura. El candidato que había puesto el Partido Socialista se tenía que sentar en el banquillo de los acusados. Habrá que ver la ética de cada partido, la decisión que tome cada partido. Yo sé lo que pasaría en el mío, no sé lo que va a pasar a los demás", comentó el jefe del Consell.

Unas afirmaciones que también permiten vislumbrar cuáles pueden ser las líneas rojas que establezca Pérez Llorca. Según informaba Las Provincias este mismo miércoles, Génova y la dirección PPCV habrían pactado no mover ficha respecto a Mazón mientras no haya un pronunciamiento del TSJCV sobre si decide investigar o no al expresidente. En este sentido, cabe recordar que, según fuentes populares, el propio Pérez Llorca había barajado tras su llegada al Palau, la posibilidad de pedir a Mazón que dejara el acta en Les Corts para no dar munición a la oposición, una opción que finalmente descartó posteriormente.

Así que, por el momento, todo apunta a que los populares tratarán de contrabalancear la complicada situación de Mazón comparándola con la de Oltra, con un proceso judicial mucho más avanzado, como una maniobra que permita ganar tiempo hasta que el TSJCV se pronuncie. Esto no significa que la imputación conduzca inmediatamente a una decisión de la dirección nacional sobre la cuestión, puesto que tal y como recordaban fuentes de Génova este mismo miércoles, según los estatutos populares, la pérdida de condición de afiliado se da cuando hay una condena en firme, mientras la suspensión provisional puede producirse en caso de apertura de juicio oral relacionado con corrupción.